- El avance en este rubro se determina, en buena
medida, por la ratificación de acuerdos internacionales,
señaló José Ordóñez Cifuentes,
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional
- La UNAM y otras instituciones de educación
superior del país están interesadas en propiciar
la generación de marcos jurídicos, dijo Juan Mario
Pérez Martínez, coordinador de Proyectos del PUMC
Aunque desde hace 20 años en México se
habla de la constitucionalidad de los derechos de los pueblos
originarios, aún continúa como una asignatura pendiente,
afirmó José Ordóñez Cifuentes, del
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).
Al participar en la sesión del Seminario-Taller
Deliberativo Hacia la ley de pueblos originarios del Distrito
Federal, Consulta Universitaria, aclaró que un avance
en este rubro está determinado, en buena medida, por la
ratificación de acuerdos internacionales.
Es un deber de los estados consultar a esas comunidades,
y si se pretende respeto a principios conexos de la libre determinación,
marcado en el derecho internacional y en la Constitución
Mexicana, es condición trascendente la consulta universitaria
que se pretende hacer en torno a ese tema.
Este seminario es un punto de partida, porque buscó
informar y ser deliberativo, lograr la participación de
universitarios, indígenas y otros sectores de la sociedad
civil.
Al inaugurar el evento, Héctor Fix-Fierro, director
del IIJ, destacó que esta actividad la desarrolló
la entidad a su cargo en colaboración con la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y el Consejo
de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal.
A su vez, Juan Mario Pérez Martínez, coordinador
de Proyectos del Programa Universitario México Nación
Multicultural (PUMC), aseveró que la Universidad Nacional
y otras instituciones de educación superior del país
están interesadas no sólo en estudiar a los pueblos
originarios, sino también en propiciar la generación
de marcos jurídicos.
Por su parte, Fabiola Poblano Ramos, presidenta del Consejo
de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, consideró
un reto que la UNAM, la UAM y la UACM hayan abierto sus puertas
a esta consulta universitaria y, a partir de ella, elaborar propuestas
desde el conocimiento, la investigación y la planeación
que se hace en las aulas.
Contar con una ley que reconozca la existencia, la naturaleza
jurídica y los derechos plenos de los pueblos originarios
de la Ciudad de México sería una buena forma de
conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario
de la Revolución Mexicana, subrayó.
“Queremos ser sujetos de derecho, no sólo
objetos de estudio; por ello, se impulsó esta consulta
universitaria; solamente haciendo confluir a la sociedad, a las
universidades, a los pueblos y a quienes hacen las leyes, podremos
crear una mejor ley para este sector”, añadió.
No pretendemos un estatuto inoperante, cuyo contenido
llame más a la discriminación que a la inclusión.
Deseamos que se proyecte la riqueza misma de estas comunidades,
sus espacios de actividad y cultura, concluyó.
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