• Uno de los problemas más graves en el país
es la desconfianza en las instituciones policiacas, sostuvo Ottavio
Sferlazza, procurador adjunto de la Magistratura de Reggio Calabria,
Italia
• Según datos de la DEA, cada año entran al
país hasta 35 mil millones de dólares para actividades
vinculadas al narcotráfico, refirió Miguel Carbonell,
del Instituto de Investigaciones Jurídicas
En México debe enfrentarse al crimen
organizado, pero sin potenciar la agresión; la respuesta a
la violencia mafiosa no está en la presencia policiaco-militar,
porque el Estado cuenta con otras herramientas para hacerlo, afirmaron
académicos y políticos al participar en la mesa Delincuencia
Organizada y Violencia en México, realizada en el marco
de actividades de la Conferencia Internacional sobre Seguridad
y Justicia en Democracia. Hacia una Política de Estado en los
Albores del Tercer Milenio.
En la mesa, el moderador Luis Raúl
González Pérez, abogado General de la UNAM, externó
que el clima de violencia continúa con plena vigencia en el
país, y refirió que las organizaciones en este ámbito
se han atomizado.
Ottavio Sferlazza, procurador adjunto de
la Magistratura de Reggio Calabria, Italia, aseveró que uno
de los problemas más graves del país es la desconfianza
en las instituciones encargadas de la seguridad, por la capacidad
de infiltración que tienen las organizaciones del narcotráfico.
Ante este panorama, indicó, el Estado tiene que recuperar la
soberanía del territorio y resanar el tejido social.
Por su parte, Luis Alejandro Astorga Almanza,
del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de esta casa de estudios,
sostuvo que la estructura del tráfico de estupefacientes en
la nación es predominantemente oligopólica, es decir,
no se caracteriza ni está dominada por algún grupo o
líder. Entre las estrategias de combate, destacó que
en el ámbito internacional se debe adoptar una actitud más
arriesgada y propositiva.
A su vez, Eduardo Guerrero Gutiérrez,
especialista en temas de seguridad de Lantia, Consultores, añadió
que hasta hace unos años la violencia de grupos criminales
ligados a la venta de drogas era típica en otros territorios
del mundo, pero no en el nuestro; de hecho, la agresión de
esas agrupaciones es producto, entre otros factores, de la reubicación
de integrantes de otra mayor, que prefieren zonas donde ya existen
redes para dedicarse a otras actividades como secuestro y extorsión.
En el auditorio Gustavo Baz Prada
de la Antigua Escuela de Medicina, el diputado priísita Alfonso
Navarrete Prida afirmó que la presencia policiaco-militar no
es suficiente para atacar este problema, pues en muchos casos sólo
ha servido para legitimar a estos grupos o potencializar la intimidación.
Cambio estructural contra impunidad
En la mesa Corrupción, impunidad
y justicia, moderada por Samuel González Ruiz, profesor
de la Facultad de Derecho de la UNAM, Isabel Miranda de Wallace, presidenta
de la organización Alto al Secuestro A.C., destacó que,
según datos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey campus Ciudad de México, del total de
los delitos actuales, 22 por ciento son denunciados; 15 por ciento
iniciaron averiguación previa; 3.9 de éstas últimas
concluidas; 2.1 se han consignado; 1.8 están sujetos a procesos;
1.7 han sido sentenciados, y apenas 1.5 por ciento están condenados.
Miguel Carbonell Sánchez, del Instituto
de Investigaciones Jurídicas (IIJ), destacó que si en
el país se quiere triunfar contra la impunidad y los cárteles,
es necesario “pegarle en serio al dinero”, perseguir enormes
recursos financieros que permiten comprar armas, policías,
equipos de radiotelecomunicación y voluntades políticas.
Aseguró que, según datos de la Drug Enforcement Administration
(DEA), en Estados Unidos, cada año entran a México entre
25 mil y 35 mil millones de dólares del narcotráfico
para realizar esas tareas.
En su oportunidad, Liza Zúñiga,
investigadora del Consorcio Global por la Transformación de
la Seguridad, de Chile, propuso que, para reducir el nexo entre criminales
y política, el financiamiento de los partidos políticos
debe ser abierto a fin de conocer quiénes invierten y reducir
la impunidad.
Sergio López Ayllón, secretario
general del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), recordó que para abatir los complejos e interrelacionados
fenómenos de corrupción, impunidad y violencia en México,
se requieren políticas públicas de largo alcance, con
acciones coordinadas que involucren a los poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, así como a los tres niveles de gobierno (municipal,
estatal y federal) en forma articulada.