Boletín
UNAM-DGCS-149
Ciudad Universitaria
 Ernesto Villanueva |
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final del boletín
BRINDA MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA
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Reconocieron los participantes en el Seminario Transparencia: ¿Qué reforma?, organizado
por
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Ante las reformas en materia de
acceso a la información pública en el país, impulsadas desde el 2002, “el hecho
de que la información esté en documentos brinda mayor seguridad jurídica”, coincidieron
los participantes en el Seminario Transparencia: ¿Qué reforma?, que se
llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de
En el encuentro, organizado por
esa entidad, en colaboración con las comisiones de Puntos Constitucionales y de
Algunos apartados de
El hecho de que México sea un
Estado democrático de derecho, en desarrollo y en proceso de formación, hace
que muchas de las actuaciones que, de acuerdo al principio de legalidad,
deberían estar fundadas y motivadas, y por tanto, expresadas en un documento, aunque
a veces no lo estén.
En el aula de seminarios Dr. Guillermo F. Margadant
del IIJ, Villanueva comentó que
No obstante, recalcó, hay
algunos puntos preocupantes, como el tiempo de reserva, que establece un lapso
de doce años para proporcionar cierto tipo de datos, susceptibles de ser
prorrogados al infinito, siempre y cuando haya causas que lo justifiquen.
Es indispensable que la
sociedad, y en particular los legisladores, tomen en cuenta los intereses del
pueblo de México. No obstante, habrá que ver si efectivamente el país está
preparado para más información o no, o por el contrario se ha ido demasiado
lejos y se tiene que ajustar a información que no sea frívola, sino acotada o
restringida.
Por su parte, Agustín Millán
Gómez, comisionado del Instituto de Acceso a
Todo acto de autoridad debe
estar revestido de fundamentación y motivación, lo
que da una presunción de legalidad y, por tanto, de certeza jurídica a las
respuestas que sean otorgadas a las solicitudes planteadas en forma de
preguntas.
Para ello, se deben establecer
mecanismos que impidan que el desconocimiento de un lenguaje técnico
burocrático para requerir una determinada información, contenida en un
documento en específico, anule este derecho.
El comisionado del INFODF,
refirió que atender en la mayor medida de lo posible lo solicitado, incluye la
obligación de dar orientación en caso de que la petición sea “imprecisa” o que
existan contenidos relacionados, similares o análogos a lo pretendido.
“Se trata de minimizar los
efectos perjudiciales del hecho de que la ciudadanía en general no sea experta
en aspectos administrativos o en formalismos técnicos, que siempre se ven de
manera generalizada en las respuestas que dan las autoridades gubernamentales
en cualquier parte del país”, indicó.
A su vez, María de
“Al ciudadano le interesa que
se le contesten las preguntas básicas del quehacer del servidor público y
gubernamental, como qué hace, cómo lo hace, con qué medios y para qué lo hace.
La autoridad debe tener documentado todo lo que se realiza, no sólo lo que se
refiere al resultado del ejercicio de sus atribuciones”, concluyó.
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María de
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