• Los Caminos de la Justicia en México 1810-1910-2010, fue convocado por la comisión del Poder Judicial de la Federación para el Bicentenario del inicio de la Independencia y Centenario del inicio de la Revolución
• En la modalidad de Licenciatura, fueron distinguidos Rocío Andrea Castillo, de la FFyL; Ernesto Abraham Chimal y Érica Mora, de la FCPyS, y Laura Nalleli Martínez, de la FD
• En la categoría de maestría fue reconocida Diana Irina Córdoba, de la FFyL, y en doctorado Alberto Abad Suárez, del IIJ

Jóvenes universitarios de esta casa de estudios resultaron ganadores en las tres categorías del Concurso Nacional de Proyectos de Tesis Los caminos de la justicia en México 1810-1910-2010, convocado por la comisión del Poder Judicial de la Federación para el Bicentenario del inicio de la Independencia y Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.

En la modalidad de Licenciatura, la distinción fue para la egresada de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), Rocío Andrea Castillo Garza, quien realizó una investigación en torno a La imagen de la policía de la Ciudad de México durante el Porfiriato. Los primeros reglamentos en la materia, dijo, se hicieron unos años antes de ese periodo.

Su investigación se divide en una introducción dedicada a las ideas liberales y la concepción de ciudadanía, seguridad y modernidad de la época, y capítulos dedicados a la visión del uniformado a partir de la propia institución policiaca, y la imagen que la sociedad tenía de esa agrupación, entre otros temas.

En su trabajo, la joven encontró que, desde sus inicios, ese guardián tuvo problemas estructurales, que se observan hasta la actualidad, como la falta de selección especializada del personal, de entrenamiento y salarios bajos. “Se trata de una figura que la colectividad necesita y pide, y que al mismo tiempo, rechaza y hasta agrede”.

La investigación se basó en fuentes hemerográficas. Castillo Garza recurrió a los acervos de los archivos General de la Nación e Histórico de la Ciudad de México, y aunque no ha concluido el trabajo, asesorado por Elisa Speckman Guerra, del Instituto de Investigaciones Históricas, consideró que se trata de un punto de partida para el estudio de esa institución.

En cuanto al premio, expresó que haber ganado representa una satisfacción: “es la síntesis de lo trabajado en la carrera, de la formación que recibí en la Universidad”.

Ernesto Abraham Chimal Escamilla, egresado de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), fue reconocido por El concepto del ciudadano definido por el liberalismo mexicano de 1812 a 1872.

La investigación inicia en 1812, cuando entró en vigor la Constitución de Cádiz –que incluye esa nueva figura política–, y hasta 1872, con la conclusión del periodo de la República Restaurada, donde se establecieron algunos fundamentos que se seguirían para consolidar las funciones, deberes y derechos políticos y jurídicos del ciudadano en el México contemporáneo.

“A partir de una reconstrucción histórico-política y social del Estado en esos años, buscó los fundamentos, apoyados en prácticas sociales concretas, que sostuvieron la idea de ciudadano en diversos periodos, como el Segundo Imperio”, relató.

La idea del ciudadano se perfila como aquel a quien se brinda la oportunidad y derecho de elegir a sus gobernantes, pero quedan de lado cuestiones como su participación real dentro de la función pública o la vigilancia de lo jurídico, lo que “se ha olvidado en el discurso político mexicano”, añadió.

Asesorado por Teresa Ordorika, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, consideró que este premio es un aliciente para continuar con sus estudios y su carrera de investigación, que apenas inicia.

En tanto, Laura Nalleli Martínez Breña, egresada de la Facultad de Derecho (FD), se abocó al tema de El inculpado en México. Dos siglos de evolución constitucional 1810-2010, porque hay mucho que decir del sistema penal y “desde el ángulo del inculpado, adquiere un toque más interesante”, señaló.

Mediante la relación entre el Estado y el inculpado, es posible saber qué tan democrático o autoritario puede ser el primero. “Las constituciones han dado garantías al individuo para nivelar esa relación, y estudiarlas, permite ver el desarrollo de la justicia en el país”, consideró.

Laura Nalleli hizo una revisión histórica, donde detectó el avance del sistema penal constitucional, pero también los puntos o temas que han provocado un retroceso.

