Boletín UNAM-DGCS-197
Ciudad Universitaria.
11:00 hrs. 3 de abril de 2011

 


ENFRENTAN PERSONAS DISCAPACITADAS DIFICULTAD PARA ENCONTRAR EMPLEO


• De una muestra, sólo 23.33 por ciento son económicamente autosuficientes, 16.66 son jefes de familia, y 46.66 por ciento tiene dependientes económicos

Para proponer posibles soluciones a las necesidades de las personas con discapacidad en el Distrito Federal, un grupo de especialistas de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, encabezado por Esther Zúñiga Macías, evaluó la situación de quienes, en esa condición, buscan empleo.

Los datos obtenidos a partir de una muestra representativa en esta urbe, revelan una situación incierta, toda vez que los signos económicos del país tienden a la inestabilidad.

Según el sondeo, entre la población discapacitada existe contraste en cuestión de género: 70 por ciento son hombres y 30 por ciento mujeres. “Al momento del estudio, 43 por ciento tenía entre 24 y 35 años, pero después de esa edad, la situación se torna más difícil para adquirir empleo. La quinta parte de la muestra declaró tener 51 años o más, y sólo una persona reportó 57 años”, especificó Zúñiga Macías.

Las cifras forman parte de una investigación más amplia, cuyo propósito es encontrar coincidencias y deficiencias en los ámbitos público y privado, y formular recomendaciones a las instituciones de educación media y superior, que pueden concebir ventanas de oportunidad para que este segmento aspire a conseguir empleo.
Según el estudio, 80 por ciento de los entrevistados durante su vida adquirió su discapacidad, y de ellos, 53 por ciento son solteros.

“En términos generales, son catalogados ‘solteros’, porque al carecer de trabajo no son autosuficientes para formar una familia. Por otro lado, 80 por ciento especificó ser oriundo del DF. Asimismo, todos padecen alguna de las tres grandes discapacidades: física, mental y sensorial que, a su vez, se divide en auditiva y visual”, explicó.

La mayoría de quienes buscan un empleo presenta discapacidad física, seguidos de quienes padecen una de tipo mental; estos últimos son los que tienen más limitaciones para conseguir empleo.

Los especialistas corroboraron que el porcentaje de quienes adquieren alguna discapacidad por negligencias médicas es muy alto: 23 por ciento, y que 80 por ciento, asistieron a rehabilitación.

Sólo 23.33 por ciento de los entrevistados son económicamente autosuficientes (la mayoría depende de su familia, que en muchos casos es la madre); 16.66 por ciento son jefes de familia, y 46.66 por ciento dijo tener dependientes económicos.

En lo concerniente a la escolaridad, 80 por ciento asistió a escuelas regulares y sólo 13.33 por ciento concurrieron a este tipo de colegios y, además, a institutos especiales; de ellos, 10 por ciento concluyó la educación primaria, 20 por ciento la secundaria, 26.66 el nivel medio superior, y 36.66 reportaron tener estudios de nivel superior. “Pero, únicamente, dos personas pudieron comprobar esta última afirmación”, reconoció.

De los resultados de la encuesta se desprende que los discapacitados salen regularmente a la calle en busca de un puesto, y sólo 20 por ciento indicó que no lo hacía. Casi 30 por ciento reportó alguna actividad económicamente productiva (comercializar productos, ayudar en la construcción o apoyar en las labores de alguna pequeña empresa familiar), pero muchos otros, aseguraron tener años en la búsqueda de un empleo.

Si las empresas atraviesan por periodos de crisis económicas, como ocurre en el país, los candidatos más viables para los recortes de personal son las personas con alguna discapacidad. Esta situación, incluso, está documentada por la Organización Internacional del Trabajo, comentó la especialista.

Por ello, es necesario adoptar medidas para resolver la situación. En opinión de Zúñiga Macías, tendrían que establecerse mecanismos de transparencia para que las plazas reservadas a los discapacitados sean sometidas a concurso.

“Estas personas tienen la preparación adecuada, y se espera que no haya obstáculos para aplicar la ley con transparencia. Otro punto que debe resolverse es el de los criterios para certificar la discapacidad; se tiene que delimitar el concepto, concluyó.

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