12:30  hrs. 21 de junio de 2009

  

Boletín UNAM-DGCS-370

Ciudad Universitaria

 

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CRISIS DE EMPLEO EN AL MENOS 35 CIUDADES DEL PAÍS

 

 

Producto de la crisis económica, 35 ciudades del país que concentran el 62.59 por ciento de la población total y casi la totalidad de la riqueza nacional, alcanzaron niveles de desocupación cercanos al cinco por ciento en el primer trimestre de este año, redujeron la demanda de bienes y servicios, cerraron empresas y registraron una caída de la inversión y el crédito al consumo.

 

De acuerdo con la encuesta La respuesta de las ciudades mexicanas frente a la crisis, elaborada por Manuel Perló, Fernando Paredes y Armando González, investigadores de la UNAM, en los lugares analizados y cuya capacidad de respuesta frente a la crisis ha sido limitada, se reportaron también afectaciones en el sector inmobiliario y agropecuario, reducción del turismo y disminución en la recepción de remesas provenientes del exterior.

 

El sondeo se aplicó del 12 de marzo al 8 de abril a los secretarios de Desarrollo Económico de 90 metrópolis del país que concentran a más de 65 millones de habitantes, pero sólo 35 respondieron. Destaca que las urbes con alto impacto negativo por la crisis y vinculadas al comercio exterior son: Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez, Chihuahua, Nogales, Ciudad Acuña, Hermosillo y San Luis Potosí.

 

El documento, elaborado por Manuel Perló del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Fernando Paredes y Armando González, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, advierte que en algunas ciudades encuestadas, la tasa de desocupación llegó a ubicarse en 6.13 por ciento en el primer trimestre del año.

 

Los impactos negativos, explicaron los investigadores de la Universidad Nacional, han propiciado un descenso en los rankings internacionales de las mejores metrópolis para invertir, como fue el caso de Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Chihuahua, Tijuana y la Ciudad de México.

 

Ante este panorama, los académicos recomendaron elaborar y aplicar un programa de proyectos en infraestructura urbana para el siglo XXI, que permita ser el eje anticíclico de largo plazo; formular un programa nacional urbano, incluyente y flexible frente a la crisis; ampliar el margen de acción de los gobiernos locales; revisar la Ley de Coordinación Fiscal y redefinir el gasto público y la promoción de subsidios.

 

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