El internet, y en especial las redes sociales, son utilizadas
como herramientas tecnológicas que permiten obtener datos
que, usados apócrifamente, permiten a los delincuentes cometer
ilícitos a nombre de terceras personas.
Una de las prácticas más recurrentes es el
llamado robo o usurpación de identidad, que consiste en tomar
los datos de cualquier persona (ya sea porque ésta los proporcionó
en algún sitio o los subió a alguna red social), para
posteriormente usar esta información y perpetrar fraudes
o delitos mayores, expuso el especialista del Instituto de Investigaciones
Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Julio Téllez Valdés.
Por eso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
recién aprobó una iniciativa que regula este ámbito.
Con esto, los diputados locales tipifican este “delito”
en el Código Penal capitalino, al señalar que todo
aquel que suplante, altere, falsifique o reproduzca documentos oficiales
(como licencias de conducir o actas de nacimiento) es merecedor
de una sanción.
La nueva norma establece periodos de prisión que
van de los dos a los seis años, y una multa de 400 a 600
días de salario mínimo a quien incurra en este tipo
de faltas. “Esto plantea un sesgo interesante en lo que al
uso inadecuado de tecnologías se refiere”.
En la Cámara de Diputados también existe
una iniciativa de ley para castigar estas conductas, aunque no está
tan avanzada como la de la ALDF. Con ambas, apuntó, lo que
se pretende es proteger a la ciudadanía de este tipo de abusos.
El especialista explicó que el escenario para que
se den estos ilícitos no sólo involucra a la informática,
sino a las telecomunicaciones, las cuales son manejadas a nivel
federal. “Por tanto, los artículos modificados podrían
ser considerados inconstitucionales; sin embargo, se están
buscando acuerdos para que, en materia de seguridad pública,
se pueda actuar de manera indistinta en las diversas entidades federativas”.
Sin embargo, como el Código Penal del DF ya considera
delitos a este tipo de prácticas, éstas se volvieron
responsabilidad de la Unidad Especializada para el Combate a la
Delincuencia Cibernética, grupo antidelictivo que ha tenido
aciertos en el combate de estos ilícitos, aunque carece de
personal especializado en este ámbito, pues de nada sirve
regular algo si no existe una autoridad que aplique las reformas
legales.
“No basta tener una buena reforma legal sin autoridades
que sepan aplicarla”, añadió.
Debemos ser cautelosos con lo que damos a conocer en las redes sociales,
pues en ocasiones personas extrañas tienen nuestra información,
y la obtuvieron a través de ese medio, destacó.
Téllez Valdés aclaró que ser cuidadoso
no es sinónimo de tener miedo, ni estar alerta significa
cancelar cuentas o evitar operaciones por internet; más bien,
estas advertencias son una invitación a ser más responsables
con el uso del internet y a evaluar siempre las posibles consecuencias
de nuestros actos.
Cada quien tiene derecho a poner lo que desee en sus páginas
personales en la web 2.0, pero antes debe considerar cualquier situación
de riesgo, especialmente las mujeres, y tener una especial cuidado
para proteger a los niños y adolescentes, concluyó.
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