El 31 de enero del año en curso, el Ejecutivo promulgó una serie de reformas que replantean cómo llevar a cabo las elecciones en el país y una semana después éstas fueron publicadas. Sobre esto, Marco Arellano Toledo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, señaló que “antes que modificaciones en la materia deberíamos construir una democracia más allá de las urnas”.
Para ello es preciso restañar la mermada confianza de la ciudadanía en las entidades que administran estos procesos e involucrarla en lo que sucede después de emitido el sufragio, expuso.
Como resultado de estas medidas gubernamentales, el Instituto Federal Electoral (IFE) fue sustituido por el Nacional Electoral (INE), lo que puede entenderse como un esfuerzo de corrección política que busca disminuir la influencia de los gobernadores en las votaciones organizadas en las entidades bajo su control, añadió el también columnista de la publicación International Business Times Mexico.
“Desafortunadamente, las enmiendas carecen de una brújula técnico-electoral y el resultado está a la vista: estructuras y autoridades que enfrentarán zonas grises y oscuras de la realidad estatal y que dispondrán de pocas armas normativas para su control y arbitraje”.
Ante este escenario, señaló, sería mejor fomentar el involucramiento político de la gente antes y después de la elección de autoridades, pues esto le quitaría peso y protagonismo a los procesos referidos y los reduciría a su justo valor.
Aciertos y errores
En México hay una especie de hiperregulación electoral avalada por la larga historia de desconfianza y fraudes registrados en el antiguo régimen. Es imperativo trascender las suspicacias y eso no se logra al reformar los códigos en la materia cada tres o seis años, sino con un ejercicio constante de vinculación política de la sociedad en su vida pública, aseveró.
Sobre las características del recién creado INE, el autor del libro Campañas negativas 2006, ¿cómo afectaron el voto? (Cátedra UNESCO/UIA) vislumbra aciertos, pero también errores.
“Entre las medidas atinadas está la reducción de los costos políticos de las elecciones locales y federales a partir de la centralización de estos procesos en el instituto, el nuevo encargado de las entidades electorales locales, las cuales actuarán sin autonomía y serán elevadas al rango de organismos públicos”.
También consideró adecuada la designación directa de los consejeros en los estados para evitar la injerencia de gobernadores y la posibilidad de anular la elección si se excede el gasto de campaña en cinco por ciento del monto autorizado, si se adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley y si se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
No obstante, criticó que la reforma sea recentralizadora, cambie la naturaleza constitucional de la autoridad referida (deja de ser federal) y modifique el modelo organizativo de las elecciones en México, pero sin aclarar —y esto es lo más inquietante— cómo se instrumentarán en la práctica las elecciones estatales.
Además, calificó como negativo que se confieran al Consejo General del INE (donde están los partidos políticos) la facultad de fiscalización y de trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal. “Esto plantea un absurdo, porque el órgano supervisor hospedará en su seno a los mismos sujetos que debería vigilar”.
Confianza en declive
De ser vista en sus inicios como una institución producto de conquistas ciudadanas y poseedora de una confiabilidad inédita, con el tiempo el IFE comenzó a despertar sospechas entre ciertos sectores ciudadanos, sobre todo después del proceso electoral de 2006, uno de los más competidos y polémicos.
“El instituto no pasaría a la historia por la buena actuación registrada en ese año, sino por las omisiones y fallas mostradas en la administración del proceso y lo que siguió, pues hizo evidente su incapacidad para reconocer el momento político del país y responder adecuadamente a él”, acotó.
Sobre las razones de convertir a esta entidad de federal a nacional, expuso que, más que una necesidad, se trata de un ajuste político necesario —según los legisladores— para garantizar el control en la competencia en las entidades federativas.
“Hasta el momento, tenemos elementos para asegurar que esta medida es un retroceso en tanto que desajusta los equilibrios institucionales de las distintas autoridades electorales estatales y sus normatividades, además de representar un gasto económico excesivo para la Federación, sobre todo en materia de credencialización y conversión administrativa”, advirtió el miembro fundador de la revista Posibilidad política.
Las campañas en 2012 y sus lecciones
Arellano Toledo colaboró con expertos de diversas universidades en el proyecto Delphos 2012, que generó la primera mediografía de una campaña electoral presidencial en México y un libro titulado Audiencias saturadas, comunicación fallida, con prólogo del exconsejero presidente del IFE y profesor de la FCPyS, José Woldenberg.
A lo largo de 18 meses se analizaron dos insumos informativos claves para los ciudadanos: los spots comerciales y las noticias electorales. A partir de ese seguimiento se identificó el número de individuos expuestos a este tipo de publicidad (audiencia) y la recepción, gusto o aversión producida. En cuanto a las noticias, se estudió el contenido de los programas de radio y televisión con mayor rating en el país y, semana a semana, se preguntó a los sujetos, mediante encuestas, qué noticias recordaban más.
La conclusión fue que, en vez de seguir las pautas clásicas de la propaganda, las campañas se transformaron en fenómenos comerciales que prometían productos (candidatos) y servicios (políticas públicas).
“Al colocar las variables en la balanza, podría decirse que atestiguamos modelos mal implantados, pues aunque los spots electorales de 2012 fueron ampliamente vistos e identificados, tuvieron cuatro veces más asociaciones negativas que los de marcas de consumo. El análisis evidencia deficiencias en la estrategia actual de comunicación política, pues impide la planeación de medios y se privilegia la repetición por encima del mensaje”.
Para finalizar, el académico aseveró que más que reformar instituciones en atención a reajustes políticos, deberíamos construir competencias electorales más cortas, menos cuantiosas y de mayor calidad, así como exigir la participación activa de los candidatos en debates más abiertos y menos controlados.
—oOo—
