• Es imposible actuar con disimulo, cubrirnos con un manto de
sordera y ceguera, pasar de reservados a silenciosos, y de esa condición
a afónicos o, incluso, mudos, subrayó el rector de la
UNAM
• El ex rector Jorge Carpizo dijo que si queremos seguridad
y justicia en democracia, se debe enfrentar la pobreza en la que vive
la mitad de los mexicanos
• Se presentaron los “Elementos para la construcción
de una política de Estado para la seguridad y la justicia en
democracia”
Al asegurar que no podemos ni debemos permanecer
ajenos a la situación de inseguridad e injusticia que amenaza
a nuestra población, el rector de la UNAM, José Narro
Robles, pidió el apoyo de todos los actores, para que unidos
y bien articulados “derrotemos juntos al crimen, al delito y a
la injusticia”.
Frente a esos problemas, consideró imposible
actuar con disimulo, hacer como que estos temas son distantes y extraños
a nuestro quehacer, cubrirnos con un manto de sordera y de ceguera,
pasar de reservados a silenciosos, y de esa condición a afónicos
o, incluso, mudos.
Ese no es el papel que le corresponde a los
universitarios del país, ni algo conveniente para la sociedad,
ni la forma como nos vamos a comportar. La historia lo registraría
como desleal y equivocado, dijo en la presentación de los “Elementos
para la construcción de una política de Estado para la
seguridad y la justicia en democracia”.
Por ello, Narro Robles subrayó que pierden
su tiempo quienes esperan que así actúen el rector y los
universitarios. “Ellos están en su derecho de plantear
sus dichos, nosotros de responder, desde la academia, con propuestas
y acciones de beneficio colectivo”. Asimismo, señaló
que “los límites de nuestra responsabilidad no los fijan
ellos. Nuestra legislación nos lo autoriza y la conciencia nos
obliga”.
Ante representantes de la sociedad civil; funcionarios
federales, estatales y municipales, y procuradores de justicia, el rector
destacó que al construir la propuesta que hoy se entrega, sólo
se ha pensado en México y sus dificultades.
“No hay interés por generar enfrentamiento
alguno, sólo de reconocer nuestra realidad y de proponer acciones
para resolver los problemas que nos afectan. No hay intención
de sacar ventaja a favor de nadie y tampoco de promover protagonismos
personales o institucionales”, acotó.
En el auditorio Gustavo Baz Prada
de la Antigua Escuela de Medicina, indicó que el país
necesita consolidar sus instituciones, decidir colectivamente y actuar
en consecuencia para resolver los problemas del pasado, del presente,
y anticipar los del futuro.
Debemos pensar en grande y ver el porvenir;
hacer los cambios de rumbo o de ritmo que se deben realizar pero, además,
hacerlos ya; vigorizar nuestro régimen democrático, el
representativo y el participativo, así como otorgar prioridad
a la educación, a la ciencia y a la cultura, y a los programas
dirigidos a los jóvenes, puntualizó.
Propuestas
Jorge Carpizo, investigador emérito
del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y presidente del
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, presentó
un resumen de la propuesta de 36 puntos, realizada por 88 especialistas
reunidos en junio pasado en este recinto de la UNAM.
Entre ellas, destacan celebrar un pacto político
y social amplio que reoriente a las instituciones de seguridad y justicia
para enfrentar la crisis de violencia; generar consensos políticos
y sociales para dar un giro inmediato en las estrategias de seguridad,
centrándolas en la prevención del delito, el abatimiento
de la impunidad, la reducción del número de muertes y
de lesionados.
La preservación de la integración
de las personas y la defensa de sus derechos humanos, y concentrar lo
anterior en un diagnóstico transparente y participativo que defina
el problema que se enfrenta, la ruta a seguir y mecanismos de evaluación
periódica.
También, se propuso diseñar un
programa de política social que desarrolle modelos para ayudar
a los consumidores de sustancias adictivas a aceptar su problema y solicitar
tratamiento; establecer programas que reconozcan la heterogeneidad de
los jóvenes y contemplen foros para su expresión y su
vinculación con la comunidad, así como generar programas
para propiciar la permanencia o reinserción de los jóvenes
en el sistema educativo, con insumos para su desarrollo laboral.
Asimismo, se sugirió rediseñar
políticas de empleo que destaquen la importancia del nexo escuela-trabajo,
y fomenten la estabilidad en el empleo y la capacitación de los
trabajadores; ofrecer estímulos fiscales a empresas que contraten
jóvenes y procuren la capacitación de sus trabajadores;
generar un subsistema nacional de distribución y comercialización
juvenil que propicie una cultura emprendedora entre ese segmento, y
establecer una defensoría que los oriente, asesore y proteja
en los entornos familiar, escolar, civil, penal, laboral y administrativo.
En otro ámbito, se propuso ejecutar
un documento nacional que haga operativa la rendición de cuentas,
mediante la integración de ciudadanos al Consejo Nacional de
Seguridad Pública y a la Auditoría Civil de las Policías;
establecer un registro nacional de víctimas y llevar a su máxima
intensidad la persecución del delito de lavado de dinero.
En temas relacionados con la Universidad Nacional,
el grupo de expertos se comprometió a crear un mecanismo formal
en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), para diseñar un sistema de
vinculación para la investigación y el desarrollo de seguridad
y justicia.
La UNAM pondrá en marcha un programa
piloto especializado en estos dos últimos temas, creará
el Programa Universitario de Derechos Humanos, e impulsará la
discusión sobre la política de drogas en México
a través de un foro amplio.
Además, en el Museo de las Constituciones,
que se inaugurará próximamente, se desarrollará
un programa sobre las constituciones mexicanas.
Carpizo planteó que si se quiere seguridad
y justicia en democracia, se debe enfrentar la pobreza en la que vive
la mitad de los mexicanos. Despojarnos de egoísmos, eliminar
privilegios y falsos prestigios políticos, religiosos y sociales,
propuso.
En su oportunidad, el abogado General de la
UNAM, Luis Raúl González Pérez, reconoció
que México transita por una espiral de violencia e inseguridad
pública, lo que lleva a la reflexión de que, además
de la delincuencia ordinaria y la organizada, existe otra, que nace
de las carencias económicas y de la desesperación e incertidumbre
de un futuro de vida digno.
Asistieron, entre otros, el presidente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán;
la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga
Sánchez Cordero; el presidente de la mesa directiva de la Cámara
de Diputados, Carlos Ramírez Marín; el procurador general
de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; el secretario
general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares;
el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera; Javier Sicilia e Isabel
Miranda de Wallace.
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