• La actividad
criminal, sostuvo, no es un asunto de buenos y malos, de ministerios
y hieráticos, ni de ángeles de las tinieblas
• Al concluir la Conferencia Internacional sobre Seguridad
y Justicia en Democracia, se acordó que las propuestas formarán
parte de un proyecto de política de Estado que contribuya
a que México garantice de manera integral la protección
de los ciudadanos
• Será sometida a consideración de la colectividad
y entregada a las distintas estructuras del Estado, expuso el rector
de la UNAM
• No podemos permitir que la inseguridad y la violencia se
apoderen del país, dijo el ex rector y presidente del Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional, Jorge Carpizo
El rector de la UNAM, José Narro Robles,
se pronunció por dejar de generar sospechas y desechar por
completo las fórmulas autoritarias del pasado. “Tenemos
que convencer a los que no están, que politizar la justicia
o judicializar la política son malas determinaciones”,
advirtió.
La actividad criminal, sostuvo, no es un
asunto de buenos y malos, de ministerios y hieráticos, ni de
ángeles de las tinieblas. Se trata de una actividad perversa
que atrae a quienes valoran los riesgos de incorporarse a la delincuencia,
estableció.
Al clausurar la Conferencia Internacional
sobre Seguridad y Justicia en Democracia, organizada por la UNAM y
el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, dijo que este
encuentro ha tenido como propósito elaborar, a partir de las
opiniones, datos y experiencias de los participantes, una propuesta
de política de Estado que contribuya a que México garantice,
de manera integral la protección de los ciudadanos.
De esa forma, explicó, se tiene una
ruta crítica que nos permitirá contar con una proposición
que será sometida a consideración de sectores de la
sociedad y entregada a las distintas estructuras del Estado.
Además, la comisión -presidida
por Jorge Carpizo e integrada también por Sergio García
Ramírez, Luis de la Barreda, Luis Raúl González
Pérez, Ernesto López Portillo y Guillermo Silva–,
se encargará de configurar un proyecto de política derivada
del foro y de programar la rendición de un informe público
semestral, respecto de los avances en el cumplimiento de los objetivos
y de la puesta en práctica de las acciones recomendadas.
En la Antigua Escuela de Medicina, Narro
Robles sostuvo que los expertos han hablado en este evento y deben
ser escuchados donde se toman las decisiones.
La solución no es fácil y menos
única, porque “sin el empleo de la fuerza pública
el problema no se va a resolver, pero el solo uso de la misma lo empeorará”.
Debemos seguir múltiples rutas: la financiera, la de la droga,
la jurídica, la de las armas la multinacional, entre muchas
otras.
Asimismo, abundó, el problema de la
seguridad y el del retiro del Estado de áreas donde antes intervenía
activamente, tienen una relación directa en este fenómeno.
La desigualdad social y económica exacerba los problemas sociales
y debilita la confianza en las instituciones.
“Mientras más se profundizan
las brechas entre quienes tienen todo y en exceso, y a quienes falta
lo elemental, los problemas sociales se agrandan. La desigualdad de
siempre está en el fondo de las dificultades que afrontamos
hoy”, acotó.
Por último, el rector consideró
que la juventud no merece ser parte de un problema que no generó,
y tampoco ser criminalizada; por el contrario, requiere opciones para
acceder a una vida digna, decorosa y sin violencia.
Propuesta de Estado
Al presentar el proyecto Propuesta de Estado
sobre Seguridad y Justicia en Democracia, el ex rector de la UNAM
y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional,
Jorge Carpizo, refirió que, entre las conclusiones principales,
figura que el problema de los jóvenes radica en la falta de
oportunidades y en que son los más susceptibles de caer en
problemas de drogadicción o ser reclutados por el crimen organizado.
En este sentido, añadió, también
se consideró que la drogadicción es una enfermedad y
que, por lo tanto, no se trata de meter enfermos a la cárcel.
Igualmente, señaló que los
expertos coincidieron en que tiene que profundizarse la lucha contra
el lavado de dinero porque, al respecto, en 2007 se dictaron cuatro
sentencias; en 2008, 28, y 19 en 2009. Estamos frente a un negocio
que, según cifras oficiales, maneja 40 mil millones de dólares
al año.
Entre los puntos, también citó
que si a los ministerios públicos o a las policías se
les dan instrucciones políticas, disminuye su eficacia y su
único interés consiste en subsistir. Por ello, las procuradurías
y el resto de instancias deben convertirse en órganos constitucionales
autónomos.
Con relación a las fuerzas armadas,
expresó que quedó establecido entre los especialistas
que este grupo no fue instruido para tareas de seguridad pública;
deben regresar a los cuarteles y mientras más pronto mejor.
Todas las estadísticas serias, añadió,
muestran el grave problema de la impunidad; la rendición de
cuentas es casi inexistente y el deterioro del sistema de justicia
se debe, en gran medida, a la corrupción y a la impunidad.
No podemos permitir, resumió, que
la inseguridad y la violencia se apoderen de México. La sociedad
y su gobierno deben conformar un frente unido para la construcción
de consensos. Podemos acabar con la corrupción, la impunidad
y la ausencia en la rendición de cuentas si tenemos voluntad
política
Al acto asistieron, entre otros, el abogado
General de la UNAM, Luis Raúl González Pérez,
autoridades universitarias, académicos, alumnos y especialistas.
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