• En el país, según el censo, hay 37 millones
de habitantes que no tienen acceso a estos servicios, expusieron académicos
universitarios, en el Foro La protección de la Salud como
obligación del Estado, organizado en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas
La materialización del derecho a la
salud en México enfrenta problemas como el bajo y heterogéneo
gasto público en el sector, que se traduce en el acceso limitado
y desigual a los servicios respectivos.
También, figura la fragmentación
del sistema y del modelo institucional de atención, cuyas implicaciones
se traducen en una calidad desigual en los servicios, así como
bajos niveles de eficiencia. A ello, se suma la generación de
actos discriminatorios y de selección por motivos de naturaleza
económica, plantearon académicos universitarios.
En el Foro La Protección de la Salud
como Obligación del Estado, organizado en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ), Leonardo Lomelí, director
de la Facultad de Economía, explicó que, según
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social,
a partir de los resultados del Censo de Población 2010, el 33.2
por ciento de la población mexicana (37 millones de personas)
carece de acceso a esos servicios.
“Esa situación debería
ser inaceptable en una nación que es considerada de ingreso medio-alto
por el Banco Mundial, o de desarrollo humano medio-alto por las Naciones
Unidas”, dijo.
La desigualdad, abundó, una de las características
más notorias de la realidad económica y social, se expresa
de manera cruda en el acceso a los servicios, que en el DF afecta al
32.9 de los habitantes; en Veracruz, al 40 por ciento; en Chiapas, al
44, y en Puebla, al 54.4.
Pedro Salazar Ugarte, también investigador
del IIJ, sostuvo que la salud es un derecho humano fundamental. La reforma
constitucional en proceso de aprobación, entre otros aspectos,
implicará elevar a rango constitucional tratados e interpretaciones
internacionales que vinculan al Estado mexicano, y que están
relacionados con la protección y garantía de esa facultad.
En tanto, Diego Valadés, investigador
y ex director del IIJ, comentó que en el país se requieren
soluciones en este rubro. “Independientemente del esfuerzo que
se haga en cuanto a inversión o ampliación de la cobertura,
lo que está al alcance de una instancia como la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) es transformar su naturaleza
arbitral por la de un órgano promocional”.
La Comisión debe convertirse en un ombudsman
de la salud, y modificar su composición. En este momento, sus
integrantes son designados por el gobierno. Por ello, sugirió
incluir a usuarios, representantes de los prestadores privados, y entidades
académicas.
En el encuentro, moderado por Joaquín
Narro Lobo, Ingrid Brena Sesma, del IIJ, recordó que el Estado,
en 1983, reformó el artículo cuarto de la Constitución
para incluir el derecho en la materia.
En tanto, las reformas legislativas del 2003
y 2004, permitieron la creación de un nuevo sistema integrado
por tres seguros públicos de salud: el IMSS, el ISSSTE, e instancias
como el Ejército, la Marina y Petróleos Mexicanos.
Antes, Germán Fajardo Dolci, comisionado
nacional de Arbitraje Médico, recordó que la salud es
una de las condiciones más importantes para el desarrollo pleno
de los individuos y de las sociedades.
En presencia del director del IIJ, Héctor
Fix-Fierro, sostuvo que ese no es un tema que sólo competa a
los galenos, sino que como bien social, incumbe a juristas, filósofos,
sociólogos o politólogos.
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