Boletín UNAM-DGCS-046
LIMITADA AÚN
A pesar de las
reformas impulsadas en los últimos años y de los avances registrados, la
legislación electoral en México en materia de financiamiento continúa limitada
y con lagunas, consideraron académicos de la Universidad Nacional.
En el país, la reglamentación electoral es insuficiente
en torno al uso de recursos ajenos al aporte legalmente reconocido, dijo el
integrante del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Álvaro Arreola
Ayala.
El financiamiento público aún es elevado y
existen mecanismos para que grandes grupos, sobre todo empresariales,
contribuyan sin supervisión a las campañas de los candidatos; por ello, la
transparencia es uno de los problemas más graves, subrayó.
Por su parte, la
integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), María del Pilar
Hernández Martínez, señaló que en el país persisten lagunas en la legislación;
se trata de tareas coyunturales e históricas pendientes, pues los problemas que
hubo en 1993 no fueron los mismos de 1996, o los del 2001.
A pesar de ello, en la
legislación existen avances, como el replanteamiento de la fórmula para la
asignación del financiamiento público. Además, un adelanto en la letra, en el
que los partidos políticos estuvieron de acuerdo; sin embargo, es una reforma
que estará sometida a un examen final, en la contienda política de este 2009,
acotó.
En la actualidad, hay
otros problemas como la probable circulación de dinero sucio en las campañas.
Por ello, abundó, deberían establecerse altos estándares de especialización en
la auditoría y la fiscalización de los recursos partidarios, tanto de los
órganos federales dependientes del IFE, como de los locales.
Se trata de todo un
conjunto, en el que se permite un umbral de votación bajo para mantener el
registro de los partidos; así, añadió, organizaciones pequeñas pueden ir a la
contienda en aras del pluralismo ideológico, condición que también daña al
sistema partidario.
Es necesario un nuevo
análisis para determinar hacia dónde se quiere transitar: si acotar el sistema
partidario, o seguir jugando a los partidos satélites que, eventualmente,
obtienen un registro y luego se van, opinó.
Así, en la medida en
que los órganos del Estado cuiden la profesionalización de sus cuerpos
técnicos, habrá pulcritud en el desempeño de tareas delicadas como la
fiscalización, que tiene que ver con quién, cómo y cuánto ingresa y se gasta,
particularmente en campañas electorales.
Cuando se tengan
garantías de estabilidad, y no sean sólo cuotas partidarias en las
instituciones electorales administrativas, como jurisdiccionales, se podrá
transitar a una actividad más técnica”, explicó la especialista.
Se estima que en el
presente año las fuerzas políticas nacionales gastarán más de tres mil 780
millones de pesos para financiar sus campañas; un promedio de 10 millones 356
mil pesos diarios.
Por otro lado, entre
el 2000 y 2008, han existido en el país 16 partidos políticos nacionales, que
han recibido un financiamiento público por 25 mil 923.75 millones de pesos. Sin
embargo, en este periodo sólo ocho han mantenido su representación en el
Congreso de la Unión.
El estigma del fraude, desde 1910
Desde que Madero
perdió por fraude electoral los comicios a la presidencia en 1910 –relató
Arreola Ayala–, se mantiene ese estigma; es decir, en casi 100 años no ha ocurrido un proceso,
federal o estatal, que sea plenamente transparente, en condiciones de igualdad
y de equidad.
No obstante, apuntó,
el problema no son los recursos utilizados, sino que los gobernados se sientan
representados por el ganador, y quienes compitieron reconozcan que fueron
derrotados.
Los candados que hay en la legislación en la
materia, estableció, no son adecuados, y nunca lo serán. Es un problema
histórico, porque los partidos políticos nunca permitirán que los fiscalicen a
la profundidad requerida.
Además, ya no desean órganos ciudadanizados en
los institutos electorales y piden sean partidistas.
Por ello, el proceso de ciudadanización sólo
duró siete años, de 1996 a 2003; desde entonces, los institutos electorales, el
federal y los locales, se volvieron partidistas, concluyó.
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Foto 01.
En México, la reglamentación electoral es limitada en
cuanto al uso de recursos ajenos al aporte legalmente reconocido, señaló Álvaro
Arreola, del IIS de la UNAM.
Foto 02
María del Pilar Hernández, del IIJ de la UNAM,
consideró necesario determinar hacia dónde se quiere transitar: si acotar el
sistema partidario o seguir jugando a los partidos satélites.