• Estos conceptos se ven traicionados
si el aparato estatal no garantiza acceso por igual a la justicia,
aseguró Rolando Tamayo y Salmorán, profesor
emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM
La democracia y la igualdad aún constituyen
las más grandes utopías de las sociedades modernas.
Por ejemplo, el aparato estatal coloca en desigualdad a los individuos
al no garantizar acceso equitativo a la justicia, expuso Rolando Tamayo
y Salmorán, profesor emérito de la Facultad de Derecho
(FD) de la UNAM.
En la mayoría de los casos, esta garantía
se ve limitada por la imposibilidad de abandonar responsabilidades
laborales para atender requerimientos legales, así como por
no contar con recursos suficientes para contratar un abogado, indicó
el académico en la mesa redonda Derechos y Democracia, moderada
por Socorro Apreza Salgado, directora del Seminario de Filosofía
del Derecho de esa entidad.
A quien no comparece ante la ley se le da
por confeso. Todos los recursos que podría interponer el agraviado
en el proceso no son presentados en su defensa, explicó en
la charla Imposibilidad de la democracia y la más triste
imposibilidad de la igualdad.
El titular de la cátedra especial
Eduardo García Máynez, expuso que el teorema
de la imposibilidad de Kenneth Arrow, premio Nobel de Economía,
establece que bajo ciertas condiciones de racionalidad e igualdad,
es imposible garantizar que el rango de preferencias sociales corresponda
a rangos de preferencias individuales al haber alternativas.
Esta tesis se aplica en el caso de la administración
de la justicia, pues no todos los individuos disponen de los mismos
bienes e inclinaciones. “Sin espacio, tiempo y dinero, a la
mayoría de los implicados en procesos legales, el aparato de
justicia los hunde, al ser tomados como confesos y declarados convictos”,
refirió en el aula magna Jacinto Pallares, de la FD.
Derechos humanos
En su oportunidad, Adrián Rentería
Díaz, de la Universidad de Insurbia, Italia, consideró
que los derechos humanos ocupan un lugar central en la discusión
pública en México. Esto radica en que son primordiales
para las constituciones actuales de Occidente.
Los poderes Legislativo y Ejecutivo no pueden
modificarlos, limitarlos o vulnerarlos, porque la Carta Magna impone
límites; sólo se podrían alterar si su reforma
no está restringida, mediante procedimientos más fuertes
que los requeridos para la aprobación de leyes ordinarias.
A través de la historia, las constituciones
ubican a los ciudadanos y sus garantías individuales en el
centro de la arena pública, para organizar las relaciones interpersonales
y acotar la intervención del aparato estatal, explicó.
Actualmente, el principio de mayoría
ya no es fundamental para generar las decisiones más importantes,
lo que conduce a una aparente contradicción entre derechos
y democracia. El reto del Estado constitucional es situar el tema
de las garantías individuales en un contexto adecuado, con
la finalidad de resguardarlos y fomentarlos.
Al respecto, Jorge Cerdio, jefe del Departamento
Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM), recordó que la democracia moderna
es un sistema político de decisión y un conjunto de
instituciones que garantizan derechos fundamentales y necesidades
básicas de los ciudadanos.
No existe la democracia, porque no hay un
sistema social en el que haya un acuerdo general mayoritario acerca
de la moralidad, por ejemplo. Si algo caracteriza a los sistemas democráticos
es la pluralidad individual de concepciones, concluyó.
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