La laicidad es una precondición de la separación
entre Iglesia y Estado, y parte importante de los derechos fundamentales,
coincidieron expertos en el segundo y último día
de trabajos del seminario Estado laico y libertad de creencias.
El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas
(IIJ) de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, resaltó que el
principio básico de la referida separación es
un elemento necesario para poder discutir la laicidad como una
convivencia de opciones penales y legítimamente reconocidas
en una sociedad.
Por su parte, el director de la Facultad de Derecho,
Ruperto Patiño Manffer, dijo que la laicidad, para el
caso de los servidores públicos, se refiere a una clara
atribución y fines que el Estado tiene como ente político
y jurídico, y que posibilita la coexistencia pacífica
de sus ciudadanos y de funciones que no deben ir más
allá de lo que expresamente se tiene permitido, bajo
los conceptos de justicia y equidad.
Octavio Rodríguez Araujo, profesor emérito de
la UNAM, afirmó que la ofensiva de la Iglesia contra
la laicidad tiene un pasado, y lo que se afirma ahora, es lo
mismo que se argumentó antes; nada ha cambiado sustancialmente,
salvo que en el presente el clero católico tiene más
simpatizantes que hace 85 ó 100 años, tanto en
el gobierno, como en los partidos.
A su vez, José Ramón Cossío Díaz,
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), expuso que existe la necesidad de socializar, introducir
y admitir la idea de los derechos fundamentales de una forma
más extensa.
Por último, Bernardo Barranco Villafán,
del Centro de Estudios de las Religiones de México, señaló
que el laicismo sigue atrapado en el siglo XIX y en el ámbito
político; su futuro en el mundo no debe darse sólo
en ese terreno, sino en el de la cultura y la secularización;
es ahí donde se están “jugando” las
nuevas configuraciones del Estado laico.
