• Las medidas orientadas a implementarlo
redefinieron el aparato estatal, en función de los intereses
de nuevos actores sociales, explicó Irma Sandoval Ballesteros,
del IIS de la UNAM
Las reformas de mercado en naciones emergentes
trajeron como resultado el retiro del Estado de la economía,
reconfiguraron su estructura y dieron nuevo rumbo a sus funciones
en este ámbito, aseveró Irma Sandoval Ballesteros, del
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de esta casa de estudios.
En el libro Crisis, rentismo e intervencionismo
neoliberal en la banca: México (1982-1999), la especialista
analiza las estrategias económicas impulsadas en las tres últimas
décadas en naciones en desarrollo, a partir de la comparación
de tres momentos en la historia del sistema financiero mexicano.
“El neoliberalismo no debe entenderse como un modelo económico
con implicaciones políticas, sino como un proyecto político
de consecuencias económicas”, subrayó la también
coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis
de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM.
En el texto, con el que obtuvo el primer
lugar del premio Manuel Espinosa Iglesias, Sandoval Ballesteros
expone que las reformas al sector bancario de 1982, 1992 y 1995, redefinieron
el aparato estatal y el poder político, en función de
los intereses de nuevos actores sociales.
Estudio comparativo
Para responder a la crisis internacional
de la deuda externa y controlar la fuga de capitales, en 1982 el gobierno
mexicano nacionalizó la banca en el país.
Esta “nacionalización privatizadora”
no obedeció a un esquema de planificación, sino a lógicas
de poder imperantes en el aparato estatal. “Significó
un golpe de timón que no empujó el desarrollo económico
y financiero del país”, explicó la tutora del
Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
La medida fue revertida en los años
posteriores, con la apertura de casas de bolsa, que constituyeron
un sistema de financiamiento paralelo, lo que significó la
sustitución de los banqueros por nuevos agentes económicos:
los operadores bursátiles o casabolseros.
En 1992, expuso, este sector emergente, que
sustentó su poder económico en la especulación
financiera, fue favorecido con la privatización de las instituciones
bancarias, en un movimiento que buscaba legitimidad política.
Esta “privatización protegida”,
en montos equivalentes hasta en siete veces su valor en libros, significó
la alianza entre las élites económicas y políticas
del país y el respaldo a prácticas especulativas ejercidas
por la nueva clase financiera, sostuvo.
En este proceso, las bases sociales de apoyo
político se trasladaron desde la ciudadanía y organizaciones
campesinas, obreras y populares, hacia corporaciones y, en particular,
a empresas vinculadas con mercados financieros internacionales.
En 1995 se organizó un rescate financiero
a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(FOBAPROA), para salvar a los banqueros de la bancarrota, generada
por la crisis económica de 1994.
Tal “nacionalización privatizadora”
significó conflictos de interés y colusión entre
agentes gubernamentales y financieros, generó diversas irregularidades
y consolidó el rol del Estado como soporte de la banca.
Cuatro años después, los pasivos
del organismo se convirtieron en deuda pública. “Cada
año se asignan a este rubro partidas equivalentes al 20 por
ciento del PIB”, refirió la experta en transparencia
y rendición de cuentas.
El manejo financiero y bancario en México
entre 1982 y 1999, demuestra que las reformas económicas no
significaron un repliegue del Estado, sino impulsaron su intervención
en la configuración de nuevas clases.
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