• Las instituciones del rubro
sólo atienden a 33 por ciento de la población ocupada,
advirtió Berenice Ramírez López, del Instituto
de Investigaciones Económicas de la UNAM
En México, 26 millones de trabajadores
no tienen acceso a seguridad social. El problema es la caída
en la cobertura de las instituciones dedicadas a este rubro, que actualmente
atienden sólo al 33 por ciento de la población ocupada.
“Lo que está en crisis es la seguridad social contributiva”,
advirtió la especialista del Instituto de Investigaciones Económicas
(IIEc) de la UNAM, Berenice Ramírez López.
Las causas principales, explicó, son
la falta de plazas y el número creciente de empleos sin prestaciones
como atención médica, pensiones en distintas áreas,
apoyos monetarios por riesgos ocupacionales, vivienda y guardería.
“Si ahora tenemos un déficit y una caída en la cobertura,
en 40 años los mayores de 65 años, que representarán
22 por ciento de la población total, no tendrán acceso
a estos recursos”.
La especialista refirió que, actualmente,
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)
maneja más de 40 millones de cuentas, mientras que los trabajadores
formales del IMSS no superan los 13.5 millones. “Si este contexto
se mantiene, para 2022, año en que iniciarán las primeras
pensiones por capitalización individual, sólo el 40 por
ciento de los que actualmente aportan tendrán derecho a una”.
Reformas al sistema de pensiones para el retiro
La pensión para el retiro, recordó,
depende del nivel salarial. Si actualmente 70 por ciento de los ocupados
ganan hasta cinco salarios mínimos, es imposible que puedan obtener
los recursos para mantener un nivel de vida indispensable para la vejez.
Además, si se desea lograr la suma garantizada por el Estado
—equivalente a un sueldo mínimo— es necesario hacer
aportaciones durante cerca de 25 años.
El cambio de un sistema de pensiones de solidaridad
intergeneracional y beneficio definido a uno de capitalización
individual y administración privada, el de las Administradoras
de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores), “no funciona en una
realidad como la mexicana”, aseguró.
En el régimen anterior a las reformas,
el trabajador sabía que si estaba afiliado al IMSS, con laborar
500 semanas tenía la posibilidad, al cumplir 60 ó 65 años,
de obtener una pensión, con el 100 por ciento del salario de
cotización.
Actualmente, es muy difícil tener la
certeza de conocer el monto ahorrado para el retiro; es necesario informarse
acerca de la rentabilidad de la Afore y pagar comisiones, por ejemplo,
para recibir una renta vitalicia. “Esta situación está
muy alejada de la concepción clásica de seguridad social,
donde salud y pensiones son ejes fundamentales para mantener condiciones
adecuadas de vida”, afirmó.
Las Afores manejan un billón 300 mil
millones de pesos, equivalentes al 10 por ciento del PIB. El 60 por
ciento se canaliza a bonos gubernamentales y, el resto, al desarrollo
de infraestructura y acciones. “Es un financiamiento barato para
una serie de compañías, alejado del interés básico
y del fortalecimiento de la seguridad social”.
La experiencia chilena
En América Latina, Chile fue precursor
en adoptar el sistema privado de ahorro para el retiro al establecer,
en 1981, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en reemplazo
del sistema estatal de seguridad social.
El primero de julio de 2008, Michelle Bachelet, entonces presidente
de esa nación, anunció la reforma del sistema de pensiones
con componentes solidarios y financiados con aportes del Estado, con
beneficios para las mujeres por cada hijo nacido vivo o adoptado, después
del fracaso del modelo de capitalización para garantizar una
pensión digna para enfrentar la vejez.
En México, se cree que el único
camino es la capitalización individual, de corte privado. Es
necesario situar la seguridad social pública como parte de un
modelo de desarrollo y de una política de Estado, concluyó.
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