En México, más de tres millones de menores
viven en condiciones de vulnerabilidad por trabajar desde edades
tempranas o laborar en el campo. Debido a la pobreza, origen étnico,
salud, edad o género padecen exclusión social para
satisfacer sus necesidades básicas, advirtieron académicos
y expertos en el XII Congreso de Investigación Educativa.
Enfrentan marginación e indefensión para
gozar de las libertades y derechos fundamentales de la infancia
establecidos en la Constitución, leyes nacionales y tratados
internacionales, como la posibilidad de ir a la escuela o acceder
a una vida digna, coincidieron en el panel Infancias vulnerables
y acceso a la educación: niños jornaleros, niños
de la calle y trabajadores, del programa de conversaciones
educativas.
En la sala A del Centro de Convenciones de Guanajuato,
Elvia Taracena, académica de la Facultad de Estudios Superiores
(FES) Iztacala de la UNAM, dijo que estos colectivos requieren programas
y estrategias de reinserción social ajustados a sus recursos
y condiciones de vida.
Ahí, Teresa Rojas, académica de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), refirió que en el país
500 mil niños menores de 14 años desempeñan
labores agrícolas, de limpieza, recolección o transporte
de productos. Del total, el sistema educativo sólo atiende
a cinco de cada 100 menores. Sus derechos no son protegidos ni respetados,
recalcó.
“Es urgente una política pública integral
para garantizar su acceso a servicios básicos de alimentación,
salud, educación y erradicación del trabajo infantil”,
estableció la especialista.
Por su parte, Silvia van Dijk, profesora de la Universidad
de Guanajuato (UGTO), consideró que la inclusión laboral
de los menores debe ser regulada con rigor para no dar lugar a explotación
infantil. Es necesario dejar de satanizar el trabajo de este sector
y crear escuelas especiales para una población diversa, recomendó.
En tanto, Carlos Rodríguez, de la Universidad Iberoamericana
(UIA), sostuvo que, ante el incumplimiento de la legislación
en materia de trabajo infantil, se deben crear mecanismos jurídicos
para garantizar el ejercicio de los derechos relacionados. “El
reto es establecer condiciones mínimas de bienestar para
estos grupos vulnerables”.
Agenda docente del siglo XXI
El desarrollo de competencias del siglo XXI en contextos
de desigualdad y exclusión en América Latina plantea
desafíos complejos para la educación. El papel de
los profesores debe ser repensado y éste es uno de los mayores
desafíos de la región, afirmó Denise Vaillant,
del Observatorio Internacional de la Profesión Docente.
Al impartir la conferencia magistral Formación,
regulaciones y desarrollo profesional docente en América
Latina: tendencias y desafíos, aludió a la necesidad
de una selección rigurosa de quienes ingresan a estudiar
carreras magisteriales, de acreditar instituciones y programas de
formación inicial, así como de diseñar programas
sólidos de educación continua relacionados con el
trabajo cotidiano en las escuelas.
La articulación entre formación, desempeño
y evaluación es un tema relevante en esta región y
una condición para diseñar políticas públicas
en la materia, concluyó.
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