En una sociedad con justicia social, las libertades fundamentales son respetadas y los grupos más desfavorecidos tienen oportunidades de desarrollo. Sin embargo, en México hay grandes pendientes y se requieren políticas públicas coordinadas que garanticen el acceso y ejercicio efectivo de los derechos humanos, señaló Sara Gordon Rapoport, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
El país tiene más de 53 millones de pobres con carencias sociales por rezago educativo y en la calidad de servicios básicos en sus hogares, así como por acceso deficiente a la alimentación, vivienda, servicios de salud y seguridad, refirió la secretaria Académica del IIS.
Es preciso establecer las bases de una política que brinde educación de calidad y servicios de salud a niños de escasos recursos para que, a futuro, superen sus privaciones y se incorporen al mercado laboral con mejores oportunidades que sus padres, expuso en ocasión del Día Mundial de la Justicia Social, que desde 2007 conmemora la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cada 20 de febrero.
Acceder a estos beneficios y a la alimentación son los pendientes más importantes para consolidar la justicia referida a nivel nacional. En tanto no se garanticen esos derechos para todos, se niega el bienestar a los mexicanos, enfatizó.
Desigualdad, un rezago crucial
Gordon Rapoport mencionó que el concepto de justicia social se refiere al reparto equitativo de la riqueza y respeto a las garantías individuales. Si bien hay avances en la promoción de la igualdad de género y de los derechos de los pueblos indígenas, persiste una gran desigualdad.
“Respecto a la distribución del ingreso, los avances son mínimos. Si revisamos los datos entre 2008 y 2012, vemos que estamos igual. En los últimos años, la población en situación de pobreza ha oscilado entre el 45 y 46 por ciento en cada medición. Estas diferencias son claras en las condiciones de vida de las comunidades originarias. Los niños indígenas tienen mayores porcentajes de mortalidad y malnutrición que a nivel nacional”, subrayó.
En fechas recientes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que la desigualdad en el ingreso en México triplicó el promedio de la registrada en el resto de los países integrantes. Aquí, el 10 por ciento de los más ricos tiene un ingreso 25 veces mayor que los más pobres, mientras que en Brasil la proporción es 50 veces y en Sudáfrica 100.
En tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) refiere que en el país 60.6 millones de personas viven debajo de la línea mínima de bienestar y la mitad de los menores están en situación de pobreza.
Las cifras oficiales (2012) revelan que por cada 100 pesos percibidos por la población no pobre ni vulnerable, la que vive en pobreza extrema obtuvo 4.4. Además, se estima que 7.4 millones de mexicanos padecen hambre.
Políticas eficaces y transparentes
En las viviendas de las familias mexicanas más pobres, prosiguió, se observan mejoras debido a distintos programas gubernamentales que ayudan a disminuir enfermedades y muertes causadas por infecciones estomacales, pero el 35 por ciento de este sector no tiene acceso a sus beneficios.
Los montos destinados a Oportunidades no llegan en su totalidad a la población necesitada porque su distribución se hace bajo objetivos de uso político, falta de transparencia y ausencia de coordinación entre los diversos niveles de gobierno, comentó.
Ante las carencias y rezagos, se requieren políticas públicas que garanticen la igualdad entre las personas y la equidad. La justicia social es indispensable para el desarrollo del país, concluyó.
—o0o—
