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Al menos hay tres millones de personas entre cinco y 17 años
que realizan alguna actividad económica
• De acuerdo con la situación de pobreza de muchas
familias en México, podría ser un fenómeno
en aumento, porque lo que lleva a los casos más graves es
la necesidad, explicó Mónica González Contró,
secretaria académica del IIJ
• Es necesario el diseño de un marco legal e institucional
adecuado, que aborde el fenómeno en todas sus dimensiones,
dijo en el marco del Día del Niño
El trabajo infantil está presente
en prácticamente todos los sectores productivos, aunque en
condición de informalidad e ilegalidad por falta de una atención
integral. Aunque no hay estadísticas ni un seguimiento puntual,
de acuerdo con la situación de pobreza de muchas familias en
México podría ser un fenómeno en aumento, “porque
lo que lleva a los casos más graves es la necesidad”,
aseguró Mónica González Contró.
La secretaria académica del Instituto
de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, explicó
que pese a la prohibición al más alto nivel, las personas
menores de edad aún desempeñan actividades económicas;
por ello, es necesario el diseño de un marco legal e institucional
adecuado, que aborde el fenómeno en todas sus dimensiones.
En el marco del Día del Niño,
que se conmemora este 30 de abril, expuso que existe una correlación
entre un menor nivel de escolaridad de los padres y una mayor incidencia
de trabajo infantil, es decir, una relación directa con el
ciclo de la pobreza y la exclusión social.
González Contró recordó
que los derechos de este segmento se enfrentan con varios obstáculos.
En primer lugar, “tenemos un problema meramente formal, que
es su reconocimiento, porque en México el marco legal e institucional
es muy débil en relación con este tema”.
El artículo 4º Constitucional,
que reconoce los derechos de las personas menores de 18 años,
menciona salud, alimentación, educación y sano esparcimiento,
que es muy limitado en relación con la Convención sobre
los Derechos del Niño, instrumento internacional que contiene
un amplio catálogo de garantías que incluyen libertades,
derecho a la participación, al juego, y acceso a la justicia,
entre otros.
De hecho, precisó, como parte del
cumplimiento formal de los tratados internacionales, se ha establecido
la prohibición constitucional y en la Ley Federal del Trabajo,
de que los menores de 14 años puedan laborar, “pero no
es suficiente, deriva de una visión simplista, como si únicamente
con decretarlo, se erradicara el problema, y ello ha generado una
condición de vulneración mayor”.
El año pasado se publicó una
reforma constitucional, que en el artículo 73 reconoce facultades
al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos
de la infancia. Actualmente existe un proyecto de ley integral, pero
está mal formulada; fue planteada sin un proceso de consulta
previo con especialistas de la academia y de las organizaciones, y
carece de mecanismos para lograr la protección.
No contempla un marco institucional, es decir,
un órgano o entidad que se haga cargo del seguimiento. “La
iniciativa establece que el DIF será responsable, sin embargo,
es necesario tener una instancia diferente, porque la asistencia social
no es lo mismo que los derechos humanos”.
Aunque éstos se reconozcan en la Convención
y otras leyes, no son una realidad. Ello, a pesar de que la privación
de los derechos en la primera infancia, la infancia y la adolescencia
tiene consecuencias graves en lo que se refiere, por ejemplo, a nutrición
y educación. Así, se consolida la exclusión social,
que después es difícilmente reversible, sostuvo.
González Contró dijo que hace
falta un diagnóstico claro sobre las dimensiones. La Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo incluye un módulo de
trabajo infantil, “que nos da un primer acercamiento al diagnóstico
de lo que ocurre en México”.
Según ese estudio (2009), hay tres
millones de personas entre cinco y 17 años que realizan alguna
actividad económica. De ese total, el 28.4 por ciento tiene
entre cinco y 13 años, y 71.6 por ciento, entre 14 y 17. De
las personas menores de edad que laboran, 1.2 millones no asisten
a la escuela.
Casi 32 por ciento de los que trabajan lo
hacen 35 horas o más; 23 por ciento entre 15 y 34, y el 27
por ciento menos de 15 horas semanales. Esto “implica una clara
vulneración de sus derechos, porque no pueden asistir a las
aulas y tienen una sensible reducción del tiempo disponible
para realizar otras actividades”.
Los chicos trabajan, pero con una condición
necesaria de informalidad que implica mayor vulneración, en
sitios donde no se les ofrece ningún tipo de prestación
laboral, y las condiciones de simulación implican ilegalidad
y actuación al margen de la ley, abundó.
Laboran en “empresas” o negocios
familiares, sin ninguna protección. Su ocupación va
desde funciones domésticas que no les corresponderían
de acuerdo a su edad, como hacerse cargo del cuidado de la casa y
los hermanos (especialmente grave en el caso de las niñas),
hasta en sectores como la minería, que emplea a adolescentes
que llegan a sufrir accidentes graves y perder la vida.
Ello, junto con el trabajo en la calle, que
a pesar de haberse incorporado al paisaje urbano y de haber adquirido
una condición de “normalidad”, no deja de ser delicado,
o el agrícola, muchas veces disimulado por los patrones que
emplean a los padres y les pagan a destajo, lo que estimula que los
hijos ayuden, aunque se expongan a pesticidas o fertilizantes.
La Organización Internacional del
Trabajo, concluyó, ha catalogado como las “peores formas
de trabajo infantil” a la explotación sexual, la prostitución,
la esclavitud y la utilización de niños en tráfico
de estupefacientes, entre otros, “pero no es labor, sino explotación,
y más bien son delitos donde hay víctimas”.
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