El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, conformado por reconocidos
intelectuales, académicos y políticos, presentó
sus propuestas de política económica y presupuestal
para 2011, basadas en medidas a favor de la recuperación
económica, la inclusión social y la equidad.
La política anticíclica para el año
entrante, plasmada en el documento Memorándum de política
económica y presupuestal para 2011, leído por
Rolando Cordera Campos, integrante del grupo, establece cinco componentes.
El primero, fortalecer el presupuesto e incrementar, en
términos reales, el gasto público, en particular,
los recursos en áreas sensibles para el empleo, el bienestar
y la reactivación, como infraestructura, equipamiento de
la educación básica, ampliación de los servicios
de la educación media y superior, ciencia, tecnología
y salud, así como hacer eficiente la ejecución, auditoría
y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
El texto señala que, el segundo componente, está
vinculado a la necesidad de incrementar el déficit del sector
público en un margen razonable, para financiar el aumento
del gasto; introducir un impuesto a las transacciones financieras
en línea; elevar la progresividad del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) de las personas físicas, con mayores tasas para los
individuos de altos ingresos, y continuar con la eliminación
de privilegios fiscales.
En tercer lugar, se plantea el financiamiento al desarrollo
con apoyo a la llamada banca de segundo piso y reformas institucionales
para que cumpla sus funciones primordiales de fomento (infraestructura,
exportaciones, desarrollo agrícola), y políticas para
que el sistema financiero privado incremente, en forma sostenida,
los recursos para la inversión y la actividad productiva.
En la Sala 1 de la Torre de Rectoría, el grupo externó
que, en cuarto término, se requiere avanzar en la cobertura
de los derechos sociales y propuso la formación de una comisión
legislativa que contribuya a la creación de un sistema de
salud y seguridad social universal, empleo para los jóvenes
y abatimiento de las desigualdades regionales, entre otros aspectos.
En quinto lugar, que el Congreso de la Unión establezca
un Consejo Económico y Social como espacio para el diálogo
y la deliberación abierta en torno a las políticas
económicas y sociales, “que sea un órgano participativo
y de opinión obligada del Estado que facilite a los poderes
de la Unión la toma de decisiones pertinentes a favor del
desarrollo”.
En su diagnóstico, el Memorándum
refiere que México fue la peor economía latinoamericana
en 2009 y que ha crecido la exclusión económica social
e institucional. Según la OCDE, precisa, el porcentaje de
jóvenes entre 15 y 19 años que ni estudia ni trabaja
en el país, es tres veces superior al promedio de esa organización.
También, en términos económicos, subraya
que el desempeño económico en el primer semestre de
este año apunta a una reactivación insuficiente.
El Memorándum es signado por: Eugenio Anguiano
Roch, Ariel Buira Seira, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Rolando Cordera Campos, Saúl Escobar Toledo, Gerardo Esquivel
Hernández, Carlos Heredia Zubieta, David Ibarra Muñoz,
Leonardo Lomelí Vanegas, Mauricio de Maria y Campos, Ciro
Murayama Rendón, Jorge Eduardo Navarrete, Norma Samaniego
Breach. Jesús Silva Herzog Flores, Francisco Suárez
Dávila, Carlos Tello Macías y Enrique del Val Blanco.
--oOo--
