La Ley Arizona SB 1070, no sólo afecta a los inmigrantes
que residen en ese estado de la Unión Americana, también
va en contra de turistas de origen hispano, señaló
el académico de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, Armando
Guadalupe Soto Flores.
La visita de mexicanos a Arizona representa un ingreso
que tan sólo en 2009 generó cerca de 23 mil 400 empleos
en diversos establecimientos, que derivó en un promedio diario
de ingresos de alrededor de siete millones 350 mil dólares.
“Erradicar la presencia hispana resulta absurdo y
potencialmente devastador, pues la contribución latina no
se limita a la mano de obra barata”, apuntó al participar
en la Mesa Redonda La Ley Arizona, en el auditorio Eduardo
García Máynez, de la FD.
En caso de entrar en vigor las cláusulas, prosiguió,
el impacto en México sería impresionante. Si los migrantes
son deportados, requerirán empleos para satisfacer sus necesidades
básicas.
“De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, hoy en día cuesta 500
pesos a la semana reclutar a un sicario en cualquier calle a lo
largo de la frontera; por lo tanto, se debe considerar que en un
país con 60 millones de pobres, hay gente dispuesta a obtener
dinero de esta manera”, argumentó.
Además, otras entidades estadounidenses han manifestado
su voluntad de diseñar legislaciones similares a la Ley Arizona,
y es previsible que puede endurecerse conforme se acerque la jornada
electoral de noviembre próximo.
Soto Flores señaló que en los últimos
días se ha difundido la noticia que Barack Obama promulgó
una ley para reforzar la frontera sur de la Unión Americana,
con el uso de mayor número de agentes y aeronaves no tripuladas
para ubicar físicamente a quienes pretendan cruzar sin documentos.
“Con esta acción dice a la gobernadora de Arizona,
quien desea reelegirse, que este asunto no es de su competencia,
sino del gobierno federal”.
En Estados Unidos, radican cerca de 30 millones de mexicanos
y en Arizona viven más de 400 mil connacionales, refirió.
En su oportunidad, Carlos Arellano García, también
de la FD, recordó que el 10 de mayo de 2002 México
envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud
de carácter consultivo sobre la privación del goce,
y ejercicio de ciertos derechos laborales de trabajadores migrantes
y su compatibilidad con la obligación de los estados del
país vecino de garantizar los principios de libertad jurídica,
no discriminación, y protección igualitaria y efectiva.
Con ello, el gobierno mexicano mostró preocupación
por criterios discriminatorios; posteriormente, la Corte emitió
una opinión consultiva, extensa e integrada por 135 páginas,
en cuya parte final, por unanimidad, se resolvió que los
estados tienen obligación general de respetar, garantizar
los derechos fundamentales que eviten la limitación de derechos
fundamentales.
Sin embargo, los resultados dados a conocer por la Corte
no tiene valor obligatorio, sólo son argumentos de una opinión
consultiva.
--oOo--