Las restricciones impuestas a la Ley Arizona SB1070, darán
un “respiro” a la relación entre México
y Estados Unidos, que se debe utilizar para la reflexión
pública entre ambos; es fundamental hacer un esfuerzo bilateral
adicional para lograr avanzar en la reforma migratoria, aseguró
el integrante del Centro de Investigaciones sobre América
del Norte (CISAN) de la UNAM, José Luis Valdés Ugalde.
En los términos en que se aprobó la Ley Arizona,
reiteró, se abre un lapso legal para que los actores involucrados,
migrantes y mexicano-estadounidenses, con cautela esperen lo que
viene, en el marco del debate público, legal y político.
Tenemos que aprovechar la oportunidad para establecer un
diálogo más razonable sobre el marco legal, en torno
a una nueva reforma migratoria en EU.
Un argumento de gran ventaja para México es el hecho
de que se trata de “trabajadores indocumentados, en efecto”,
pero que se encuentran de facto realizando una actividad económica
que ha enriquecido históricamente regiones enteras en esa
nación; han pagado impuestos directos e indirectos, y cubierto
una necesidad del mercado laboral estadounidense, enfatizó.
Así, acotó, con las limitaciones a la ley,
se incapacitó al gobierno de Arizona y a sus fuerzas respectivas,
para aplicarla por su cuenta y se reconoció a la Federación
su prerrogativa histórica para implementarla. Además,
con las modificaciones se le resta el carácter racista y
discriminatorio, lo que significa una importante derrota política
para los sectores radicales.
Este hecho, agregó, traerá como consecuencia,
en un mediano plazo, un alto costo político para los sectores
recalcitrantes que impulsaron la legislación, y para la gobernadora
Jan Brewer, que aunque seguramente se reelegirá, tendrá
algunos obstáculos para lograrlo. Hay que recordar las inconveniencias
que la llamada Propuesta 187 causó a los republicanos en
1994, quienes no volvieron a tener el control político de
ese estado hasta 2003.
Por otra parte, mencionó que las disposiciones que
no se aplicarán, son: de la sección uno, lo relacionado
con la aprehensión de indocumentados que anden por las calles
esperando a ser empleados; de la sección dos, que los policías
ya no tendrán la autoridad de pedir documentos a los sospechosos
de migrantes y, por lo tanto, no podrán detenerlos en la
calle sin una justificación plena, detalló.
Respecto a la sección tres, en la que se considera
delito no portar documentos que comprueben estancia legal en Estados
Unidos, queda completamente anulada; la sección cuatro, referente
al tráfico de personas, de migrantes como delito, también
se invalida.
Por el momento, no importa tanto lo que se aplique o no
de la ley, lo trascendente es que quedó “descuartizada”.
Por lo tanto, el fallo de la jueza federal Susan Bolton representa
para la gobernadora Jan Brewer varias “piedras en el zapato”,
pues en términos reales, por ahora la ley está congelada.
Aquí, precisó el investigador, el problema
es resolver una dinámica económica de mercado laboral
que provoca que los migrantes vayan a Estados Unidos; por un lado,
se les expulsa del mercado de trabajo mexicano, y por el otro, se
les contrata en esa nación a sabiendas que su estancia es
ilegal. Lo fundamental, en todo caso, es exigir que se respeten
los derechos humanos.
Finalmente, señaló que se trata de trabajadores
que cubren una demanda de trabajo importante que Estados Unidos
necesita resolver en el tema de los servicios, del agro, y en muchos
otros sectores de la economía.
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