La construcción del derecho a la protección de la salud, que representa un bien jurídico, aún es incipiente en el país. Aunque el avance en materia de derechos humanos ha impulsado su consolidación, existen pendientes en el rubro, aseguró Edgar Corzo Sosa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
En la Reunión de la Red de Revistas en Derecho Constitucional, refirió que existen resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este ámbito, que han generado criterios obligatorios, entre otros, equidad de género en el acceso a los servicios sanitarios, abasto suficiente y oportuno de medicamentos y obligación del Estado de desarrollar políticas públicas.
Al presentar un informe de la situación del derecho a la salud en México, expuso que además de la jurisprudencia generada por el máximo tribunal del país, hay criterios no obligatorios relacionados con medidas sanitarias, garantía de tratamientos a desempleados que realizaron aportaciones mínimas a los sistemas de protección social, así como derecho a la atención en casos de prisión preventiva y salud mental.
Planteó que la construcción jurídica del derecho a la protección a la salud con calidad, oportunidad y equidad requiere, además de resoluciones de la Corte, aportaciones de los involucrados.
Adicciones y derechos humanos
En su oportunidad, Fernando Cano Valle, comisionado Nacional contra las Adicciones, aseguró que en México el número de personas con dependencia a sustancias no atendidas por el sistema nacional de salud pasó de 450 mil en 2008, a 550 mil en 2011.
Quienes consumen sustancias nocivas como alcohol, mariguana, cocaína y otros estupefacientes, no reciben la atención especializada que requieren en clínicas y hospitales. Además, México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no ha logrado el acceso universal a la salud, sostuvo el también ex director de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Ante el aumento de la población referida, es necesario reformular las políticas públicas en este rubro y orientarlas a la capacitación de médicos generales, incorporación de psiquiatras en esquemas de atención y formación de recursos humanos especializados.
El sistema nacional de salud debe garantizar que las personas adictas no sean tratadas como criminales, sino como enfermos psiquiátricos que requieren tratamiento especializado. Es indispensable ampliar la cobertura para atenderlos en hospitales y clínicas, concluyó.
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