México vive claroscuros en derechos humanos. Aunque
registra avances sustantivos en la normativa (al elevarlos a rango
constitucional) e impacto tanto de la ciudadanía (que utiliza
redes sociales) como de la academia (con el diseño de algunas
políticas públicas), afronta grandes desafíos
en la consolidación democrática de las instituciones
del Estado, planteó Gloria Ramírez, de la Facultad
de Ciencias Políticas Sociales (FCPyS) de la UNAM.
En el país, los organismos públicos respectivos,
que integran uno de los sistemas más grandes del mundo
en la materia, tienen escasa incidencia al momento de resolver
violaciones en casos relacionados con seguridad, acompañamiento
a familiares de víctimas, pobreza, feminicidios y desigualdad
social. La política de Estado respectiva no está
consolidada, “es un esfuerzo incipiente a pesar de contar
con recursos y órganos especiales”, estableció.
En el marco del Día Internacional de los Derechos
Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre, señaló
que el clima de violencia muestra una falta de gobernabilidad
y desatención a las víctimas, al no detener y juzgar
a los agresores. Los niveles de impunidad superan el 90 por ciento:
sólo entre tres y cinco casos de cada 100 que llegan a
las autoridades, terminan en aprehensión, refirió.
La situación del crimen organizado es resultado
de la falta de gobernabilidad y democracia en el país,
y las instituciones encargadas de la seguridad no han cumplido
con sus tareas. En este marco, un Estado que no respeta los derechos
humanos es contrario a la democracia, sostuvo.
Además, las garantías económicas,
sociales y culturales no están resguardadas. Por ejemplo,
la pobreza constituye una violación, y si no hay acceso
al trabajo, tampoco a la alimentación, salud, educación
o vivienda, es decir, a una vida digna, expuso.
Mecanismos internacionales
La coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos
Humanos de la UNAM aludió a las sentencias de la Corte
Interamericana respectiva hechas al Estado mexicano, que representan
la oportunidad de establecer marcos de referencia para la creación
de protocolos, mecanismos y una cultura de reparación del
daño y redignificación de las víctimas.
Sin embargo, a pesar de que un tribunal internacional
otorga la razón a los afectados o a sus familiares en sus
demandas, éstas no se cumplen cabalmente, e incluso, son
señalados, acosados y hostigados; “no tienen oportunidad
de recuperar sus vidas”, detalló.
Entre los años 2000 y 2011, el gobierno mexicano
recibió más de mil 100 recomendaciones relacionadas
con violaciones en este rubro. No existe articulación entre
los niveles federal, estatal y municipal para atenderlas, aún
y que la Constitución establece que los mecanismos internacionales
son obligatorios, refirió.
El papel de la Universidad
La reforma constitucional en la materia representa un
hito al respecto. En este aspecto, la Universidad debe asumir
la obligación de educar en la materia e introducir la enseñanza
de los mecanismos internacionales, del derecho penal en el mundo
y la importancia del empoderamiento de la sociedad civil, entre
otros contenidos.
Al respecto, recordó la participación de
la Cátedra UNESCO en el diseño y aprobación
del Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos,
que incluye una propuesta de política de Estado, como un
mecanismo jurisdiccional de obligatoriedad para las secretarías
de la Función Pública, Gobernación y de Educación
Pública.
La perspectiva de los derechos humanos implica respetar
su indivisibilidad, interdependencia y universalidad, así
como fortalecer el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad
con políticas integrales que favorezcan la gobernabilidad
democrática y la paz, concluyó.