Luego de realizar un diagnóstico sobre la situación del sistema penitenciario mexicano, el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM formuló una propuesta para restablecer el Estado de derecho en los reclusorios del país.
El estudio fue elaborado por Sergio García Ramírez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y Laura Martínez Breña, asistente de investigación de la misma entidad.
En conferencia de medios, García Ramírez calificó a las prisiones mexicanas como una “región de desastre”. Se trata de sitios de corrupción, de mercados “de la miseria humana”, donde todo está bajo tarifa: la vida, la integridad, el alimento, el sexo y la esperanza de un futuro mejor.
No obstante, consideró que sí es posible modificar el rostro, el quehacer, la función y el cometido de las cárceles, si se sabe cómo hacerlo y se quiere lograrlo, aunque en la actualidad eso no ocurre en la generalidad de esos sitios.
En tanto, Luis de la Barreda, coordinador del PUDH, coincidió en que es posible pensar, creer e intentar prisiones distintas a las que prevalecen en el territorio nacional y gran parte de América Latina, si se dan las condiciones adecuadas y, sobre todo, si en ellas hay personal debidamente capacitado, incluidos los directores.
El Programa, añadió, pretende incidir de modo favorable en los temas concernientes a los derechos humanos. Por ello, ésta y otras propuestas se han hecho llegar a las autoridades competentes, federales y de las entidades federativas. La meta es que en algún momento las sugerencias se pongan en práctica.
Por su parte, Martínez Breña explicó que la investigación contempla un apartado importante respecto de la realidad del sistema penitenciario mexicano, pero también uno relativo a los derechos de las personas privadas de libertad. De la confrontación de ambos capítulos, “el lector podría obtener sus conclusiones respecto de la situación prevaleciente”.
El Estado, subrayó, tiene compromisos contraídos en la materia, que derivan de su posición de garante y “esperamos que este trabajo sirva para volver la atención a las personas presas y que sea de utilidad en las tareas que aquél realiza de manera cotidiana”.
Entre las medidas que propone el estudio del PUDH destacan: la puesta en práctica de una normatividad nacional acerca de la ejecución de penas que recoja experiencias y sugerencias constructivas acordes a los estándares del derecho internacional.
También, construir un sistema que siga una línea legislativa austera, verificar sus resultados para incorporar correcciones y revisar la legislación que propicia la sobrepoblación y los altos costos de los reclusorios, además, impulsar el desarrollo de sustitutivos y correctivos de la prisión.
Asimismo, desarrollar el tema de la judicialización de la ejecución penal y dotarlo del impulso y los recursos materiales que requiere; elaborar programas, diseñar espacios y aplicar recursos que favorezcan el trabajo, la educación, la salud, las relaciones con el exterior, el deporte y los derechos humanos, y atender las necesidades en materia de alojamiento, alimentación, ropa y medicamentos que permitan una verdadera reinserción social de los sentenciados.
De igual manera, acciones urgentes para terminar, de forma enérgica, completa y sistemática, con la corrupción; contar, en tanto se abate la sobrepoblación, con un mayor número de sitios de reclusión en los que se atiendan estándares internacionales y disponer de instituciones especializadas en la recepción de diversas categorías de reclusos.
Además, reconsiderar la dotación de los centros referidos. Para cumplir con objetivos de la pena privativa de libertad se requiere una infraestructura compleja e idónea para instaurar un auténtico servicio profesional, con exigencias de selección que posibiliten la formación de personal de alta calidad.
De acuerdo con la Constitución, los reclusorios deben servir para la reinserción social de los sentenciados. Actualmente está en marcha la reforma al artículo 73, que pondrá en manos del Congreso de la Unión la legislación de ejecución de penas, única para toda la República. Esto representa un gran paso en la dirección correcta.
Sin embargo, es necesario recoger tanto las experiencias y sugerencias constructivas, como los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
Hay tensión o colisión entre determinadas disposiciones constitucionales y legales y el derecho internacional de las garantías individuales. Estos problemas se reflejan en el régimen de la privación de libertad. Es el caso de algunos preceptos sobre medidas cautelares y “técnicas de investigación”: detención, prisión preventiva y arraigo, que han ensombrecido el texto constitucional y la práctica persecutoria.
La desmesura en materia de prisión preventiva es uno de los factores principales de la sobrepoblación penitenciaria. Es necesario revisar la legislación que propicia, de manera innecesaria, esa condición y los altos costos del sistema.
En cuanto a la ejecución de la pena, es preciso impulsar, para los delitos no graves, el desarrollo de sustitutivos y correctivos, así como contar con un aparato eficaz para orientarlos, apoyarlos y acompañarlos.
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