• Actualmente, menos del 20 por
ciento de quienes son mayores de 65 años disfrutan de una
pensión, señaló Berenice Ramírez López,
del IIEc de la UNAM
• Se observa una fuerte participación de las mujeres
en actividades informales vinculadas a talleres familiares, labor
doméstica y comercio ambulante
De concretarse en el país una eventual
reforma laboral que no garantice seguridad social, habría amplios
sectores de la población en pobreza extrema y podría
elevarse el riesgo de desarticulación social, advirtió
Berenice Ramírez López, especialista del Instituto de
Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.
Luego de considerar algunas prerrogativas
del trabajo asalariado en México, como el derecho a una pensión,
señaló que actualmente menos del 20 por ciento de la
población mayor de 65 años disfruta de esa prestación,
que ha favorecido a trabajadores formales urbanos con empleos estables;
sin embargo, aquellos que laboran en la informalidad, no cuentan con
ningún tipo de protección.
En el país no hay una identificación
clara entre el trabajo formal e informal, aunque organismos internacionales
como la Organización Internacional del Trabajo han avanzado
en su precisión, que incluye del clásico sector de los
ambulantes, por cuenta propia y domésticos, entre otros, a
los que, aún en el sector formal, no tienen seguridad social
ni prestaciones.
Muchos de los asalariados, subordinados a
un patrón, son informales, por carecer de estas últimas
condiciones que, frente a riesgos de enfermedad, incapacidad o accidentes,
no tienen ninguna protección, precisó Ramírez
López.
De acuerdo con la investigadora, al finalizar
2010, se contabilizaron 17 millones de trabajadores formales y 26
millones informales. Esto los hace aún más vulnerables,
no sólo por su bajo ingreso –que no ha tenido crecimiento
real en los últimos 30 años–, sino por carecer
de posibilidades reales para cubrir riesgos.
De esos 26 millones, 13 millones son de la
vía pública, de las empresas micro familiares o por
cuenta propia. Hay una cifra aún más grande, que rebasa
los 13.5 millones de asalariados sin protección, en todos los
sectores, desde el manufacturero hasta el gubernamental, cuya contratación
es por obra determinada o por honorarios, que ha crecido en los últimos
años.
Asimismo, prosiguió, otro factor que
alienta la informalidad es la contratación vía outsourcing,
que tampoco ofrece prestaciones.
Mujeres en el empleo informal
Otro rasgo es el crecimiento de la incorporación
de las mujeres al trabajo asalariado. Debido a que por su condición
no realizan jornadas completas y son más susceptibles de contratarse
por tarea específica u honorarios, aumenta su vulnerabilidad.
Además, se observa una fuerte participación en las actividades
vinculadas a talleres, trabajo doméstico o al comercio ambulante.
Al aumentar su incursión en el empleo
informal, deben considerarse los efectos de la reforma a las instituciones
de seguridad social (como al IMSS, donde están inscritos los
empleados del sector privado), y hacer frente a requisitos de mil
250 semanas de cotización para tener derecho a una pensión
garantizada. Con la desprotección y movilidad laboral actual
pocas cubren los requisitos.
Si no tienen una ocupación que les
permita cotizar, llegará el tiempo del retiro, pero no podrán
acceder a la prerrogativa, advirtió la economista.
En el caso de las mujeres, la capitalización
individual profundiza la inequidad, porque se les pide menor tiempo
de trabajo, aunque su esperanza de vida es más alta.
De continuar ese tipo de contratación
y de no rectificarse el modelo adoptado (capitalización individual,
administrado por empresas privadas que buscan rentabilidad), esta
prestación, además de menor, no la obtendría
quien no reúna los requisitos de tiempo y montos, abundó.
Esa situación podría agudizar
la desarticulación social y la pobreza en la vejez, un riesgo
de no visualizar el impacto de reformas como las que han sufrido las
pensiones, en un mercado de trabajo segmentado y en una sociedad desigual,
concluyó.
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