Los hombres y mujeres que laboran en la economía
informal constituyen la mayoría de la población trabajadora
de América Latina. Viven en pobreza y carecen de acceso a
la protección social.
A nivel regional, existen carencias para contar con seguros
de salud que cubran enfermedad y lesiones producidas por el desempeño
laboral, jubilación que otorgue seguridad económica
en la vejez, cuidado infantil y acceso a otros mecanismos de protección.
En México, al segundo trimestre de 2013, 14 millones
177 mil personas laboraban en este sector y dos millones 148 mil
mujeres figuraban como empleadas domésticas. A nivel nacional,
el 60 por ciento de la Población Económicamente Activa
ocupada se ubica en la informalidad, sin acceso a seguridad social,
según resultados del proyecto Fortaleciendo la Voz de los
Trabajadores Informales en las Decisiones de Política Social
en América Latina, Programa México.
La investigación, a cargo de la red global Women
in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO),
es financiada por el Ministerio para el Desarrollo Internacional
del Reino Unido (DFID). Se instrumentó en Perú, México
y Colombia en los últimos tres años.
Aquí, los trabajos fueron dirigidos por Berenice
Ramírez López, del Instituto de Investigaciones Económicas
(IIEc) de la UNAM y se revisaron las políticas y programas
de protección social en los tres niveles de gobierno (nacional,
regional y local), además de las estrategias de las organizaciones
de trabajadores informales pobres para proveerse de algún
tipo de seguridad, a fin de extraer lecciones para políticas
públicas de cobertura amplia.
Los objetivos del proyecto son contribuir en la instrumentación
de esquemas que respondan de manera efectiva a las necesidades reales
de los trabajadores pobres de la economía informal, dar mejor
representación de este grupo en foros de decisión
pública y mejorar sus capacidades de cabildeo.
El equipo de investigación estuvo integrado, entre
otros, por Cruz Álvarez, del IIEc; Norma Samaniego y Ciro
Murayama, de la Facultad de Economía de esta casa de estudios;
Beatriz Torres, de la Universidad de Yucatán, y Saúl
Moreno, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS) Golfo.
Informalidad, una realidad regional
Al presentar los resultados, Berenice Ramírez informó
que se revisaron las condiciones del sector informal en cuatro urbes
del país: Ciudad de México, Mérida, Oaxaca
y Monterrey.
Se trata de promover el diálogo entre académicos,
especialistas en el tema, funcionarios, legisladores y trabajadores
a partir del conocimiento y discusión de la información
obtenida, subrayó en el auditorio Ricardo Torres Gaitán,
del IIEc.
Carmen Roca, coordinadora regional de WIEGO, señaló
que el objetivo de la red de investigadores y académicos
es incidir en el diseño de políticas públicas
orientadas a superar las condiciones de vulnerabilidad y pobreza
en que viven los trabajadores, con la participación activa
de los involucrados.
Por su parte, Verónica Villarespe, directora del
IIEc, destacó la colaboración con otras instancias,
pues permite constituir grupos de trabajo con una agenda común
y desarrollar proyectos afines a la temática.
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