• De esa cantidad, 13 millones
son independientes, profesionistas y/o contratados por honorarios,
que no tienen derechos sociales
• En 14 años, el sistema de pensiones ha profundizado
el déficit de las instituciones de seguridad social y ha
hecho ganar a las afores; las condiciones se agudizarán de
manera grave en esta década, consideró Berenice Ramírez
López del IIEc de la UNAM
En México, de las 44 millones de personas
que conforman la Población Económicamente Activa (PEA),
poco más de 26 millones laboran en la informalidad y sin seguridad
social, según cifras proporcionadas por Berenice Ramírez
López, académica del Instituto de Investigaciones Económicas
(IIEc) de la UNAM.
“De esos 26 millones, la mitad se halla
en lo que se conoce estrictamente como el sector informal, el resto
está compuesto por profesionistas, entre otros, que laboran
por cuenta propia o que están adheridos a los ámbitos
gubernamental, financiero o comercial que tienen contrataciones por
honorarios, pero que tampoco cuentan con protección social”,
expuso.
La integrante de la Unidad de Investigación
en Economía Política del Desarrollo del IIEc, precisó
que en nuestro país sólo 18 millones de personas -registrados
en el IMSS y en el ISSSTE-, están incluidas en el sistema de
pensiones.
“El gobierno mexicano tiene que cumplir
no sólo la Ley Federal del Trabajo, sino el Convenio 105 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que
se compromete a darle protección social y laboral a todos los
trabajadores”.
Se busca pensión
A partir de las modificaciones legales realizadas
al IMSS en materia de pensiones, en las que desde el 1 de julio de
1997, se adoptó el modelo de capitalización individual
de administración privada, las instituciones de seguridad social
se han postrado en una profunda crisis.
“Si las condiciones no se modifican,
se agudizarán de manera muy grave en esta década: tendremos
viejos pobres sin pensiones, ni seguridad social, donde el Estado
quizá, para evitar confrontaciones políticas, tendrá
que gastar para darles algo que provendrá de impuestos generales.
En este momento, los recursos que manejan las afores, les han dejado
una alta rentabilidad”, agregó.
La especialista del IIEc, detalló
que sólo el 20 por ciento de los mexicanos mayores de 65 años
cuentan con una pensión, aunque el monto de la misma, en el
90 por ciento de los casos, es de un salario mínimo.
Ramírez López previó
mayores dificultades con ese esquema porque nuestro país se
halla en una transición demográfica muy acelerada. “En
este momento, los adultos de 65 años representan el 9 por ciento
de la población total, pero en el 2050, constituirán
el 25 por ciento”, precisó.
Formato inadecuado
“Ha habido mucha mediatización
de que las reformas solucionaron los problemas y no es cierto, porque
se ha profundizado el déficit de las instituciones de seguridad
social”.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar),
registra más de 40 millones de cuentas, aunque sólo
se tengan alrededor de 18 millones de trabajadores activos, porque
hay trabajadores que abrieron una cuenta y nunca más volvieron
a aportar.
“Tenemos 14 años con este sistema
(Capitalización individual de administración privada)
y este tiempo ha sido de profunda crisis, se considera que 20 millones
de cuentas, no tienen aportaciones en los últimos dos años
y la aportación que regresará al trabajador al momento
de cumplir 65 años será mínima, porque no tendrá
derecho a una pensión, en virtud de que no cumplió con
las mil 250 semanas”, explicó.
Soluciones
La investigadora del IIEc, consideró
que se requiere realizar un diagnóstico inmediato, y abrir
la información de las instituciones.
“El problema es que este sistema de
capitalización individual de administración privada,
busca una rentabilidad y le han cobrado al trabajador comisiones muy
altas. En promedio, por cada peso que aportan, solamente 80 centavos
entran a ese orden”.
Un elemento fundamental que debe integrarse,
según Ramírez López, es incentivar la creación
de pensiones no contributivas.
“Se han creado ‘programitas’
que mantienen la disparidad salarial y la segmentación social,
por lo que urge la creación de una política social integral;
además tienen que discutirse las reformas paramétricas,
es decir, hay que mover las edades de los pensionados, porque al cerrarse
los institutos de seguridad social, la esperanza de vida era de 50
años y ahorita estamos en 76”, concluyó.
-o0o-
