En la Universidad Nacional queremos actuar en contra de
la impunidad, pero sin actitudes autoritarias; que la sociedad reconozca
que frente a problemas como el actual, existen respuestas que van
más allá del solo uso de la fuerza, que tienen que
ver con la aplicación de la autoridad moral de una comunidad
orgullosa de los valores y principios que la caracterizan. Demostrar
que frente a los jóvenes, antes que con la fuerza, se debe
actuar con la palabra y la razón, estableció el rector
de la UNAM, José Narro Robles.
Al leer un mensaje a la comunidad universitaria y a la
sociedad mexicana en torno a los recientes hechos en el CCH, dijo
que desde el inicio el Colegio ofreció diálogo, pero
la respuesta no pudo ser menos universitaria: la toma violenta de
las instalaciones y de otras dependencias, con lo que se afectó
el trabajo de muchos.
A pesar de la actitud asumida por los integrantes del grupo,
que actuaron embozados y con violencia, las autoridades propusieron
reiteradamente el diálogo para explicar y documentar las
causas de las expulsiones y las denuncias, y aclarar el supuesto
problema con la actualización del plan de estudios, añadió
en la Sala Uno de la Planta Principal de la Torre de Rectoría.
Al hacer un recuento, Narro Robles recordó que el
primero de febrero, un grupo de alumnos del CCH Naucalpan golpeó
a varios trabajadores administrativos dentro de las instalaciones.
El director del plantel procedió, con apego a la legislación,
a levantar las actas y expulsar a los seis jóvenes identificados
como los agresores, quienes fueron notificados de la medida disciplinaria
el cinco de febrero.
Como expresión de su inconformidad y en compañía
de otros alumnos originalmente no sancionados, prepararon públicamente
algunos objetos incendiarios que hicieron estallar, además
de prender fuego a las oficinas de la Dirección del plantel
y amenazar, lesionar y poner en peligro la seguridad de los integrantes
de la comunidad. De todo esto existen evidencias contundentes. Diez
de los agresores fueron puestos a la disposición del Ministerio
Público, frente a quien se hizo la denuncia penal correspondiente,
precisó.
Por otra parte, abundó, desde hace más de
un año las autoridades del Colegio decidieron emprender la
actualización del plan y los programas de estudio. Se partió
de una convicción: respetar los principios educacionales
que dieron origen al CCH, y hoy vigentes.
La actualización de los planes de estudio es una
práctica regular de la Universidad Nacional, establecida
en la legislación vigente, además de que la ocasión
más reciente de revisión en el Colegio fue en 1996,
por lo que toca al plan de estudios, y en 2004, por lo que corresponde
a los programas de las asignaturas, citó Narro Robles.
A fines de enero pasado se convocó a una marcha
de protesta para recordar los hechos que afectaron a la UNAM en
1999 y 2000, y para expresar desacuerdos con el proceso de actualización
referido. A las consignas y demandas derivadas de lo anterior, se
sumó la exigencia de retirar las expulsiones y las denuncias
formuladas por la institución y los afectados.
Frente a esta posición, la directora General del
Colegio ofreció dialogar con integrantes de la marcha de
protesta. La respuesta fue la toma violenta de las instalaciones
y de otras dependencias. Como en los otros casos, esta casa de estudios
presentó la denuncia de los hechos frente al Ministerio Público.
Incluso, continuó, para evitar que se justificaran
los hechos violentos a partir del ejercicio académico de
actualización en curso, la máxima autoridad colegiada
del CCH, el Consejo Técnico, acordó ampliar el proceso
de consulta hasta el 30 de noviembre, además de comprometer,
una vez más, la organización de un proceso incluyente
y participativo, y que la propuesta que se elabore sea puesta a
la consideración de la comunidad académica correspondiente
para su discusión final.
Los estudiantes del CCH tienen el derecho de expresarse
con libertad en torno a los temas que conciernen a la actualización
del plan de estudios. La participación de maestros y alumnos
en la tarea es imprescindible.
Narro Robles sostuvo que la Rectoría ha actuado,
y actuará con firmeza, pero con prudencia, con apego a la
legalidad, pero sin extremismos equivalentes a los realizados por
el grupo violento.
“Algunos nos sentimos afectados por la incomprensión
de quienes asumen una actitud ligera y superficial, por decir lo
menos, en el momento que expresan que un problema como éste
se puede resolver fácilmente con la aplicación de
la fuerza. Parece que las experiencias previas les han pasado de
noche”, expuso.
Se ha tratado de actuar con sensibilidad y con prudencia,
prosiguió, pues ante escenarios complejos y de enorme riesgo,
como el que se enfrenta, las autoridades universitarias no deben
reaccionar de manera impulsiva.
La imagen que de esta casa de estudios se ha proyectado,
de ninguna manera corresponde a la que cotidianamente, con su trabajo,
genera la mayoría de los académicos, estudiantes,
trabajadores y egresados.
Bajo ninguna consideración y en ningún caso,
la violencia puede tomar parte en la solución de los problemas.
Por ello, es indispensable distinguir entre la protesta en el terreno
académico y político, totalmente válida, y
la agresión a integrantes de la comunidad, la destrucción
de instalaciones, la sustracción de bienes personales e institucionales
y la puesta en riesgo de la integridad física de otros universitarios,
que debe rechazarse con toda energía y sin consideración
alguna, concluyó.
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