• Es una solución
parcial en tanto se define la situación de más
de 11 millones de personas sin residencia legal en Estados
Unidos, expuso Elaine Levine, del Centro de Investigaciones
sobre América del Norte de la UNAM
La medida de Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals
Process), puesta en marcha en Estados Unidos, constituye una acción
con buena intención, pero es limitada y no tiene carácter
permanente ni definitivo. Representa una solución parcial ante
la falta de una reforma migratoria integral que defina la situación
de más de 11 millones de personas sin residencia legal en la
Unión Americana, aseguró Elaine Levine, del Centro de
Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM.
La política —recientemente adoptada
por la administración de Barack Obama— está dirigida
a jóvenes indocumentados de hasta 31 años. Según
datos del Pew Hispanic Center, en este rango hay en total cuatro millones
400 mil individuos en aquel país y sólo un millón
700 mil podrían cumplir con los requisitos establecidos para
ser beneficiados con el mecanismo, refirió.
Al no ser una ley, no significa el acceso
a la estancia legal ni está encaminada a crear beneficios o
derechos. Representa una especie de garantía de que durante
dos años no serán deportados. El texto de la acción
establece que puede ser modificada, sustituida por otra o rescindida
en cualquier momento, sin notificación, refirió.
No hay que menospreciar la intención
de llamar la atención de los estadounidenses respecto al interés
de estos jóvenes por estudiar, trabajar e incorporarse de manera
productiva a la economía de EU, país que a final de
cuentas consideran su hogar, expuso.
La experta señaló que esto
demuestra lo irracional y punitiva que es la ley migratoria existente
y representa un alivio temporal, al ofrecer algunas opciones a la
comunidad de origen latino, que ha demostrado una gran expectativa,
reflejada en las enormes filas de jóvenes formados para obtener
una solicitud.
Reforma migratoria integral
En 2001, surgió la propuesta legislativa
Dream Act (Development, Relief and Education for Alien Minors), orientada
a aliviar la situación. Desde entonces, a pesar de haber sido
presentada en varias ocasiones, nunca ha obtenido los votos necesarios
para ser aprobada por el Congreso de EU.
Levine Leiter recordó que en su gestión,
Obama intentó su aprobación. Al no conseguir una reforma
integral, optó por la acción diferida —un tipo
de actuación ejecutiva a disposición del presidente—
para ayudar a los jóvenes conocidos en aquella nación
como dreamers.
Al no ser aprobada la reforma integral ni
la iniciativa Dream Act, y por la necesidad de demostrar a la población
de origen latino su interés en una resolución favorable,
el primer mandatario instruyó al Servicio de Ciudadanía
e Inmigración de Estados Unidos a que en sus operaciones considere
el entorno familiar y su situación para decidir la deportación
de jóvenes indocumentados, explicó.
Para ser incluidos, éstos deberán
demostrar, con documentos, su ingreso a la Unión Americana;
si son menores de 16 años, residencia durante al menos cinco
años antes del anuncio de la disposición, y probar su
estancia en el país en la fecha referida.
Además, es preciso que no tengan antecedentes
legales, probar su asistencia a la escuela o ser graduados de la enseñanza
secundaria, contar con un certificado que lo avale o demostrar haber
servido en la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas.
La investigadora, adscrita al Área
de Estudios de la Integración del CISAN, señaló
que en Estados Unidos los jóvenes indocumentados que ingresaron
en la niñez al país constituyen una población
en crecimiento. Asisten a la escuela por lo menos hasta los 16 años,
para después encontrarse en el limbo. Al no haber nacido en
la Unión Americana ni tener papeles, muchos no pueden continuar
con sus estudios ni trabajar debido a su estatus irregular, detalló.
Ante la negativa de la opinión pública
de adoptar una enmienda migratoria integral, al considerarlos sujetos
de la ley sin ningún derecho, las acciones legislativas se
han centrado en atender a los dreamers, quienes no pueden
ser responsabilizados de haber ingresado ilegalmente, puesto que fueron
llevados por sus padres.
Aún acotada, al compararla con las
propuestas del Dream Act, la Acción Diferida representa un
“hilo de esperanza”. Por el momento, los jóvenes
no serán deportados, lo que les permite soñar con mejores
perspectivas a futuro, concluyó.
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