• También, debe maximizar el impacto que tiene el aprovechamiento
del petróleo, gas y otras fuentes de energía sobre el
desarrollo y bienestar nacional
• Es indispensable que, además, esas fuentes tengan un
uso eficiente en todas las fases, desde la producción al consumo
En México, es necesaria una reforma
a la política energética en el contexto de una estrategia
nacional que garantice una oferta suficiente y diversificada de fuentes
sustentables y seguras de abastecimiento energético que, además,
tengan un uso eficiente en todas las fases, desde la producción
hasta el consumo.
Debe, sobre todo, maximizar el impacto que
el aprovechamiento del petróleo, gas y otras fuentes tiene sobre
el desarrollo y bienestar del país, estableció el Grupo
Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM.
Los miembros que lo integran consideraron indiscutible
e indispensable fortalecer a PEMEX y que la paraestatal sea atendida
mediante las mejores opciones para un desarrollo cercano y a largo plazo.
El criterio rector de un cambio en la materia no puede ser la continuidad
de un enfoque que privilegia la extracción y exportación
de petróleo crudo, en especial, de yacimientos en aguas profundas
o de nuevo tipo, ni las consideraciones inmediatas de atracción
de capitales.
No ha quedado demostrada la necesidad de la
reforma constitucional presentada por el Ejecutivo, que resulta preocupante
porque se propone privar a la industria petrolera nacional de su carácter
estratégico, con todas sus consecuencias, incluidas las derivadas
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así
como eliminar la exclusividad del Estado en la industria sin precisar,
en forma explícita e inequívoca, el resto del entorno
jurídico.
Asimismo, consideraron que los alcances y modalidades de la iniciativa
carecen de una argumentación que corresponda a la magnitud de
los cambios propuestos. El debate ha comenzado en una situación
de información insuficiente sobre las implicaciones de las reformas
constitucionales, en especial, en lo que se refiere a la transformación
del régimen de propiedad y distribución de la renta petrolera,
de las figuras de contratación y de otros aspectos clave que
se encuentran a debate.
Como se ha hecho en otros temas, en este caso conviene que las modificaciones
constitucionales se decidan con conocimiento suficiente de las modalidades
concretas que adoptará la política petrolera y, en general,
la energética, en todas las etapas de su ciclo, así como
sus interrelaciones con el sistema eléctrico y con todas las
fuentes de energía. Es decir, con una clara definición
de las rutas y alcances de la legislación secundaria que se derivaría
de las enmiendas a la Carta Magna.
Se requiere conocer a detalle el contenido, limitaciones y características
de los contratos o concesiones, a los que se abriría la puerta,
dijeron. Este requisito es vital, porque en la discrecionalidad y opacidad
reside el origen de la corrupción.
Sería necesario precisar, entre otros aspectos, cuál sería
la secuencia y mecanismos para cubrir el retiro paulatino de PEMEX del
esquema fiscal actual, cómo se garantizaría la canalización
efectiva de los beneficios del petróleo al desarrollo del país
y qué salvaguardas se adoptarían para evitar la dilapidación
de los beneficios.
La expectativa de más crecimiento y empleo con
los cambios propuestos, en este caso al sector energético, pasa
por alto la dinamización económica mediante opciones de
fortalecimiento productivo. Al conocer otras experiencias, es posible
que se sobreestime el potencial de atracción de inversiones y
de generación de empleo.
En todo caso, para los fines fiscales es riesgoso aventurar una reforma
en condiciones de tan elevada incertidumbre y de cálculos insuficientes
sobre sus posibles beneficios, en especial si no se contrasta con otras.
Además, el respaldo a las iniciativas de enmienda constitucional
requiere soportes rigurosos y transparentes.
Las propuestas de reforma en el sector y la iniciativa de la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos deben ser debatidas con otros ritmos y
modalidades, por ello, el Grupo solicita al Congreso que no precipite
sus decisiones. Es imprescindible subsanar omisiones en asuntos medulares
y disponer de propuestas completas que no estén sujetas a interpretación
interesada, a fin de conocer el contenido, alcance, divergencias y posibles
coincidencias entre las distintas iniciativas y tener un debate serio
y articulado.
Si bien los foros realizados en el Congreso son bienvenidos, la deliberación
pública debe ser mejor y más amplia, con un calendario
acotado, pero más flexible. Es necesario, por ejemplo, abordar
con más cuidado las implicaciones ambientales de una reforma,
sobre todo en la explotación de gas y petróleo de yacimientos
asociados a lutitas, así como en el uso y el costo del agua en
estos procesos, en busca de la sustentabilidad de la cadena.
El Grupo está integrado por Rolando Cordera, Eugenio Anguiano,
Ariel Buira, Cuauhtémoc Cárdenas, Mauricio de Maria y
Campos, Carlos Heredia, Saúl Escobar, Gerardo Esquivel, Mario
Luis Fuentes, Juan Carlos Moreno, David Ibarra, Leonardo Lomelí,
Ciro Murayama, Jorge Eduardo Navarrete, Enrique Provencio, Jaime Ros,
Norma Samaniego, Carlos Tello y Jesús Silva Herzog Márquez.
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