• Las políticas públicas
deben considerar la protección social de los niños
como una responsabilidad moral, en especial si los padres viven
en pobreza y falta de educación, dijo María de los
Ángeles Marina Adame Gayosso, estudiante de la maestría
en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de
la UNAM
• México ocupa el primer lugar mundial en obesidad
infantil, pero 33 mil escuelas no cumplen con la regulación
de venta de alimentos en sus instalaciones
La obesidad infantil es un asunto de bioética,
y desde esta disciplina, debe impulsarse la protección social
que los niños merecen por parte del Estado, planteó María
de los Ángeles Marina Adame Gayosso, estudiante de la maestría
en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la
UNAM.
Con un novedoso abordaje en su tesis de posgrado,
la psicóloga propuso que el cuidado de los pequeños se
considere como una responsabilidad moral del Estado, y no solamente
como una obligación de los padres de familia.
La inclusión en las políticas
públicas debería tomar en cuenta que, muchas veces, los
padres están limitados por la marginación y la falta de
acceso educativo, lo que hace a los infantes doblemente vulnerables.
“En mi opinión, el mayor reto
ante la creación y evaluación de una política pública
en este ámbito no es la identificación clara de los objetivos,
ni de los actores implicados, sino la implementación de una estrategia
correcta y efectiva, planteada desde la bioética”, sostuvo.
La primera limitante es la salud pública,
porque no es posible abordarla con el mismo enfoque que la individual;
por lo tanto, los dilemas y retos son diferentes.
“Ante esta situación, Schramm
y Kottow (2001) proponen un principio de protección, porque lo
consideran el más adecuado para enfrentar los problemas morales
relacionados con la salud pública, capaz de generar acuerdos
entre salubristas y eticistas en el momento que enfrentan conflictos
que no pueden satisfacerse con el uso del modelo principialista”,
explicó.
A diferencia de la biomedicina clínica,
señalan los autores, el referente universal de la salud pública
son las medidas colectivas de prevención, que no necesariamente
pasan por la relación interpersonal entre médico y paciente.
En el caso del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria
(ANSA), estas medidas son propuestas por la Secretaría de Salud
e implementadas en las escuelas, y en ningún momento existe una
relación interpersonal; de hecho, son preventivo-correctivas
de tipo colectivo, detalló.
Se refieren a poblaciones humanas y a sus contextos
socio-ambientales, por un lado, y a instituciones públicas responsables
por la implementación de políticas de prevención
y promoción de salud, por el otro. El agente coordinador es la
Secretaria de Salud, que cuenta con el apoyo del Estado para garantizar
el cumplimiento de los objetivos del ANSA en las escuelas. De esta forma,
la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene
un papel fundamental en esta política.
Incumplen escuelas regulación
En su tesis, la psicóloga cita datos
oficiales que refieren que el 85 por ciento de las escuelas de educación
básica en el país ha cumplido con los lineamientos para
la venta de alimentos y bebidas. “Pero no puede pasar desapercibido
que falta un 15 por ciento, es decir, 33 mil escuelas en las que no
se ha aplicado esta normatividad”.
Adame Gayosso consideró que la regulación
no es el único aspecto que se debe evaluar, pues también
se habla de aumentar el consumo de agua simple y aumentar la actividad
física. En cuanto a esta última, se conoce que, al menos,
70 por ciento de los escolares no se ejercita y consume en el recreo
433 calorías, es decir, 1.6 veces más de lo que debería.
Estos datos coinciden con la información
proporcionada por Fernando Álvarez del Río, titular de
la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría
de Salud, en cuanto a que en el país uno de cada cuatro pequeños
tiene sobrepeso.
La psicóloga se cuestionó por
qué pese a la puesta en marcha del ANSA la nación sigue
con cifras alarmantes de obesidad. “Una razón es que para
acceder a productos sanos y de calidad se requiere dinero, y las familias
más desfavorecidas se ven limitadas por sus recursos, lo que
las condiciona a la ingesta de comida con altos niveles de azúcar
y grasas, que es más barata.
“Por ejemplo, mientras que los refrescos
en una década subieron de precio un 58 por ciento, y los chocolates
y golosinas lo hicieron en un 67 por ciento, las frutas y verduras superaron
el 124 por ciento en el mismo lapso”, finalizó.
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