La omisión de los gobiernos de México
y Estados Unidos fomenta y refuerza la estructura de explotación,
abusos y extorsiones a los trabajadores agrícolas
temporales, supuestamente amparados por la ley al recibir
un visado H2A, establece el informe Jornaleros mexicanos
en EU con visa: los modernos olvidados, presentado
en la UNAM, en el marco de los trabajos del Tercer Seminario
Permanente de Investigación sobre Migración
México-Canadá-Estados Unidos.
Esta indiferencia convierte a las instituciones
y autoridades en cómplices involuntarias del fortalecimiento
del sistema que sostiene el tráfico de personas y
la contratación de empleados con o sin documentos.
Se requieren mecanismos de colaboración binacional
para intercambiar información que permitan detectar
y evitar estos abusos.
El modelo de las visas H2A no constituye un proceso
autónomo de las migraciones de mexicanos. La falta
de atención al esquema de contratación en
el país ha generado un vacío que los falsos
reclutadores han aprovechado para obtener ganancias, al
ofrecer documentos de trabajo en Estados Unidos. Las comunidades
con mayor tradición migratoria son los principales
objetivos de estos delincuentes.
En la investigación, elaborada por el proyecto
Jornaleros SAFE, se entrevistó a 382 personas de
135 comunidades de 41 municipios de Baja California, Guanajuato,
Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz,
Aguascalientes, Hidalgo y Estado de México. Del total,
el 95 por ciento reportó alguna o varias violaciones
a sus derechos.
Además, 53 por ciento señaló
que nadie les proporcionó información sobre
sus prerrogativas como trabajadores con visa H2A; tres de
cada 10 mencionó que la recibieron por parte del
gobierno estadounidense y menos de uno por ciento aludió
a la proporcionada por el gobierno de México.
El 62 por ciento de los entrevistados con visa
H2A pagó su transporte, total o parcialmente, gasto
que, según el programa, debe ser cubierto por el
empleador, de acuerdo con la investigación realizada
en conjunto por cinco organizaciones de México y
EU: Catholic Relief Services, Centro Independiente de Trabajadores
Agrícolas, Dimensión Pastoral de la Movilidad
Humana, Global Workers Justice Alliance y United Farm Workers.
Además del traslado que, de acuerdo a la
información recabada, es de casi 100 dólares,
el trabajador debe pagar 270 más por su pasaporte
y visa, suma que representa un gran desembolso para los
campesinos que provienen de estados y comunidades con alto
índice de marginación. Ante la necesidad de
los recursos, solicitan préstamos personales, que
van de 300 a mil dólares.
También se registró la existencia
de las llamadas “listas de espera”, en las que
se inscriben los aspirantes a trabajar en los campos de
la Unión Americana, a cambio de cobros indebidos
de hasta dos mil pesos.
En el documento, se establece que para erradicar
estos abusos debe aplicarse el artículo 28 de la
Ley Federal del Trabajo, con la consolidación de
la labor binacional de intercambio con Estados Unidos.
Para reforzarlo, México debe establecer
acuerdos con los países donde existen programas migratorios
para cumplir la legislación local. Se requiere el
envío de información suficiente para monitorear
y dar seguimiento a los procesos de contratación,
recomienda.
Las acciones inmediatas deberán enfocarse
a establecer los controles necesarios a que obliga la ley,
en ambos países, con empresarios y representaciones
oficiales, y en territorio nacional, mediante la creación
de oficinas correspondientes en las secretarías obligadas:
de Relaciones Exteriores; del Trabajo y Previsión
Social, y de Gobernación, sugirió.
Erradicar el abuso
En la presentación del informe, Martha Judith
Sánchez, del Instituto de Investigaciones Sociales
(IIS) de la UNAM, expuso que los trabajos del seminario
permanente se centrarán en el análisis del
impacto de los programas de trabajadores temporales en el
mercado de labor agrícola global.
Busca crear un espacio de discusión y diálogo
entre especialistas, académicos de diversas instituciones,
estudiantes, integrantes de organizaciones no gubernamentales
y gubernamentales, asociaciones y sindicatos, entre otros.
Además, pretende estimular el desarrollo
de la investigación sobre el tema del seminario y
de tesis de grado, y profundizar lazos de colaboración
con las universidades de Valencia, Montreal y Murcia, señaló
la coordinadora del seminario, en conjunto con Sara María
Lara Flores, también de Sociales.
Las visas H2A de la Unión Americana constituyen
un programa de migración temporal para trabajadores
agrícolas controlado, financiado y manejado por las
empresas agrarias estadounidenses y los enganchadores, expuso
Joe Guadalupe Martínez, de la United Farm Workers.
Permiten a los empleadores estadounidenses contratar
trabajadores extranjeros por temporadas, para realizar labores
exclusivamente en el sector agrícola, si la fuerza
de trabajo local no esté disponible. En 2010, fueron
expedidas 103 mil 324, de las cuales 85 mil 692 se otorgaron
a mexicanos, refirió en la Sala de Usos Múltiples
del IIS.
Griselda Vega Muñoz, directora del Programa
en México para Trabajadores Globales, Global Workers
Justice Alliance, subrayó que se detectaron cinco
tipos de fraude y cobros indebidos: por entrar a una lista
de espera, para ser elegido trabajador H2A, por cobros indebidos,
por “visa libre” y por promesa de trabajo, lo
que se suma a las condiciones deplorables en que viven y
trabajan en los campos agrícolas de la Unión
Americana.
En su oportunidad, Mayela Blanco Ramírez,
coordinadora del Programa Jornaleros Dimensión Pastoral
de la Movilidad Humana, aludió a la necesidad de
mejorar la transparencia en el proceso de reclutamiento
y la intervención de los gobiernos para atender esta
problemática. “Se requieren mecanismos de colaboración
binacional para intercambiar información suficiente
que permita detectar y evitar este tipo de abusos”.
Desde mayo de 2010, esta iniciativa ha proporcionado
capacitación a más de 10 mil trabajadores
agrícolas temporales de forma directa y ha llegado
a más de 100 mil personas en diversas comunidades
emisoras de migrantes a través de las radios comunitarias,
para dar a conocer sus derechos como jornaleros. Además,
otorga asesoría jurídica laboral a los campesinos
huéspedes y apoya a personas defraudadas al querer
ir a trabajar a la Unión Americana.
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