La nueva Ley SB1070 de Arizona, refleja la deficiencia
de acuerdos entre México y Estados Unidos en aspectos humanos,
laborales, migratorios y de seguridad, afirmó el académico
de la Facultad de Derecho (FD), de la UNAM, Armando Soto Flores.
Resulta indispensable, dijo, valorar el problema desde
distintas vertientes jurídicas, fundamentalmente, la constitucional,
internacional, migratoria y penal para considerar sus alcances,
implicaciones y efectos bajo el principio de corresponsabilidad
entre los Estados que, como emisores o receptores de migrantes,
participan en este proceso.
“La migración, en términos generales,
surge cuando el país emisor es incapaz de ofrecer los satisfactores
necesarios a sus ciudadanos: empleo, seguridad, bienestar social
y calidad de vida”, enfatizó en la mesa redonda La
nueva Ley Arizona y su problemática.
Así, la migración para México representa
una ventaja, más que una desventaja, y se traduce en la
oportunidad de hacer a un lado las exigencias mínimas de
la población, sobre todo lo concerniente a generar fuentes
de empleo que garanticen vivienda, alimentación, salud,
entre otros derechos.
La Ley, por sí misma, es injusta y discriminatoria,
porque declarar sospechosa a una persona por el color de su piel
o idioma, modifica el valor positivo del trabajo, sobre todo al
convertirlo en un delito merecedor de cárcel, tanto para
el empleador como para el empleado, lo que representa un atentado
a los derechos humanos y cívicos de cualquier individuo,
juzgó.
La migración no sólo es un problema norteamericano,
también concierne a México para implementar, con
urgencia, medidas que protejan a los 500 mil connacionales que
habitan en Arizona, indicó en compañía de
la directora del Seminario de Derecho Internacional de la FD,
María Elena Mansilla.
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