• Inoperante para
su combate, la división “artificial” entre unos
y otros estupefacientes
• Regular los mercados requiere un cambio de paradigmas y
llegar a consensos entre economistas, médicos y abogados,
coincidieron especialistas reunidos en el Foro Internacional sobre
Políticas de Regulación del Consumo de Drogas
La tolerancia al consumo de las consideradas
drogas legales como el alcohol y el tabaco, e incluso la promoción
involuntaria de las mismas al interior de algunos hogares, es la raíz
de la honda problemática del consumo de estupefacientes en
nuestro país, coincidieron expertos en el Foro Internacional
sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas,
que se realiza en la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM.
Al refrendar que las adicciones son un problema
de salud pública en México, Carmen Fernández
Cáceres, directora General de los Centros de Integración
Juvenil A.C, mencionó la alta densidad poblacional como uno
de los factores macrosociales que facilitan la constitución
de un consumidor de sustancias psicoactivas. Añadió
otros agentes como la composición de la estructura familiar,
la ausencia y sobreinvolucramiento de, o con alguno de los padres,
así como el abuso sexual.
En la mesa Marco general de la problemática
social vinculada al consumo ilícito de drogas y de las adicciones,
moderada por Manuel Gil Antón de El Colegio de México,
intervino Adalberto Santana Hernández, director del Centro
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC)
de la UNAM, quien subrayó que fue hasta los años 30
del siglo pasado el momento en que se reconoció al uso, consumo
y dependencia de drogas como un problema social en México y
Latinoamérica.
En su intervención, Manuel Villegas
Ortega, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (FCPyS), pidió discutir la modificación
del régimen prohibicionista que sólo aporta a la marginación
e invisibilización de los usuarios de algún estupefaciente.
“Debe combatirse su estigmatización y criminalización
para avanzar en la solución”, puntualizó.
Por su parte, Verónica Martínez
Solares, directora de planes de investigación en Proyectos
Estratégicos Consultoría, destacó que son escasas
las iniciativas que se desarrollan con la participación de
la juventud. Explicó que, según el muestreo realizado
por la organización a la que pertenece, es entre 10 y 11 años
la edad de iniciación de los mexicanos en drogas legales e
ilegales, principalmente con alcohol, tabaco, mariguana e inhalación
de solventes.
Para Jorge Hernández Tinajero, presidente
del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD),
la tolerancia cultural al alcohol y el tabaco es la raíz. Se
requiere construir un lenguaje común, es decir, abolir la división
artificial que existe entre las consideradas legales e ilegales.
Cambio de paradigmas para regular mercados
Regular los mercados requiere un cambio de
paradigmas y llegar a consensos entre economistas, médicos
y abogados, destacaron expertos reunidos en la mesa Marco general
de la problemática económica del consumo ilícito
de drogas y de las adicciones, moderada por Rolando Cordera Campos,
profesor emérito de la Facultad de Economía (FE) de
la UNAM.
Francisco Thoumi, experto colombiano en temas
de economía pública de las drogas y co-editor de la
revista Razón Pública, propuso crear un seguro contra
las consecuencias de las adicciones, que se pague con parte de los
impuestos, y llegar a acuerdos para tratar a diferentes tipos de manera
específica. Recordó que el alcohol y el tabaco son responsables
de ocho millones de muertes al año en el mundo, cifra que rebasa
las víctimas por consumo de cocaína, marihuana y peyote.
Ángela Hawken, profesora asociada
de Economía y Análisis de Políticas en la Escuela
de Políticas Públicas de la Universidad de Pepperdine,
Estados Unidos, destacó que la justicia criminal, el gasto
en salud y la pérdida de productividad por consumo son tres
elementos que afectan a las economías. Para gastar menos, propuso
implementar tratamientos fuera de las cárceles para quienes
delinquen bajo el influjo de los estupefacientes, con lo que se reducirían
costos en los penales y se priorizaría la rehabilitación.
Bernardo González-Aréchiga
Ramírez-Wiella, coordinador nacional de la Escuela de Graduados
en Administración Pública y Política Pública
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), destacó la propuesta del gobierno de México
para crear un modelo de pago por droga erradicada, decomisada e incautada,
así como uno de reducción del consumo. Propuso definir
una nueva estrategia, con un enfoque amplio de regulación no
sólo de oferta y demanda, sino de la estructura del Estado.
Peter Reuter, profesor de la Escuela de Políticas
Públicas y del Departamento de Criminología de la Universidad
de Maryland, Estados Unidos, indicó el drástico aumento
en la producción de mariguana en México, que se triplicó
entre los años 2000 y 2005 para alimentar el mercado de la
Unión Americana. Muchos cálculos, como el que señala
ganancias mexicanas de 14 mil millones de dólares en 2005 por
comercio de marihuana y cocaína, son cifras con “valor
ceremonial” que no tienen sustento.
Prohibición, más grave que
el consumo mismo
La prohibición del consumo de estupefacientes
es un problema aún más grave que el consumo mismo, manifestó
Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE). El también académico
de la Facultad de Derecho (FD) argumentó que no existen cifras
que demuestren que la prohibición haya disminuido las adicciones,
porque México no cuenta con una política pública
integral. “Hasta el 2011 el gobierno federal erogó 16
pesos para represión y prohibición, por sólo
un peso para prevención y tratamiento”, enfatizó.
En su oportunidad Antonio Mazzitelli, representante
regional de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito
(ONUDC) para México, Centroamérica y el Caribe, indicó
que el problema no son éstas, sino el accionar de las organizaciones
criminales. Las dificultades son el sistema y los actores, no el producto,
pues no existe relación directa entre los estupefacientes y
la violencia. Lamentó que las políticas sólo
se enfoquen desde el punto de vista militar y policiaco, y no de la
salud.
En la mesa Marco general de la problemática
jurídica relacionada con el consumo de drogas, moderada
por Ismael Eslava, director General de Estudios de Legislación
Universitaria de la UNAM, intervino Cristian Puga González
de ReverdeSer Colectivo, quien consideró que el abordaje de
combate en cada tipo de droga debe ser diferenciado. Añadió
que la adicción tiene algo de esclavitud al estar relacionada
con la abstinencia como forma de coerción.
Finalmente, Eduardo Guerrero Gutiérrez,
de Lantia Consultores S.C., experto en temas de violencia, seguridad
y crimen organizado, estimó que en el país existen 60
mil personas dedicadas al narcomenudeo, de las que nueve mil se avecinan
en el Distrito Federal. “El 30 por ciento de las ejecuciones
por esta práctica se realizan en esta urbe”. Estimó
que fue en mayo de 2008, la fecha en que inició el contexto
violento en territorio nacional, que se desplaza aún del norte
al centro de la República.
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