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La explotación intensiva para lograr una mayor rentabilidad
de los yacimientos disponibles, implica el deterioro de los ecosistemas,
y afecta los derechos fundamentales de diversas comunidades en el
país, coincidieron expertos y académicos en la UNAM
La industria minera en el planeta alcanzó
un nivel de explotación histórica mundial, con repercusiones
ambientales, legales y generación de conflictos comunitarios
en México, coincidieron académicos y expertos en el
Seminario Megaproyectos mineros, devastación ambiental
y derechos humanos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
(IIJ) de la UNAM.
Este fenómeno se ubica en un contexto
de crisis mundial multidimensional. La demanda de metales en el orbe
avanzó de 100 millones de toneladas en 1900, a tres mil 500
millones de toneladas en la actualidad.
En los últimos años se han
agotado las vetas de rocas mineralizadas, y las que se extraen tienen
una proporción muy baja de metales como aluminio, cobre, hierro
y oro. Por ello, las tecnologías de extracción se han
transformado para lograr una rentabilidad más alta de yacimientos
de "baja ley".
Al respecto, Andrés Barreda, de la
Facultad de Economía (FE), sostuvo que el pico minero coincide
con el agotamiento de los recursos petroleros en el mundo, extinción
de la biodiversidad, declive de las reservas de agua dulce, incremento
de la acidez en los océanos, aumento de la luminosidad nocturna,
y cambio climático global.
Esto explica que el mundo viva una "fiebre
del oro" por la escasez mundial del metal, único valor
seguro de reserva para respaldar las monedas nacionales ante un escenario
de depreciación global. En 2007, la onza de 31 gramos se cotizaba
en mil dólares, para superar los mil 900, en 2011. “Esta
característica lo convierte en un recurso natural estratégico
extraordinario”, subrayó.
En el auditorio Héctor Fix-Zamudio
del IIJ, Marycarmen Color, de la oficina en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
subrayó que en el tema de los megaproyectos mineros, diversas
instancias internacionales están preocupadas por la libre determinación
de los pueblos y comunidades indígenas, en las esferas politica,
social y económica, como puede constatarse en el último
informe del relator especial para los derechos de estas poblaciones.
El objetivo y fin de las medidas requeridas
en nombre de sus integrantes es preservar su modo de vida tradicional
y garantizar que su identidad cultural, estructura social, sistema
económico, costumbres, creencias y tradiciones serán
respetados y protegidos por los estados, enfatizó.
Arturo Burnes, de la Universidad Autónoma
de Zacatecas, sostuvo que a partir del siglo XX, la minería
en la entidad implica desnacionalización, descapitalización
y deterioro ambiental. En Mazapil, municipio catalogado como uno de
los más pobres del país, se localiza la mina Peñasquito,
filial de Goldcorp, primera empresa productora de oro en México,
y la segunda de América Latina, expuso.
Al año, utiliza 13 millones de metros
cúbicos de agua, en una cuenca con capacidad de recarga de
10 millones. La explotación a cielo abierto genera diariamente
130 mil toneladas de desecho. Esto es ejemplo del deterioro ambiental
y del despojo a las comunidades, dueñas originales del recurso,
aseguró
En su oportunidad, Sergio Serrano, del movimiento
anti-megamineria tóxica Pro San Luis Ecológico, recordó
que existen concesiones para explotación minera en casi el
40 por ciento del territorio nacional, 800 proyectos autorizados,
lo que representa un escenario de conflicto.
En la entidad, ejemplificó, están
concesionadas 400 hectáreas a las empresas que se dedican a
esta actividad, con ampliaciones para otras cuatro mil en los próximos
años, lo que representará la extinción de la
biodiversidad. En 15 ó 20 años, esto significará
que grandes extensiones de tierra en el país no serán
útiles para otros fines, consideró.
Jorge Peláez, de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM), sostuvo que esos proyectos generan
presión sobre los territorios y una política de fomento
a la inversión privada, lo que lleva al saqueo de la riqueza
nacional, devastación ambiental, y a que las opiniones de ciudadanos,
pueblos y comunidades no sean tomadas en cuenta.
Entre 2001 y 2010 se extrajo el doble de
la cantidad de oro y la mitad de plata, de la producida en 300 años
de explotación colonial en el país. El modelo de desarrollo
actual excluye a las poblaciones de los dividendos generados, reciben
una mínima parte de las ganancias y toda la contaminación
y deterioro de su entorno, sin participar en las decisiones.
Por último, José Luis Abarca,
del movimiento anti-megamineria tóxica Rema-Chicomuselo, Chiapas,
informó que, del 2000 al 2010, se otorgaron 112 concesiones
mineras en la región. Del total, 19 por ciento pertenecen a
un consorcio canadiense.
Está dedicado a la extracción
de barita, titanio y hierro, y se localiza en el ejido Grecia, del
municipio referido, desde 2006. Desde su establecimiento no ha cumplido
con el compromiso de generar desarrollo económico, social y
sustentable, lo que ha derivado en conflictos comunitarios y deterioro
del tejido social.
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