• Conclusiones de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional:
legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del
Estado, elaborada por expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas
• Más del 50 por ciento de los entrevistados considera
que la situación del país empeorará dentro de
un año
• Siete de cada 10, a favor de convocar un Congreso Constituyente
para elaborar una nueva Constitución
• En una escala de calificación de 0 a 10, las universidades
públicas son las mejor calificadas con 7.1, seguidas de los
maestros y el ejército
Corrupción, impunidad e intereses extra-legales
impiden que la justicia funcione en México, según los
resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional:
legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado,
elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas
(IIJ) de la UNAM. El estudio replica la primera encuesta al respecto
levantada en 2003.
El análisis realizado indica que los
tipos de relaciones establecidas desde hace tiempo entre el ciudadano
y los gobernantes impiden el cumplimiento y respeto de las leyes, lo
que ha implicado el deterioro de las instituciones y su legitimidad,
cuya restauración requiere un rediseño del Estado.
Los mecanismos de control del sistema político
como pactar, ceder, negociar y repartir espacios de poder, permean el
campo de la legalidad y obediencia a la ley, en un sistema donde su
cumplimiento puede tolerar o alentar altos niveles de impunidad.
La encuesta fue dirigida por el Héctor
Fix-Fierro, titular del Instituto, y fue coordinada por la Julia Flores,
responsable del Área de Investigación Aplicada y Opinión
de la entidad universitaria, y con la participación de investigadores
del IIJ, como Diego Valadés y Sergio López Ayllón,
además de los expertos del Área de Investigación
Aplicada y Opinión.
Metodología
La encuesta nacional se aplicó durante
el mes de mayo a dos mil 208 personas de 15 años y más
en sus viviendas. Tiene un nivel de confianza del 95 por ciento, con
un error máximo de más/menos 2.85 puntos porcentuales.
Para comparar los datos obtenidos, se dividió al país
en cuatro regiones.
Panorama nacional
La situación actual del país
es calificada como muy negativa por los entrevistados. Siete
de cada diez expresaron que en relación con el 2010 empeoró,
o sigue mal, y más de la mitad tiene perspectivas pesimistas
para el próximo año. En 2003, fecha de la primera encuesta,
la opinión tenía como referente el incremento de crímenes
como el robo o el secuestro. Hoy, son la violencia generalizada y la
delincuencia organizada.
Respecto a la situación política,
casi la mitad de los participantes en 2003 y 2011 la describieron como
preocupante; uno de cada seis, la calificó de peligrosa.
Sistema de Justicia
Los encuestados afirmaron que la justicia en
México no funciona adecuadamente por la corrupción, la
impunidad y la presencia de intereses extra-legales. Así, casi
cinco de cada diez (47.7 por ciento) señalaron que su funcionamiento
no es el idóneo y el 22 por ciento ubicó en la corrupción
el problema principal en su impartición.
Casi seis de cada diez entrevistados (55.8
por ciento), afirmaron que los derechos humanos se respetan poco o nada
en México.
La mitad valoró al amparo como medida
de defensa legal poco efectiva frente al gobierno.
Seis de cada diez, señalaron que los
juicios orales mejoran poco o algo la impartición de justicia
en el país.
Constitución
Siete de cada diez entrevistados aprobarían
la convocatoria de un Congreso Constituyente para elaborar una nueva
Carta Magna.
Cinco de cada diez consideraron que la Constitución
que tenemos actualmente ya no responde a las necesidades del país,
principalmente quienes tienen más escolaridad y viven en la región
centro.
Estado de Derecho y respeto a la ley
El 36.3 por ciento consideró que los
políticos son quienes violan más las leyes, seguidos de
los policías, con un 21.9 por ciento de opiniones desfavorables.
Con respecto a la aplicación de justicia
por su propia mano el 51. 8 por ciento afirmó que los integrantes
de una comunidad “no tienen derecho” a tomar en sus manos
la aplicación de la justicia si un hombre comete un asesinato
y las autoridades no actúan. En contraste, más de tres
de cada diez creen que “si tienen el derecho” o lo tienen
en parte.
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
Seis de cada diez encuestados están
de acuerdo con la revocación del mandato presidencial, en caso
de que el Ejecutivo infringiera la Constitución.
En la misma proporción, valoraron que
en ocasiones es “bueno” para el país que el Congreso
de la Unión se oponga a las medidas del Ejecutivo. Dos de cada
diez, lo consideraron como “muy malo”.
El 51.7 por ciento calificó como positiva
la mediación de la Suprema Corte de Justicia en conflictos entre
los otros dos poderes.
