13:00 hrs. 23 de Enero de 2009

  

Boletín UNAM-DGCS-046

Ciudad Universitaria

 

 

 

 

LIMITADA AÚN LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS

 

  • Es elevado y el uso de los recursos sigue siendo un problema grave, señaló Álvaro Arreola, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
  • En casi 100 años, en México no ha habido un proceso electoral, federal o estatal, plenamente transparente, en condiciones de igualdad y equidad, dijo
  • Persisten lagunas en la legislación, subrayó la integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, María del Pilar Hernández

 

A pesar de las reformas impulsadas en los últimos años y de los avances registrados, la legislación electoral en México en materia de financiamiento continúa limitada y con lagunas, consideraron académicos de la Universidad Nacional.

 

En el país, la reglamentación electoral es insuficiente en torno al uso de recursos ajenos al aporte legalmente reconocido, dijo el integrante del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Álvaro Arreola Ayala.

 

El financiamiento público aún es elevado y existen mecanismos para que grandes grupos, sobre todo empresariales, contribuyan sin supervisión a las campañas de los candidatos; por ello, la transparencia es uno de los problemas más graves, subrayó.

 

 

Por su parte, la integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), María del Pilar Hernández Martínez, señaló que en el país persisten lagunas en la legislación; se trata de tareas coyunturales e históricas pendientes, pues los problemas que hubo en 1993 no fueron los mismos de 1996, o los del 2001.

 

A pesar de ello, en la legislación existen avances, como el replanteamiento de la fórmula para la asignación del financiamiento público. Además, un adelanto en la letra, en el que los partidos políticos estuvieron de acuerdo; sin embargo, es una reforma que estará sometida a un examen final, en la contienda política de este 2009, acotó.

 

En la actualidad, hay otros problemas como la probable circulación de dinero sucio en las campañas. Por ello, abundó, deberían establecerse altos estándares de especialización en la auditoría y la fiscalización de los recursos partidarios, tanto de los órganos federales dependientes del IFE, como de los locales.

 

Se trata de todo un conjunto, en el que se permite un umbral de votación bajo para mantener el registro de los partidos; así, añadió, organizaciones pequeñas pueden ir a la contienda en aras del pluralismo ideológico, condición que también daña al sistema partidario.

 

Es necesario un nuevo análisis para determinar hacia dónde se quiere transitar: si acotar el sistema partidario, o seguir jugando a los partidos satélites que, eventualmente, obtienen un registro y luego se van, opinó.

 

Así, en la medida en que los órganos del Estado cuiden la profesionalización de sus cuerpos técnicos, habrá pulcritud en el desempeño de tareas delicadas como la fiscalización, que tiene que ver con quién, cómo y cuánto ingresa y se gasta, particularmente en campañas electorales.

 

Cuando se tengan garantías de estabilidad, y no sean sólo cuotas partidarias en las instituciones electorales administrativas, como jurisdiccionales, se podrá transitar a una actividad más técnica”, explicó la especialista.

 

 

Se estima que en el presente año las fuerzas políticas nacionales gastarán más de tres mil 780 millones de pesos para financiar sus campañas; un promedio de 10 millones 356 mil pesos diarios.

 

Por otro lado, entre el 2000 y 2008, han existido en el país 16 partidos políticos nacionales, que han recibido un financiamiento público por 25 mil 923.75 millones de pesos. Sin embargo, en este periodo sólo ocho han mantenido su representación en el Congreso de la Unión.

 

El estigma del fraude, desde 1910

Desde que Madero perdió por fraude electoral los comicios a la presidencia en 1910 –relató Arreola Ayala–, se mantiene ese estigma; es decir, en casi 100 años no ha ocurrido un proceso, federal o estatal, que sea plenamente transparente, en condiciones de igualdad y de equidad.

 

No obstante, apuntó, el problema no son los recursos utilizados, sino que los gobernados se sientan representados por el ganador, y quienes compitieron reconozcan que fueron derrotados.

 

Los candados que hay en la legislación en la materia, estableció, no son adecuados, y nunca lo serán. Es un problema histórico, porque los partidos políticos nunca permitirán que los fiscalicen a la profundidad requerida.

 

Además, ya no desean órganos ciudadanizados en los institutos electorales y piden sean partidistas.

 

Por ello, el proceso de ciudadanización sólo duró siete años, de 1996 a 2003; desde entonces, los institutos electorales, el federal y los locales, se volvieron partidistas, concluyó.

 

 

-o0o-

 

Foto 01.

 

En México, la reglamentación electoral es limitada en cuanto al uso de recursos ajenos al aporte legalmente reconocido, señaló Álvaro Arreola, del IIS de la UNAM.

 

 

Foto 02

 

María del Pilar Hernández, del IIJ de la UNAM, consideró necesario determinar hacia dónde se quiere transitar: si acotar el sistema partidario o seguir jugando a los partidos satélites.