Las reformas propuestas a la Ley Federal de Competencia
Económica constituyen una buena oportunidad para reflexionar
sobre la importancia de la competencia en el mercado, en la generación
de empleo, en un incremento de la productividad y en una mejor distribución
del ingreso, afirmó en la UNAM, Eduardo Pérez Mota,
comisionado Presidente de la Comisión Federal de Competencia
(CFC).
En ese sentido, subrayó, sería importante
tener una discusión intensa sobre el tema y aprovechar la
experiencia internacional para hacer modificaciones en esta materia,
porque hay países como Estados Unidos y el Reino Unidos que
tienen más de 120 años de operar leyes en la materia.
Al participar en el Seminario Reformas a la Ley Federal
de Competencia Económica a la luz del Derecho Comparado Actual,
realizado en el auditorio “Héctor Fix-Zamudio”
del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Pérez
Mota consideró que la crisis puso en evidencia un problema
estructural de bajo crecimiento e insuficiente competitividad en
la economía mexicana.
A su vez, Jorge Witker, investigador del IIJ y coordinador
por este Instituto del Seminario, precisó que el objetivo
central de este tipo de actividades es que el mundo académico
empiece a colaborar con el desarrollo en nuestro país de
una cultura de competencia.
Se trata, explicó, de dar una visión de cómo
el derecho comparado enfrenta el problema de la competencia económica
a nivel mundial. Asimismo, se busca ofrecer un panorama de lo que
se hace en México en esta materia.
Al dictar la conferencia Competencia y competitividad
en la sociedad mexicana, el comisionado presidente de la CFC
señaló que una herramienta fundamental para resolver
este problema es contar con una política económica
orientada a la eficiencia de los mercados.
Es preciso garantizar que violar la normatividad conlleva
costos para las empresas; por ejemplo, en México la sanción
máxima que actualmente se puede imponer equivale a 1.5 millones
de salarios mínimos, cuando en el ámbito internacional
representa 10 por ciento de las ventas anuales de la empresa que
infringe la ley, comentó.
Las sanciones penales, acotó, resultan inaplicables
en el país debido al lenguaje arcaico del Código Penal,
y en países como Reino Unidos y Australia, alcanzan hasta
los 10 años.
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