La relación pobreza-hambre ha sido reconocida
desde hace más de cuatro décadas por las diversas
administraciones gubernamentales de fin de siglo. Hoy, más
del 50 por ciento de la población se encuentra en ese
estado en diferentes niveles; es decir, más de la mitad
padece de falta de alimentos.
El programa gubernamental respectivo es un llamado
de atención a la sociedad mexicana sobre la magnitud
del problema; sin embargo, las acciones concretas muestran que
sólo es un posicionamiento del tema, y de ningún
modo significa la solución, consideró Felipe Torres
Torres, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas
(IIEc) de la UNAM.
De acuerdo con datos oficiales, la pobreza se ha incrementado
paulatinamente. El censo de 2010 registró que los niveles
se habían reducido. No obstante, las cifras de 2012 muestran
que el número de pobres repuntó, y es preocupante
porque se incorporaron tres millones en condición extrema.
Ello hace evidente que los programas emprendidos para
contrarrestarla no han dado los resultados deseados, indicó
el investigador.
México “pasa por un estado latente de subconsumo,
es decir, un segmento de la población consume por debajo
de los niveles nutricionales mínimos requeridos, lo que
causa un problema latente de hambre. Es hambre disfrazada de
subconsumo”.
Aún más, agregó, el problema es
regional. Dos terceras partes de los municipios del país
están en subconsumo latente, y grandes zonas urbanas
se encuentran en esas condiciones.
La pretensión por atender el problema no es
nueva; en los años 80, con el Sistema Alimentario Mexicano
(SAM), se intentó algo parecido, pero fracasó,
entre otras razones, porque no había una coordinación
institucional adecuada. Otra experiencia fue el programa Oportunidades,
de carácter asistencial, que mantuvo a la población
de ciertas zonas en estado latente de pobreza.
La estrategia actual tampoco plantea corregir distorsiones
del consumo como la comida chatarra, que absorbe buena parte
del gasto alimentario: refrescos embotellados y productos ricos
en grasas y azúcares, de bajo nivel nutricional, que
no se regulan ni siquiera en escuelas.
“Tendría que considerarse la ‘deschatarrización’.
No basta con campañas informativas, hay que ir al centro
del problema: a la educación nutricional y a la normatividad.
Imponer regulaciones a las empresas embotelladoras para reducir
el contenido de azúcar en esas bebidas y orientar a los
niños para diferenciar productos”.
En opinión del investigador, se deben reconocer
las dimensiones del problema con base en un diagnóstico
real. Aproximadamente 20 millones de mexicanos consumen menos
de los requerimientos mínimos nutricionales que, de acuerdo
con la FAO, deben ser de entre dos mil 600 y tres mil calorías
diarias; en algunas regiones de nuestro territorio, se reportan
ingestas de menos de la mitad de esa cifra.
Algo similar ocurre con las proteínas, pues
un segmento considerable apenas ingiere entre 35 y 40 gramos,
en vez de los 70 y 80 gramos que deben comerse a diario.
De igual manera, deben tomarse en cuenta temas relacionados
con la seguridad alimentaria, disponibilidad, y calidad de los
alimentos, insistió FelipeTorres. Actualmente, México
importa casi la tercera parte de lo que consume su población,
sobre todo artículos básicos: maíz (30
por ciento de los requerimientos); trigo (alrededor de 40 por
ciento), y leche (el país es uno de los principales importadores
mundiales de leche en polvo), con el consecuente riesgo de desabasto
por las fluctuaciones de los precios internacionales.
Discusión aparte merece la condición
estructural del campo, relacionada con este problema. “La
gente abandonó el agro, y de ahí que se requiera
dar certeza jurídica, tanto a la tierra, como a la producción,
algo que parece estar disociado, pero es parte de la disponibilidad
interna de alimentos y la sensibilidad para implementar programas
de seguridad en la materia que lleven a resolver esta situación”,
concluyó.
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