• Hay que cambiar la escala en políticas públicas
al respecto e iniciar desde los municipios estas tareas, donde existe
la mayor supresión de leyes, dijo Gemma Galdon Clavell, de
la Universidad Autónoma de Barcelona
• Las políticas en los ayuntamientos deben enfocarse
a cuidar y reglamentar el entorno donde ocurren los crímenes,
opinó Mauricio Merino Huerta, del CIDE
Transitar de la seguridad policial a la ciudadana
para que en vez de invertir en más armas y patrullas se desarrollen
estrategias de participación social desde los municipios, propusieron
académicos y funcionarios en la Conferencia Internacional
sobre Seguridad y Justicia en Democracia.
En el cuarto día de trabajos de este
foro, Gemma Galdon Clavell, investigadora del Instituto de Gobierno
y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma
de Barcelona, de España, recordó que en el ámbito
local es donde hay mayor erosión de la democracia y supresión
de leyes, pero también es el sitio donde pueden trazarse políticas
públicas cercanas a los residentes.
En este sentido, comparó el trabajo
municipal con el de un trabajador cuyo quehacer es limpiar las tuberías
y evitar la salida de suciedad. “No sólo hay que limpiarlas,
sino indagar quién las llena. El final de aquéllas son
las administraciones locales, pero mejores políticas locales
nos ayudarán a tener menos problemas”.
En la mesa Políticas de la Seguridad
Ciudadana en el Gobierno Local, Mauricio Merino Huerta, académico
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
dijo que en un crimen hay tres piezas: la víctima, el delincuente
y el entorno donde se produce; es en éste último donde
debe enfocarse el gobierno local.
Las jurisdicciones “deben enfatizar
su papel de cuidar el entorno. Es su función contar con una
política coherente para que la calidad de vida sea protegida
en localidades del país. No son las obras públicas ni
las hazañas de gobierno lo que interesa, sino la convivencia
de los ciudadanos”, destacó.
Por su parte, la moderadora Ana María
Salazar Slack, experta en derecho internacional y seguridad nacional,
consideró que “se puede invertir en policías y
patrullas, pero los grandes cambios para lograr calidad de vida han
ocurrido al proporcionar a la gente herramientas para que tomen el
control de su seguridad”.
La presidenta municipal de Aguascalientes,
Lorena Martínez Rodríguez, explicó el modelo
de gobierno que ha implementado desde hace cinco meses, en el que
ha cambiado el enfoque policial por la seguridad ciudadana.
Aguascalientes pasó de ser la entidad
más segura del país a ocupar el sexto lugar de inseguridad
en 2004. “Hoy, estamos en la media nacional y para mejorar hicimos
un diagnóstico policial. Entre los mil 600 agentes encontramos
falta de capacitación y certificación, así como
desarticulación y opacidad”.
La policía en el Estado democrático
En la mesa La Policía que Queremos
en el Estado Democrático de Derecho, Juan Miguel Alcántara
Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
lamentó que la Ley General del Sistema de Desarrollo Integral
Policial sea letra muerta, pues sólo 14 cuerpos en el país
han dado muestras de aplicarla. El país requiere de efectivos
preparados -sólo el 6.8 por ciento cuenta con educación
superior- que hagan valer la norma y protejan bienes, libertades y
patrimonio de las personas.
En tanto, Ernesto López Portillo,
director del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., quien
fungió como moderador, sumó a las características
de la policía eficiencia, profesionalismo, honradez, confiabilidad
y respeto a los derechos humanos. No obstante, destacó que
también deben proporcionarlas la población y las instituciones.
Edgar Mohar Kuri, consultor independiente
internacional y maestro en Gestión Pública Aplicada,
indicó que desde hace 15 años se han planteado propuesta
para lograr una mejor policía, pero hace falta demostrar la
prioridad de este tema en la agenda del país, no sólo
con dinero, sino mediante la modificación de algunos rubros
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A su vez, Miguel Ontiveros Alonso, licenciado
en Derecho por la UNAM y especialista en derecho penal y derechos
humanos por la Universidad de Salamanca, España, destacó
que este cuerpo de seguridad en el país está formado,
en buena parte, por las características que le da la propia
sociedad mexicana. Empero, México requiere de un cambio basado
en la profesionalización, dignificación, y proyecto
de vida de esos elementos
Finalmente, David Garay Maldonado, comisionado
de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, indicó
que se ha mencionado que la inseguridad afecta democracia, economía
y turismo, pero se requiere contar con mayores recursos presupuestales
y estratégicos. Insistió en que los cuerpos policiacos
demandan capacitación continua, controles de confianza y una
mejor administración del presupuesto.