Un ejemplo es la delincuencia organizada y la inseguridad que se vive hoy, y que han provocado que el Estado y la propia sociedad consideren que es necesaria la revisión del sistema y la creación de uno de excepción.

En torno al inculpado, ha habido una gran evolución. Hace dos siglos, se veía como un enemigo social y no tenía tantos derechos como ahora. En las constituciones de 1812 y hasta 1824, se reconocían algunos, como contar con un defensor o la facultad de audiencia, pero no podía saber de qué se le culpaba.

En la de 1857, el tema se reforzó, y para 1917, se contó con un catálogo amplio de derechos fundamentales que reconocen y fortalecen al sistema penal constitucional.

Asesorada por el jurista Sergio García Ramírez, consideró que es importante que existan convocatorias que impulsen la investigación, el conocimiento y nuevas perspectivas de estudio, como la de este certamen. “Haber ganado es una satisfacción, un gran reto y una responsabilidad como universitaria”.

Érica Mora Garduño, egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la FCPyS, fue reconocida por el proyecto La Suprema Corte de Justicia de la Nación y su papel ante las decisiones de los otros poderes de la Unión. Estudio de caso de su sentencia sobre la Ley de Medios.

Como reportera del periódico Excélsior, cubriendo las actividades de la Suprema Corte, conoció el caso. “Había detectado la problemática de una legislación que no es vigente y adecuada para los medios de comunicación. Creí que desde ahí se podía hacer una propuesta al respecto”.

La hipótesis central de la investigación es que, en 2007, cuando la SCJN decide declarar inconstitucionales las reformas que se habían aprobado por la legislatura, se mostró la independencia que el Poder Judicial tiene ante el Ejecutivo y el Legislativo. Aunque, consideró, esa instancia necesita ser reforzada y darle más herramientas para que se fortalezca.

En torno a la Ley, expuso que todavía es necesario discutir temas como las concesiones: “se debe abrir espacio a otras opciones comunicativas. Hay que proteger los derechos e intereses de los ciudadanos comunes para tener información plural y diversa”.

Para la futura investigadora, que contó con la guía de la académica Fátima Fernández Christlieb, es un gran orgullo haber ganado el certamen, sobre todo por ser egresada de la UNAM.

Galardonados en maestría y doctorado
En la categoría de maestría, resultó triunfadora Diana Irina Córdoba Ramírez, del área de Historia en la FFyL. Decidió estudiar el tema Entre el celo católico y la conducta anticlerical: mujeres adjudicatarias en la Ciudad de México, 1856-1858.

“Creí pertinente inscribir mi proyecto porque la desamortización de la propiedad civil y eclesiástica en el siglo XIX, es un tema en el que convergen la historia jurídica y política, la económica y la de las mujeres”, señaló.

En su trabajo, reflexiona sobre la capacidad contractual del género femenino y la evolución del concepto de la propiedad en el siglo XIX. Luego, analiza las características de la Ley del 25 de junio de 1856 ó Ley Lerdo y describe quiénes eran las mujeres que adjudicaron propiedades civiles y eclesiásticas.

También, advierte si las adjudicaciones fueron una excepción para ellas o la coyuntura de la reforma sólo les permitió ampliar su participación en la dinámica económica de la ciudad, en qué campos invirtieron en otros momentos y, si una vez que triunfó el partido liberal, reclamaron ante tribunales la propiedad de los bienes que se habían otorgado.

Su investigación, que contó con la asesoría de Elisa Speckman, proporciona una perspectiva para construir una historia más completa de la mujer, la familia, el género, la propiedad, la economía y la sociedad en el siglo XIX, consideró Diana.

Ser ganadora en este concurso nacional representa el orgullo de poner en alto el nombre de la Universidad, y la importancia de los estudios humanísticos, muchas veces despreciados y criticados. “Es también un estímulo para seguir formándome como historiadora, para plantearme preguntas, para disfrutar la posibilidad de hacer lo que me apasiona”.

Por último, en la categoría del doctorado, el ganador fue Alberto Abad Suárez Silva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el trabajo La participación de la sociedad civil organizada y los medios de comunicación masiva en la interpretación constitucional de derechos fundamentales de la SCJN.

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