• México requiere
impulsar estrategias que aseguren la soberanía alimentaria
nacional, coincidieron académicos y expertos en el
V Seminario de Actualización Crisis, Seguridad y Soberanía
alimentaria
La sequía en Estados Unidos, los desastres
climáticos registrados en Europa y Asia, la especulación
financiera, la volatilidad en los mercados agrícolas y la orientación
de cultivos a la producción de biocombustibles, configuran una
nueva tendencia en el alza de precios de granos básicos y plantean
un escenario mundial incierto ante la crisis alimentaria, coincidieron
académicos y expertos en el V Seminario de Actualización
Crisis, Seguridad y Soberanía alimentaria, realizado en la UNAM.
Las consecuencias de esta problemática
tienen múltiples aristas en México, desde el alza en los
productos de la canasta básica, el precio de los energéticos
y el impacto en los recursos naturales, hasta la disminución
de la superficie agrícola, el abandono y deterioro de tierras
cultivables, así como el bajo aprovechamiento del potencial productivo
del campo, a lo que se suman la violencia en el medio rural y la migración.
Nuestro país importa 40 por ciento de
los alimentos que requiere, para lo que se destinan más de 20
mil millones de dólares al año. Tan sólo en el
primer semestre de 2012, se gastaron dos mil millones de dólares
para satisfacer las necesidades de consumo de maíz. Ello revela
la urgencia de impulsar estrategias que aseguren la soberanía
alimentaria nacional, advirtieron.
Hasta el 5 de octubre, las actividades del
Seminario se realizarán en las instalaciones del Instituto de
Investigaciones Económicas (IIEc) y el Instituto de Investigaciones
Antropológicas (IIA) de la UNAM.
En el encuentro, organizado por el Instituto
de Investigaciones Sociales (IIS) de esta casa de estudios y la Asociación
Mexicana de Estudios Rurales (AMER), en colaboración con el IIEc
y el IIA, participan más de 40 especialistas provenientes de
11 instituciones; representantes de organizaciones civiles y consultores
privados.
Panorama incierto
En la apertura del Seminario, Elena Lazos Chavero,
investigadora del IIS y coordinadora académica del encuentro,
subrayó que la crisis alimentaria es un problema grave, caracterizado
por el control de ciertas compañías transnacionales sobre
las cadenas agroalimentarias.
Verónica Villarespe, directora del IIEc,
señaló que el aumento desmesurado de los precios al consumidor
en el mundo confluye en México, con el deterioro del ingreso
de amplios sectores de la población, el desempleo y el acceso
cada vez más restringido a servicios básicos de salud
y alimentación. Tenemos el reto de avanzar en el análisis
de esta problemática con el objetivo de proponer soluciones viables.
En la sala de videoconferencias del IIEc, Rosalba
Casas Guerrero, directora del IIS, resaltó que la problemática
se profundiza por distintos factores, que explican la situación
actual. Es un foro para nuevos planteamientos, con el fin de abordar
los temas relacionados con la seguridad alimentaria, orientados a la
solución de los problemas nacionales.
Escasez, especulación y crisis
En la mesa redonda Especulación
financiera en los mercados, bolsas de productos agrícolas y su
impacto en la seguridad alimentaria, Blanca Rubio Vega, también
del IIS, expuso que al coincidir desastres climáticos y restricciones
a las exportaciones de alimentos, con el declive de las ganancias especulativas,
se generan condiciones para la crisis en la materia, en la que está
inmersa la economía mundial desde 2008. El panorama es incierto,
ante la evidente recesión en Estados Unidos y la volatilidad
de los precios en los mercados agrícolas, advirtió.
Al respecto, Víctor Suárez Carrera,
director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras
de Productores del Campo, sostuvo que México requiere recuperar
soberanía a través de políticas públicas
orientadas a reducir las importaciones, equivalentes a más de
20 mil millones de dólares por año; restablecer las reservas
públicas de alimentos, impulsar a pequeños y medianos
productores, fomentar sistemas regionales y locales de producción,
y eliminar los monopolios. Con recursos propios, la nación podría
satisfacer sus necesidades de maíz hasta 2050, ejemplificó.
A su vez, Miguel Meza Castillo, del Instituto
de Estudios para el Desarrollo Rural "Maya", refirió
que en 2010, un total de 21 millones de mexicanos padecían condiciones
de pobreza alimentaria, lo que muestra las repercusiones de la tendencia
a la alza en los mercados agrícolas y la volatilidad en los incrementos.
La crisis se profundiza, con impactos negativos en la población
de escasos recursos, precisó.
Alternativas energéticas y crisis alimentaria
En la mesa Biocombustibles y competencia
con la producción de alimentos, Edit Antal, del Centro de
Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, mencionó
que el uso de esos energéticos es un fenómeno global,
propiciado por la demanda de países industrializados. Como alternativa,
sólo ofrecen una solución parcial y limitada en el tiempo,
y colocan a la soberanía alimentaria en peligro.
Michelle Chauvet Sánchez Pruneda, de
la UAM Azcapotzalco, sostuvo que México carece de una política
de generación de energía alternativa. La estrategia nacional
en este rubro consiste en un viraje hacia la promoción del biodiésel,
sin un análisis integral de la relación compleja de este
sector con la producción de alimentos.
Yolanda Massieu Trigo, de la UAM Xochimilco,
estableció que ante la expansión reciente de los agrocombustibles,
que representa un nuevo vinculo entre el sector agroalimentario, el
hambre creciente y la crisis energética, es necesario plantear
otro modo de vida, sostenido por un menor consumo energético
y la disminución de la desigualdad social.
En su oportunidad, Arcelia González
Merino, de la UAM Azcapotzalco, expuso que el monocultivo de cualquier
producto agrícola implica la pérdida de biodiversidad,
como sucede con la producción de etanol. Por ello, la promoción
y el desarrollo de biocombustibles es un riesgo a la sostenibilidad,
advirtió.
A su vez, Yolanda Castañeda, de la misma
instancia, consideró que México no tiene una política
energética integral a largo plazo, sustentada en estrategias
que garanticen la seguridad alimentaría del país. No se
ha implementado ningún proyecto acorde a la realidad nacional.
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