• Reforma hacendaria y al sistema de protección social
son medios para lograrlo, propone estudio del Centro de Estudios
Espinosa Yglesias,
presentado en la UNAM
Para tener un país incluyente se necesita
un gran pacto social orientado a un crecimiento económico y
equitativo que brinde protección social y seguridad para toda
la población. En eso coinciden tanto la propuesta del Centro
de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), titulada México
de 2012. Reformas a la Hacienda Pública y al Sistema de Protección
Social, con la de la UNAM, nombrada Por una Política de Crecimiento
Sustentable y Protección Social.
Para analizar estas convergencias, diversos
especialistas se dieron cita en el Seminario Universitario de la Cuestión
Social, donde Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la
UNAM y coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo,
suscribió que la nación requiere una reforma al sistema
hacendario y al de protección social.
Al respecto, el académico de la Facultad
de Economía (FE) señaló que es necesario “tener
una sociedad más cohesionada e incluyente. La percepción
es que estamos muy desintegrados, con mucho desorden, y lo que más
se nutre es la inseguridad”.
Por eso necesitamos mecanismos para llegar
a la cohesión e inclusión, que son los de la protección
y la seguridad social. Como somos una sociedad económica, monetarista
y abierta al mundo, hay que financiar esos procesos, dijo.
“Lo que tenemos no alcanza y no lo
hará, así que hay que reformar el sistema hacendario,
y la única manera de lograrlo es si mantenemos la democracia
con un gran objetivo que nos unifique: la protección social
universal”.
Cordera Campos espera también que
estas propuestas de reformas sean “el tema que se discuta en
la sucesión presidencial y el compromiso del próximo
primer mandatario”.
La reforma pública, a debate
El libro blanco del CEEY, que contiene
cifras y datos duros para debatir la reforma de la hacienda pública
y transformar al mismo tiempo el sistema de protección social,
fue presentado por Enrique Cárdenas (director ejecutivo de
esa entidad) y Jorge Chávez Presa, en un acto encabezado por
Cordera Campos, en la Sala 1 de los Consejos Académicos de
Área de la UNAM.
Alcanzar el consenso social para lograr ambas
modificaciones, dijo Cárdenas, involucra retos complejos, resolver
problemas técnicos, de instrumentación y financiamiento,
políticos y jurídicos, e incluso reformas constitucionales.
Deben procesarse en conjunto —advirtió
el director del CEEY— para conciliar, por ejemplo, la eliminación
parcial de cuotas obrero-patronales a la seguridad social y garantizar
una pensión mínima universal para todos.
La propuesta del CEEY contiene siete puntos
extras: un sistema universal de protección social, la convergencia
de todos los de salud pública, la revisión de los programas
sociales para que sean redistributivos y la eliminación de
las exenciones y regímenes especiales, tanto del IVA como del
ISR, y de los subsidios generalizados.
Incluye también la focalización
de las transferencias a las familias pobres y la eficiencia en la
asignación y ejercicio del gasto público, así
como el aseguramiento de la transparencia y la revisión de
cuentas en los tres órdenes de gobierno.
De lograrse, estas reformas tendrán
consecuencias, entre ellas, redefinir el pacto social al establecer
un peso mínimo de bienestar para toda la población,
mejorar la distribución de la riqueza y liberar recursos financieros
para actividades productivas. Esto es clave “porque la hacienda
pública debe ser para crecer”. Además, daría
mejores condiciones para contender en el mercado.
“Al no cubrir esa parte de la seguridad
social, las empresas tendrán mayor competitividad”. Para
Cárdenas, esto simplificaría el proceso de reforma laboral
hoy “atorada” en el Congreso. Al quitar esa prestación
de la Ley Federal de Trabajo, se harían más flexibles
los mercados laborales y “más eficientes y justos para
todos”.
Tener más recursos permitiría
el “acceso universal a la impartición de justicia con
calidad”, sin la cual el tejido social se diluye, apuntó
Cárdenas.
Las reformas implican acuerdos básicos.
Al respecto, el director del CEEY mencionó que la renovación
del pacto social; derechos efectivos en correspondencia con las obligaciones
fiscales; protección social universal financiada con impuestos
generales al consumo, ingreso y ganancias sin privilegios, y una política
social que sea motor redistributivo, disminuirían la desigualdad
y mejorarían la competitividad.
En su turno, Jorge Chávez Presa, coautor
con Fausto Hernández y Luis Felipe López-Calva del estudio
auspiciado por el CEEY, aseguró que estos cambios no son un
fin, sino un medio para el crecimiento económico y social equitativo.
Al referirse a los pecados de la hacienda
pública (baja carga fiscal, ineficiencia redistributiva y financiamiento
de gastos públicos ineludibles con ingresos no permanentes,
entre otros), Chávez Presa advirtió que no llevarían
a la pérdida de estabilidad macroeconómica del país.
“Se trata de cambiar el modelo. La
función-objetivo (de la hacienda pública) es el crecimiento
económico con equidad”. La idea es acercarnos al acertijo
planteado por Keynes hace un siglo: lograr, a un mismo tiempo, eficiencia
económica, justicia social y libertad individual”.
Con relación a los subsidios, señaló
que debe haber un cambio. “Sí, para quienes los necesiten,
mas no generalizados, porque quienes más se benefician de ellos
son los estratos con mayores ingresos”.
Si para Cárdenas “con estas
reformas todo mundo va a ganar algo”, para Chávez Presa
quienes perderán “son lo que no pagan impuestos, los
enemigos del Estado”.
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