Es positivo para México que en la propuesta de reforma
tributaria enviada por el Ejecutivo federal al Legislativo no se
incluyera la generalización del IVA en alimentos y medicinas,
pues hubiera provocado un incremento considerable de la pobreza,
incluso en los grupos medios, y mayor inequidad en la distribución
del ingreso, consideró el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo.
También valoró de manera favorable el incremento
de la tasa marginal del ISR a las personas físicas, el impuesto
a las ganancias en Bolsa y a la distribución de dividendos
de las empresas, el impuesto al carbono, a las empresas mineras,
así como las iniciativas de reforma constitucional para la
pensión generalizada para adultos mayores y el seguro de
desempleo. El resultado de uniformar la tasa del IVA en 16 por ciento
en el país también es positivo para las finanzas públicas
nacionales.
Entre los cambios introducidos por el Congreso, consideraron que
fue útil para la salud de la población gravar algunos
alimentos de alto contenido calórico, en cambio, se debieron
aprobar otras medidas, como el IVA a colegiaturas.
Integrado por 18 especialistas, el grupo propuso al Congreso
de la Unión iniciar, de inmediato, un proceso de discusión
nacional sobre los próximos pasos que deben darse para alcanzar
la reforma hacendaria que necesita nuestro país, tanto en
lo que se refiere a los ingresos públicos necesarios para
financiar un sistema universal de salud y protección social,
como a la reforma presupuestal y el federalismo hacendario.
Mediante un documento, los especialistas establecieron
que las iniciativas de reforma para incrementar los ingresos públicos
no han estado a la altura de nuestro rezago social, que en muchos
casos aún es lamentable. Por ejemplo, en las tasas de mortalidad
materna o en la precaria atención sanitaria a diversos grupos
prioritarios, a tal grado que no cumpliremos varios de los Objetivos
del Milenio definidos por la ONU para el 2015.
Para generar condiciones más propicias encaminadas
a reformar de manera sustantiva la hacienda pública, se requiere
procesar un acuerdo político de mayor alcance que ponga por
delante el interés nacional y no los privilegios particulares
o de grupo que marcan nuestras costumbres tributarias. Los partidos
políticos deben hacerse cargo de esta tarea en virtud de
su carácter de organismos de interés público
y no confundirla con sus objetivos electorales de corto plazo.
La reforma, establecieron, sería mejor si se elimina
la devolución del IVA a las grandes empresas productoras
de alimentos; el ISR se vuelve más progresivo con mayores
tasas para segmentos de ingreso más elevado; la consolidación
fiscal se elimina por completo y se restringe sólo a casos
excepcionales.
Asimismo, el impuesto a las ganancias de capital no tiene
un régimen cedular y se acumula a los demás ingresos;
se eliminan los tratamientos especiales a personas morales; se revisa
el amparo fiscal; se anulan las facultades fiscales discrecionales
del Poder Ejecutivo y se fortalecen los ingresos de estados y municipios.
Como parte de la reforma, el Grupo propuso la realización
de un ejercicio de presupuesto base cero para alinear el gasto a
las prioridades nacionales y corregir inercias y distorsiones clientelares.
El presupuesto debe tener una orientación explícitamente
redistributiva y promotora del empleo.
En una perspectiva de largo plazo y con orientación
regional, se debería lanzar un programa nacional de inversiones
vinculado a los sectores de mayor rezago y también de mayor
potencial detonador. El gasto corriente, por su parte, aunque debe
ordenarse y ejecutarse correctamente, no puede ser satanizado pues
de él dependen muchos servicios públicos indispensables.
Los especialistas aseguraron que la recaudación
adicional derivada de las propuestas es insuficiente en relación
a las necesidades que México enfrenta. Una reforma hacendaria
debería tener como guía y horizonte principal los
requerimientos de gasto público, sobre todo en inversiones
de infraestructura y desarrollo social, bajo condiciones favorables
para el crecimiento económico, el empleo y la protección
social universal.
Por ello, dijeron, necesitamos ejercer mejor el presupuesto,
pero también gastar más. Conforme a las estimaciones
presentadas, en 2018 el gasto gubernamental mexicano, como proporción
del PIB, seguirá en niveles inferiores en comparación
no sólo con los países de la OCDE, sino también
de la mayoría de los de América Latina.
Desde este punto de partida y con base en las estimaciones
sobre el presupuesto a ejercer de forma transparente y vigilada,
se debería determinar tanto el esfuerzo tributario a realizar
como las necesidades de financiamiento.
En el documento participaron Eugenio Anguiano, Ariel Buira,
Cuauhtémoc Cárdenas, Rolando Cordera, Mauricio de
Maria y Campos, Carlos Heredia, Saúl Escobar, Gerardo Esquivel,
Mario Luis Fuentes, Juan Carlos Moreno, David Ibarra, Leonardo Lomelí,
Ciro Murayama, Jorge Eduardo Navarrete, Enrique Provencio, Jaime
Ros, Norma Samaniego y Carlos Tello.
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