• Pese al señalamiento de la Organización
Mundial de Comercio, esta industria seguirá afectada, señaló
Miguel Ángel Velázquez, de la Facultad de Derecho
de la UNAM
Luego de que la Organización Mundial
de Comercio (OMC) emitiera el fallo que puso fin al embargo atunero
impuesto por Estados Unidos a México hace 30 años, Miguel
Ángel Velázquez Elizarrarás, de la Facultad de
Derecho (FD), advirtió la debilidad de la parte mexicana, por
lo que la producción seguirá afectada.
En sesión abierta del Seminario de
Comercio Exterior, realizada en el auditorio Eduardo García
Máynez de esa entidad, académicos analizaron la
resolución del organismo internacional desde tres aspectos:
político, jurídico y económico.
Velázquez Elizarrarás calificó
de trascendente la decisión de la OMC, pero alertó sobre
el entorno político y jurídico en que ocurre el desenlace.
“Es una práctica de Estados Unidos no acatar las resoluciones
adversas del órgano de solución de diferencias”,
refirió.
Si EU no atiende la resolución, habrá
“mecanismos de retorsión”, lo que significa que
es probable que nuestro país tenga la posibilidad de adoptar
una medida equivalente al daño causado por no remover el embargo
al atún mexicano.
No obstante, el experto en comercio exterior
recordó la presión que ejercen los criterios y regulaciones
ambientalistas. “En este contexto, el problema con esta especie
tiene un componente legítimo que no debe olvidarse: aún
si la Unión Americana y su flota son responsables de la muerte
de miles de delfines, México también ha contribuido
a este infortunado suceso”.
Desde su perspectiva, las medidas estadounidenses
para proteger su mercado con pretextos ambientalistas, emprendida
hace 30 años, se fundamentaron “en una concepción
de leyes extraterritoriales, rechazadas en el organismo de resolución
de controversias”.
Asimismo, “la regulación protege
al método de pesca más que a los delfines, con el paradójico
resultado de que incluso si México ha alcanzado y superado
los estándares de protección a los que aspiraba la regulación,
le es negado el acceso al mercado del norte con recursos no avalados
por ningún sustento científico, sino por meros formalismos
e incluso en subterfugios de carácter legal”, señaló.
Según el jurista, el escenario inmediato
es cumplir con los requisitos legales; sin embargo, consideró
que al término de los 15 meses previstos, la parte estadounidense
no adoptará una medida consonante con el acuerdo de la OMC.
“Ese gobierno, por la presión
de grupos ecologistas, creará una modalidad a esas reglamentaciones
y seguirá la afectación, es decir, buscarán medidas
vigentes con el acuerdo sobre los obstáculos técnicos
al comercio, pero con mermas a las exportaciones del atún”.
Otro escenario posible, desde la perspectiva
del académico, es que el embargo se mantenga y que México
adopte el recurso jurídico de retorsión. La medida no
permitirá que el recurso se exporte a Estados Unidos, porque
nuestro país incrementará los aranceles a otros productos
estadounidense, en proporción al perjuicio causado”.
Orlando Pérez Gárate, también
integrante del Seminario de Comercio Exterior de la FD, expuso una
cronología crítica del proceso iniciado a principios
de los años 80, momento en que el gobierno estadounidense decretó,
unilateralmente, la suspensión a las compras de atún
mexicano, bajo criterios de protección a delfines que acompañan
los cardúmenes.
La historia documentó las inconformidades
de México en el GATT (siglas en inglés del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) hasta las condiciones actuales
de competencia.
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