• El grupo Hacia un nuevo curso
de desarrollo, presentó el documento “Por una política
de crecimiento sustentable y protección social universal”,
que contiene 103 propuestas específicas sobre el replanteamiento
de la estrategia económica seguida por México en las
últimas décadas
• Se refiere que en el último decenio, la pobreza aumentó
en el país en 15 millones de personas, y que la nación
es una de las más desiguales del mundo
• Será entregado a los candidatos presidenciales, a
las cámaras del Congreso de la Unión y a los empresarios
Durante 2012 y los próximos años,
México deberá hacer frente a un entorno económico
y financiero internacional en extremo desfavorable. Las previsiones
para este año apuntan a otro bienio de estancamiento o crecimiento
muy modesto, sobre todo en los países avanzados, en los que
persistirán las altas tasas de desempleo. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) estima en 200 millones el número
actual de desocupados en el mundo, de los que más de un tercio
son jóvenes.
Ante este panorama, y bajo la premisa de
que existe la necesidad de construir un curso de desarrollo diferente
para el país, el grupo de especialistas mexicanos denominado
Hacia un nuevo curso de desarrollo, dio a conocer el documento
“Por una política de crecimiento sustentable y protección
social universal”.
En conferencia de medios, Rolando Cordera
Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía
(FE) de la UNAM, leyó una síntesis del texto, que contiene
103 propuestas específicas, y donde se afirma que México
debe tener un crecimiento sustentable mayor al de los últimos
tres decenios para generar excedentes que sustenten una redistribución
sostenida del ingreso y oportunidades de un régimen de protección
social.
Cordera informó que la propuesta será
entregada a los candidatos presidenciales, a las cámaras del
Congreso de la Unión, y a los empresarios.
También, el texto considera que es
preciso fortalecer la formación de capital y crecer a tasas
significativamente mayores para asegurar un ritmo suficiente de creación
de empleo. Un millón de fuentes laborales formales al año
para absorber la nueva fuerza de trabajo, demandaría crecer
a una tasa superior al seis por ciento anual.
De acuerdo con los expertos, es necesario
establecer estrategias que combinen un crecimiento sostenido del salario
real con aumentos mayores de la productividad. El componente complementario
tendrá que ser un nuevo salario social que siente las bases
de una redistribución consistente por la vía fiscal,
de creación de bienes públicos -en especial en salud
y educación- y de protección social generalizada.
En materia de educación, ciencia y
tecnología, el documento refiere que el gasto federal en la
primera representa el 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB),
monto similar al que se destinaba en 1980 (3.7 por ciento) y muy por
debajo del ocho por ciento que debería canalizarse por el Estado,
de acuerdo al artículo 25 de la Ley General de Educación.
El limitado nivel de recursos afecta a todos
los segmentos, y en la actualidad, el nivel por alumno en México
es muy inferior al promedio de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En este contexto, consideran necesario establecer
a la educación como derecho básico, efectivamente ejercido,
y el diseño de una reforma integral que abarque desde la primaria,
hasta los estudios universitarios. Además, aseguran que se
requiere una auténtica política de Estado en la materia.
Respecto a la ciencia y la tecnología,
sugieren que deberían concentrar la elaboración de proyectos,
la canalización de recursos e incluir, por lo menos, los siguientes
temas: seguridad alimentaria; seguridad energética y cambio
climático; salud pública y transición epidemiológica,
e infraestructura.
El país cuenta, como nunca antes,
con recursos humanos de alto nivel. No obstante, hay pocos espacios
en los centros de investigación para la incorporación
de los científicos jóvenes.
Reforma hacendaria integral
También proponen realizar una reforma
hacendaria integral que incluya cambios en materia de gasto, ingreso
y crédito, y promoverla de manera coordinada en los tres niveles
de gobierno. Así, sugieren que para eliminar gastos superfluos
y onerosos deben recortarse las abultadas estructuras administrativas.
Además, el incremento en los recursos
deben canalizarse al combate efectivo a la pobreza; a garantizar el
acceso real a la salud de calidad para todos los mexicanos; a la educación,
con el fin de mejorar la calidad, la infraestructura y los servicios
escolares; al desarrollo científico y tecnológico; a
la construcción y rehabilitación de infraestructura
básica en agua, energía, transportes y comunicaciones,
y al desarrollo rural.