Seguridad pública
Cerca de siete de cada diez entrevistados aprobaron
la frase “en algunos casos no estoy dispuesto a apoyar las políticas
del gobierno”, mientras que 28.7 por ciento estuvo en desacuerdo.
El 75.7 por ciento consideró que debería transparentarse
la información relacionada con la lucha contra el narcotráfico.
Un 54.8 por ciento respondió que se
pueden respetar los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia
organizada. Por el contrario, tres de cada diez afirmaron que tales
garantías no pueden observarse en esta tarea.
Nueve de cada diez rechazaron ser investigados
sin orden judicial en su hogar o ser despojados de sus documentos personales;
dos de cada tres, a permitir que escucharan sus conversaciones telefónicas.
El 57.1 por ciento consideró que los
diputados deberían autorizar al presidente el uso de las fuerzas
armadas para mantener la seguridad del país; el 66.3 por ciento
aseveró que un toque de queda ayuda, o ayudaría en parte,
a reducir la inseguridad.
Ocho de cada diez consideraron que la gente
no está protegida contra el abuso de la autoridad, tanto en la
encuesta del 2003 como en la actual.
Uno de cada tres manifestó temer más
al robo con violencia, al 27. 2 por ciento le preocupó ser víctima
del narcotráfico y dos de cada diez expresaron su miedo al abuso
de las fuerzas de seguridad pública.
Confianza en actores políticos y sociales
En este rubro, en una escala de 0 a 10, las
universidades públicas obtuvieron el promedio más alto,
de 7. 1 puntos; seguidos por el ejército y los maestros; mientras
que los partidos políticos, los diputados y la policía,
ocuparon los últimos sitios de la escala.
Seis de cada diez personas consideraron que
los gobernadores y los presidentes municipales hacen “poco”
caso al ciudadano, mientras que poco más de la mitad cree que
los jueces y magistrados incurren en la misma falta. En el caso del
presidente de la República y los legisladores, dicho porcentaje
se reduce a menos del 50 por ciento.
Reforma política
Al plantearse el escenario de una elección
presidencial muy cerrada, cuatro de cada diez entrevistados opinaron
que debería declararse ganador al partido con más votos;
el 31.1 por ciento consideró pertinente una nueva elección
entre los dos primeros lugares y el 23.7 por ciento eligió el
recuento de votos.
En el tema de la reelección, más
de la mitad rechazó la posibilidad de reelegir al presidente
de la República, diputados, senadores, gobernadores o presidentes
municipales.
Estado laico
En este aspecto, casi seis de cada diez personas
expresaron estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”
con que los ministros religiosos opinen de política durante sus
servicios. El 60 por ciento se opuso a la enseñanza de religión
en escuelas públicas.
Valores autoritarios y valores democráticos
Respecto a la pregunta “La libertad y
la seguridad son valores que a veces pueden chocar, si tuviera que escoger
uno, ¿con cuál se quedaría?”. Casi cuatro
de cada diez entrevistados eligieron la seguridad frente a la libertad,
principalmente, jóvenes entre 15 y 19 años, quienes cuentan
con licenciatura completa y habitantes del centro-occidente y el centro
del país.
En contraste, más de tres de cada diez
entrevistados se decidieron por la libertad. Casi dos de diez escogieron,
espontáneamente, “ambos”.
Federalismo
Casi la cuarta parte de los entrevistados cree
que los gobiernos de los estados deberían quedarse con la mayoría
de los impuestos. Una tercera parte de los encuestados expresó
que deben repartirse por partes iguales; mientras que uno de cada seis
considera que debe ser el gobierno federal; uno de diez considera que
los impuestos deben repartirse de forma proporcional.
La mitad de las personas entrevistadas cree
que los servicios que proporciona el gobierno no corresponden con lo
que se paga de impuestos. Un veinte por ciento considera que sí
corresponden y el veinticinco por ciento expresó que sí
corresponden, en parte, a lo que se paga de impuestos.
Información e interés en los
asuntos públicos
La televisión, tanto en 2003 como en
2011, es el medio de comunicación más utilizado para informarse
de los asuntos públicos: aproximadamente siete de cada diez entrevistados
seleccionaron esta opción.
Existe un bajo nivel de interés por
los temas que se discuten en el Congreso de la Unión. En general,
la atención hacia estos temas disminuyó del 2003 (cuarenta
por ciento) al 2011 (cincuenta por ciento).
La encuesta se encuentra disponible en la página del Instituto
de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM: http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/doc/EncuestaConstitucion.pdf
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