En México, la corrupción constituye un flagelo
que provoca desvío de recursos públicos con fines
privados, falta de respeto a las normas establecidas y confrontación
entre quienes deciden cumplir la ley y los que viven al margen de
ella.
La impunidad es una de sus principales consecuencias, lo
que genera desconfianza hacia el aparato de administración
y procuración de justicia en el país, además
de rechazo a la institucionalidad, aseguró Daniel Márquez
Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas
(IIJ) de la UNAM, en ocasión del Día Mundial contra
la Impunidad, que se conmemora este 23 de noviembre.
Está enraizada en la identidad nacional y tiene
dimensiones profundas. Desde niños, a los mexicanos se les
educa en la mentira para eludir responsabilidades y así,
en la vida adulta, recurren a prácticas como el pago de contraprestaciones
ilícitas (mordidas) para evitar sanciones al violar normas
de tránsito.
Éstas se vuelven conductas endémicas, a veces
impulsadas desde la misma institucionalidad, expuso.
Gasto en corrupción
Mediciones internacionales advierten que las familias del
país dedican entre 70 y 170 pesos por día a prácticas
corruptas. El problema no radica en el diseño normativo o
en los organismos dedicados a combatirla, sino en ideas heredadas
desde hace siglos. “Existen condiciones que favorecen la presencia
de estas conductas”, apuntó Márquez Gómez.
“No hemos sido capaces de superar esta cultura, de
la que se nutren el machismo, la violencia contra niños y
mujeres, el callarse e inclinarse ante los poderosos y la imposibilidad
de autocrítica y de enfrentar este lastre”, sostuvo.
En el combate a la corrupción e impunidad se olvidó
la importancia del enfoque preventivo, al no promover campañas
contra la discriminación, en favor del respeto a la actividad
de periodistas y comunicadores, orientadas a desterrar la homofobia
y la discriminación, y a enraizar la idea de una identidad
nacional, recalcó.
Prácticas cotidianas
El investigador del IIJ expuso que la impunidad la podemos
advertir desde el hogar, en la vida cotidiana y en el proceder de
funcionarios que utilizan los recursos a su disposición para
su beneficio, sin ser sancionados. Vivimos en una anomia institucional,
es decir, sin respeto a la ley ni al orden establecido, indicó.
Uno de los problemas de las estrategias para combatir estas
prácticas es su carácter reactivo. Se enfrentan a
través de leyes o la creación de instituciones como
secretarías, contralorías, fiscalías especializadas,
pero no a nivel ciudadano.
La no interiorización de las normas, con el pretexto
de que las leyes regulan conductas externas, representa un obstáculo.
Además, la identidad nacional y el sentido de pertenencia
no son promovidos como valores sociales deseables en una colectividad
que quiere vivir con un mínimo de respeto y estabilidad.
Es necesario generar una ética más allá de
ideologías e intereses personales, precisó.
Dos visiones
Por su parte, José Antonio Álvarez León,
de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y especialista
en derecho, consideró que por las condiciones prevalecientes,
en nuestro país no hay un elemento formal para conmemorar
esta fecha.
En México hay dos visiones sobre tal efeméride.
Una tiene que ver con el trabajo de los observatorios ciudadanos
y la movilidad social, para mostrar que aún hay procesos
históricos sin resolver, lo que causa indignación,
como también el señalamiento de actos de corrupción
que generan y fortalecen los vínculos de impunidad.
Otro, agregó, es el lado institucional. “Se
ha quedado en la intención de hacer cambios estructurales
al sistema de justicia para agilizar el acceso a la misma y resarcir
daños. Sin embargo, permanece en el tintero y tendrían
que resolverse para, al menos, comenzar a dar pasos significativos”,
detalló.
“La corrupción es un fenómeno que no
está enraizado en un solo lugar, básicamente se gesta
en términos formales en la práctica gubernamental,
que se ejerce a través del sistema de justicia y de procuración.
Si estos niveles de procuración e impartición están
infiltrados por la delincuencia, por autoridades corruptas, por
la protección de políticos, el flagelo crece y genera
inseguridad”.
Además, la información que se genera a través
de los medios de comunicación, incomoda y pone de manifiesto
problemas de orden social que son cubiertos si hay reparación
o eliminación extra formal de periodistas.