Tiene que aspirarse a que el volumen de gasto
del Estado mexicano alcance el 35 por ciento del PIB en 2018. La inversión
pública requiere duplicarse de sus niveles actuales de cuatro
o cinco por ciento.
Mayores tasas para quien más gana
En el rubro de reforma tributaria, se propone
elevar la progresividad para las personas físicas y llevar
la tasa marginal máxima a niveles no inferiores a la media
actual de los demás países de la OCDE, y aumentar el
número de tramos de la tarifa, así como establecer una
sobretasa extraordinaria aplicable al uno por ciento de los perceptores
de más alto ingreso.
En cuanto a las empresas, se aplicaría
un gravamen sobre la renta sin importar tamaño, localización
o rama de actividad. Una tasa única sobre las utilidades, comparable
al promedio de los países de la OCDE, con tratamiento especial
para las PYMES.
En el área de desarrollo productivo,
plantean la elaboración de un plan de desarrollo industrial
con lineamientos en torno a la expansión del mercado interno,
incluida una amplia participación de la inversión pública
y privada; buscar nuevas oportunidades de inserción dinámica
de las manufacturas mexicanas en el exterior y renovar las políticas
de comercio exterior.
México es un país que crece
lenta y desigualmente, con enormes contrastes y un gran rezago en
diversas regiones, especialmente en el sur. Además, desaprovecha
el vasto potencial de su extenso litoral. Por lo tanto, tiene que
cerrar las brechas que caracterizan su desarrollo regional con una
visión que coordine a los tres niveles de gobierno, e incluya
programas específicos de mediano y largo plazo. En la última
década en el país, la pobreza aumentó en 15 millones
de personas, y la nación mexicana es una de las más
desiguales del mundo.
Desbordamiento de la informalidad
El grupo Hacia un nuevo curso de desarrollo
está integrado por Eugenio Anguiano Roch, Ariel Buira
Seria, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Rolando
Cordera Campos, Saúl Escobar Toledo, Gerardo Esquivel Hernández,
Carlos Heredia Zubieta, David Ibarra Muñoz, Leonardo Lomelí
Vanegas, Mauricio de Maria y Campos, Ciro Murayama Rendón,
Jorge Eduardo Navarrete, Jaime Ros Bosch, Norma Samaniego Breach,
Jesús Silva-Herzog Flores, Francisco Suárez Dávila,
Carlos Tello Macías y Enrique del Val.
En la conferencia de medios, donde participaron
algunos de sus integrantes, Norma Samaniego señaló que
en el documento se pone especial énfasis en el problema del
empleo. “Estas tres últimas décadas de muy débil
crecimiento han desembocado en una baja creación del formal
y un desbordamiento de la llamada informalidad”.
Leonardo Lomelí, director de la FE,
dijo que el grupo está a favor de que se reduzca gradualmente
el subsidio a los energéticos, por consideraciones redistributivas
y ambientales. También, “estamos a favor de una política
de subsidio verde que canalice recursos al ámbito rural para
aumentar la producción de alimentos, y como pago de servicios
ambientales a las comunidades que preservan los bosques y selvas”.
A su vez, Ciro Murayama, profesor de la FE,
destacó la necesidad de implementar una política educativa
que atienda a todos los niveles, pero también invierta en ciencia
y tecnología, donde actualmente se invierte el 0.4 por ciento
del PIB, aunque la Ley de Educación señala que se debe
invertir el uno por ciento.
Por su parte, Carlos Tello, también
académico de la FE, indicó que se hace una serie de
propuestas no sólo en los tributos existentes como renta y
valor agregado, sino también propone otros que pueden ayudar
a financiar la economía nacional.
En su oportunidad, Cuauhtémoc Cárdenas
sostuvo: “lo que planteamos es un camino posible para el país
y partimos de que no está destinado a seguir en la situación
actual, es decir, no puede seguir deteriorándose social y económicamente,
sin rumbo en su desarrollo. Entonces, consideramos que la transformación
es posible con los cambios que proponemos”.
En tanto, Enrique del Val, secretario Administrativo
de la UNAM, destacó que también contiene una propuesta
en materia de seguridad que está en consonancia con la que
planteó hace unos meses esta casa de estudios.
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