• El país cuenta con casi 11 millones de personas
de la tercera edad, pero sólo tres millones están
pensionados, dijo Leoncio Lara, investigador del IIJ de la UNAM
• Para el 2050, en la nación habrá unos 136
millones de habitantes; de ellos, 37 millones serán adultos
mayores, pero la franja de jubilados difícilmente crecerá,
sostuvo
• Con su investigación sobre el derecho de la vejez,
busca estructurar un proyecto de prerrogativas de ese sector y
los mecanismos para su ejercicio eficaz
México cuenta con un régimen
jurídico relativamente completo para la atención de
los ancianos, pero utópico, porque no existen las políticas
ni las acciones para generar programas específicos de atención
a la salud, la educación y la participación política
de ese sector, consideró Leoncio Lara Sáenz, integrante
del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
El especialista en derecho destacó
que hoy día en el país, con una población de
poco más de 110 millones, hay casi 11 millones de ancianos;
sin embargo, sólo tres millones están pensionados.
En la actualidad, en la nación la
edad para ser considerado anciano es de 60 años, y el promedio
de vida de los varones es de 75 años, y el de las mujeres de
78, que aumentará con el tiempo por los avances médicos
y los logros en medicinas y tecnología adecuada.
Se estima, agregó, que para el 2050
habrá unos 136 millones de mexicanos; de ellos, 37 millones
serán adultos mayores, no obstante, la franja de jubilados
difícilmente crecerá, porque no se estima suficiente
la oferta de empleos y porque la edad de retiro será menor:
30 años de trabajo para los hombres, 28 para las mujeres, y
60 de edad en términos generales para ambos sexos en casi todos
los tipos de empleo subordinado.
Indefensión en políticas de
Estado
El catedrático de Técnicas
de Investigación Jurídica del Posgrado de la Facultad
de Derecho (FD) aseguró que la población anciana en
nuestro territorio está protegida en materia jurídica,
pero indefensa en lo que a políticas del Estado se refiere.
“No sólo tiene las mismas garantías que los demás,
sino que hay declaraciones internacionales que establecen que es un
sector con derecho a autoafirmarse, autorrealizarse, participar en
la vida política y en la propia solución de sus problemas”.
Tenemos un buen orden jurídico: la
Constitución y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, incluso un Instituto de Protección a los Adultos Mayores
en prácticamente todos los estados, entre otros. “El
problema es cómo traducirlo a la realidad, cómo proporcionar
empleo a una persona de 72 u 80 años, pues debe ser acorde
a sus conocimientos y experiencia, pero también a su edad y
capacidades”.
El autor de más de 80 artículos
en materia de metodología e investigación jurídica,
educación superior y derechos humanos, afirmó que no
hay mecanismos para mejorar la situación porque la atención
a ese sector se centra en la asistencia social, que es esporádica.
“Hasta hora, los últimos gobiernos
no se han dedicado con energía a este tema, se han consagrado
a ofrecer otro tipo de cuestiones, como la seguridad, que es importante,
pero el anciano requiere de mayor atención, y especializada”.
Pérdida de capacidades
El ex defensor de los Derechos Universitarios
de la UNAM, comentó que el problema de ese sector es de adecuación
a sus propias condiciones. En esta etapa poco a poco se pierden las
capacidades, se gastan los órganos del cuerpo y se potencian
los problemas de salud.
Además, acotó, aparece la discriminación.
Si bien son sujetos de derecho, la edad les provee un factor de segregación;
ya no son contratados, les niegan los créditos y sus tarjetas
bancarias son canceladas.
En cuanto a educación, citó
que en México sólo existe una universidad para este
sector, “pero si alguien tiene un impedimento físico
se le complica acudir, porque los salones están en el tercer
piso. Además, no se ocupa a maestros jubilados para que realicen
tareas de alfabetización, por ejemplo”.
Se busca determinar cuáles son las
políticas, las instituciones y los derechos con que cuentan
los adultos mayores, y formar una especie de estructura de normas.
Es un trabajo que forma parte de un convenio que el IIJ tiene con
el Instituto Nacional de Geriatría, del sector Salud federal,
apuntó el Investigador de la entidad universitaria.
La idea, afirmó, es establecer una
trama de estudio y propuestas sobre su organización jurídica.
Además, se deben analizar los esquemas de la salud en México,
las normas nacionales y la ley de salud para estructurar un proyecto
de derecho de la senectud.
El problema de ese sector es dejar de tener
objetivos en la vida y no ser productivo. Muchas veces la gente que
se retira joven sobrevive pocos años a su jubilación,
pues si se carece de objetivos vitales sobreviene depresión,
que deriva en hombres y mujeres enfermas, por lo que conviene alejarse
de la misma, concluyó.
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