En México, donde se vive un clima generalizado
de violencia, los niños están desprotegidos e
indefensos ante maltratos físicos, mentales y emocionales.
El Estado tiene la obligación de instrumentar políticas
educativas que promuevan la convivencia, fomenten la construcción
de la libertad y modifiquen patrones culturales, a partir de
la cohesión familiar y social.
Las instituciones dedicadas a la atención de
víctimas están obligadas a tener programas especializados
para los menores, a fin de que se les considere sujetos de derechos.
Las estrategias gubernamentales deben tomar en cuenta que, además
de las agresiones de tipo familiar, están sometidos a
la violencia social, política y económica, estableció
Silvia Solís San Vicente, de la Escuela Nacional de Trabajo
Social (ENTS) de la UNAM.
Los esquemas deben considerar los efectos, directos
e indirectos, en los casos en que quedan huérfanos, sin
patrimonio familiar o identidad, debido al abandono de sus localidades
o amenazas de la delincuencia, destacó la especialista,
en el marco del Día Internacional de los Niños
Víctimas Inocentes de Agresión, que se conmemora
este 4 de junio.
Por ello, es indispensable establecer mecanismos de
comunicación social para reforzar valores e inhibir los
contenidos violentos en la programación infantil; fomentar
el autocuidado, la convivencia al aire libre y las actividades
físicas y extra escolares; apoyar la construcción
de bibliotecas comunitarias, casas de cultura, y rescatar jardines
y parques para incentivar la cohesión social, recomendó.
“Todo comienza en casa, donde los adultos deben
promover relaciones basadas en la tolerancia, respeto, cooperación,
afecto y el consenso”, sostuvo.
Estrategia de atención
Solís San Vicente explicó que los programas
de atención a menores constituyen una parte fundamental
del diseño de estrategias, campañas, medidas e
iniciativas encaminadas a garantizar la cohesión social
en el país.
Los valores de respeto, comunicación, corresponsabilidad
y madurez deben considerarse prioritarios para ese fin, así
como una política educativa que los promueva, resaltó.
El Estado debe garantizar la paz social y crear mecanismos
de coordinación interinstitucional, a nivel nacional
e internacional, para enfrentar las amenazas de las redes de
trata y el tráfico de órganos, y los riesgos que
la migración implica para este segmento.
Solís San Vicente ejemplificó que en
la recolección de algodón y productos agrícolas
de arbustos en Sinaloa, trabajan niños de hasta tres
y cuatro años, que acompañan a sus padres desde
otras entidades, principalmente Oaxaca. Ante la muerte de los
adultos por distintas enfermedades, ellos quedan indefensos.
Es necesario crear redes de información a nivel
estatal para conocer a detalle las características de
la migración, construir bases de datos y así protegerlos,
subrayó.
Asimismo, se debe atender la situación de los
connacionales que laboran sin documentos en la Unión
Americana, pues al ser deportados, sus hijos quedan desprotegidos.
Se requiere que las instituciones dedicadas a la atención
de la niñez en el país se vinculen con la Secretaría
de Relaciones Exteriores y con instancias internacionales, para
extraditar a los infantes que se encuentren en este caso.
Corresponsabilidad
La experta subrayó que la corresponsabilidad
es fundamental para el desarrollo de los menores. En casa, los
padres deben dedicarles tiempo de calidad e involucrarse en
su cotidianeidad; no se trata de inscribirlos en distintas actividades
y olvidarse de ellos. La paternidad implica un seguimiento puntual
de los hijos, sin limitarles su libertad, explicó.
Los adultos deben cuidarlos, respetarlos, escucharlos,
e inculcar la importancia de lograr consensos. En cada familia,
entendida como toda relación que tenga bajo su responsabilidad
el cuidado de un menor, deben amarlos, protegerlos, educarlos
y enseñarles a ser libres, concluyó.
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