La impunidad, injusticia social, colusión de los
poderes públicos y poderes fácticos, la cultura
política de opacidad y patrimonialismo de gobernantes y
representantes populares, así como la simulación
institucional, constituyen los pilares de los niveles de corrupción
que imperan en el país, aseguró Irma Eréndira
Sandoval Ballesteros, del Instituto de Investigaciones Sociales
(IIS) de la UNAM.
Representan un problema institucional y político
que exige soluciones estructurales. Tendría que combatirse
en el sector público, donde los empleados se ven forzados
a extorsionar a los ciudadanos por órdenes de sus superiores,
y atender la competencia económica nula y la captura del
Estado por intereses económicos y rentistas, subrayó
en ocasión del Día Internacional contra la Corrupción,
que se conmemora este 9 de diciembre.
La coordinadora del Laboratorio de Documentación
y Análisis de la Corrupción del IIS, actualmente
investigadora invitada del Safra J. Center for Ethics, de la Universidad
de Harvard, Estados Unidos, consideró que las prácticas
vinculadas a la corrupción estructural, que corroe las
fibras de la institucionalidad democrática del país,
aunque bien podrían ser erradicadas en el mediano plazo,
hoy no existen condiciones políticas.
A pesar de ser un problema institucional y político
que exige soluciones estructurales, sólo ha sido combatida
de manera superficial durante las últimas tres décadas.
Es lo que actualmente ubica a México como uno de los países
más corruptos de América Latina y el mundo, expuso.
La nación tiene el indicador de corrupción
más alto en los últimos 10 años, al descender
nueve lugares en el Índice de Percepción de la organización
Transparencia Internacional. Ocupa el sitio 98, a lado de Egipto,
informó la también profesora invitada de la American
University, en Washington DC.
Gasto en corrupción
De acuerdo a los datos de Transparencia Mexicana, en
2001 los mexicanos pagaron sobornos en 10.6 de cada 100 trámites
gubernamentales; en 2005, este indicador se ubicó en 10.1;
en 2007, en 10, y en 2010, en 10.3.
En 2007, para acceder a los 35 trámites más
importantes que se realizan en el país, las familias mexicanas
gastaron 27 mil millones de pesos en mordidas y sobornos; en promedio,
ocho por ciento de sus ingresos. En el caso de las familias más
pobres, este gasto fue equivalente a un 18 por ciento.
En 2011, la cifra aumentó a 32 mil millones de
pesos, lo que representó más de una tercera parte
(el 33 por ciento) de los ingresos de quienes subsisten con menos
de un salario mínimo, y el 14 por ciento de los núcleos
familiares que reciben más de dos percepciones mínimas.
Los ciudadanos no tienen alternativa más que pagar, o se
quedan sin luz, sin salud, educación, patrimonio, justicia,
o sin inscribir a sus hijos en la escuela, aseguró.
Por ello, a la investigadora le parece muy problemática
la propuesta para sacar del Servicio Civil de Carrera a casi 800
"directores generales" y "directores generales
adjuntos", para que se conviertan en altos mandos "de
confianza".
Alternativas
Las medidas más urgentes para empujar la agenda
del combate a la corrupción y el auspicio de la rendición
de cuentas, en la dirección del verdadero control por parte
de la ciudadanía son, entre otras, transparentar las declaraciones
patrimoniales de funcionarios públicos y representantes
populares, y convertir en sujetos obligados de las leyes de transparencia
a sindicatos, partidos políticos y concesionarios de bienes
públicos.
Además, la cancelación de la Ley de Asociaciones
Público-Privadas, que busca liquidar la rectoría
del Estado en áreas estratégicas para el desarrollo
como educación, salud, seguridad pública, comunicaciones,
e infraestructura básica del país.
La abrogación del artículo 57 de la actual
Ley de Petróleos Mexicanos, que establece un régimen
de excepción para las compras de bienes y servicios en
todas las áreas sustantivas de la empresa, removiéndolas
del control del Congreso de la Unión.
El establecimiento de una Ley Federal de Conflictos de
Interés, que amplíe los mecanismos de prevención
de los mismos, endurezca sanciones, y haga obligatoria la publicidad
de las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos
de alto nivel.
El auspicio de mayores y mejores garantías para
fortalecer la cultura de la denuncia en México. Las leyes
de protección a informantes sólo pueden funcionar
en el marco de la vigencia de las libertades de expresión,
de acceso a la información, de asociación y de sindicalización.
El otorgamiento de plena autonomía e independencia
a las instancias encargadas de velar por la honestidad y la transparencia
en la administración pública, la eliminación
de los salarios irracionales, los gastos improductivos, el derroche
y los privilegios.