18:45  hrs. 15 de Marzo de 2007

  

Boletín UNAM-DGCS-158

Ciudad Universitaria

Pie de fotos al final del boletín

 

REQUIERE TRANSFORMACIONES DE FONDO EL SISTEMA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO

 

·        Afirmó en la UNAM Moisés Moreno, presidente de la AMCP

·        Para Juan Vega, del IIJ, el tema de la justicia penal y justicia para adolescentes adquiere importancia sin precedentes en el derecho mexicano

·        Debemos aspirar a que los primeros defensores de los derechos humanos sean los servidores públicos: Emilio Álvarez Icaza, presidente de la CDHDF

·        La Universidad Nacional y la AMCP organizaron el Foro Justicia penal y justicia para adolescentes

 

Pese a las múltiples reformas en materia penal impulsadas en los últimos años, el sistema de justicia y seguridad pública en México requiere de transformaciones a fondo, reconoció en la UNAM Moisés Moreno Hernández, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales (AMCP).

 

Al inaugurar el Foro Justicia penal y justicia para adolescentes, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y esa Academia, consideró necesario buscar otras alternativas para mejorar la calidad de la justicia penal en el país.

 

Comentó que es fundamental hacer una revisión integral de la legislación penal existente y desde ahí preguntarse cuál es la función que le corresponde, y cuáles son las razones que el legislador tiene para tipificar conductas o crear tipos penales.

 

Insistió en que al impulsar las reformas, sólo se ha respondido a las exigencias que se van planteando en la realidad, y la única solución es tipificar conductas, crear nuevas figuras delictivas o aumentar las penas.

 

Sin embargo, llegará el momento en que los códigos penales serán instrumentos sumamente abultados, inmanejables y que las instituciones del sistema de justicia, como las procuradurías y los juzgados, estarán incapacitados para atender todos los problemas en este ámbito.

 

En el auditorio Héctor Fix-Zamudio del IIJ, señaló que hoy podemos hablar de una expansión enorme del sistema penal, por la gran cantidad de figuras delictivas en esa rama del derecho.

 

Al dar la bienvenida a los participantes, Juan Vega Gómez, secretario académico del IIJ, subrayó que el tema de la justicia penal y para adolescentes adquiere una importancia sin precedentes en el derecho mexicano, dadas las inquietudes que se tienen para llevar a cabo modificaciones en el ámbito nacional.

 

En la primera mesa del Foro, Derecho penal sustantivo, Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, comentó que se debe aspirar a que los primeros promotores y defensores de los derechos humanos sean los servidores públicos.

 

Indicó que es deseable que “como hoy concebimos a los organismos públicos de derechos humanos, en el futuro se transformen y tengan una labor más educativa, y no de defensa”. Es lamentable que se tengan que construir organismos públicos para defenderse del Estado.

 

Es indispensable entender el papel del funcionario como representante gubernamental. Sin embargo, esta entidad es la que viola los derechos humanos; los particulares sólo cometen faltas o realizan delitos.

 

Hay que crear mecanismos y procedimientos internos que a través de su revisión generen la no repetición de los delitos, y la reparación del daño puede ser una de las formas más eficaces para hacer ese trabajo, propuso.

 

“Hoy día el respeto a los derechos humanos se está convirtiendo en un principio básico de la civilidad democrática. Pero también hay que entender que su respeto se ha transformado en un indicador de la gestión de gobierno”, apuntó.

 

En su turno, Rodolfo Félix Cárdenas, procurador de Justicia del Distrito Federal, señaló que la procuración de justicia en la Ciudad de México no atraviesa por los mejores momentos; “quizá estemos en los niveles más bajos de aceptación por parte de los habitantes”.

 

Sostuvo que ello tiene diversas causas, algunas sumamente profundas y arraigadas y que se deben atender mayormente para vencerlas, como la falta de compromiso del personal de la institución.

 

Por otro lado, la corrupción de la Procuraduría llegó a un estado alarmante. La estructura funcional de la PJDF ha conllevado a que esto sea posible, dado que la normatividad que la rige permite muchos escollos y posibilidades de que los asuntos o los litigios que se llevan sean detenidos en ciertos espacios, con lo cual se generan situaciones de corrupción.

 

Informó que a 100 días de haber tomado el cargo, el número de personas puestas a disposición del ministerio público pasó de 9 mil 204 a 33 mil 847 en relación al sexenio anterior; es decir, se incrementó 267.7 por ciento.

 

Asimismo, los mandamientos judiciales encargados a la Policía Judicial, encaminados a aprehensión se incrementaron 50.4 por ciento, al pasar de 726 a mil 92 y las reaprehensiones de 336 a 407.

 

Por último, Rafael Márquez Piñero, investigador del IIJ, comentó que “sin duda la obtención de la justicia es un problema a solucionar en la vida comunitaria en el proceso social. Pero trascendiendo de este plano, nos encontramos con la necesidad de una aplicación correcta del derecho, como un estadío superior del conocimiento y del impacto en la vida colectiva”, concluyó.

 

En el foro participaron, entre otros, Olga Islas, Sergio García Ramírez, Mónica González y Enrique Díaz Aranda, del IIJ; así como Ruth Villanueva Castilleja, Luis Rodríguez, Carlos Tornero y Sergio Correa, de la AMCP.

–o0o–

 

 

FOTO 01.

Juan Vega Gómez, secretario académico del IIJ, durante la inauguración del Foro Justicia penal y justicia para adolescentes, organizado por esa entidad de la UNAM y la AMCP.

 

FOTO 02

Rodolfo Félix Cárdenas, titular de la PGJDF, durante su participación en el  Foro Justicia penal y justicia para adolescentes, en la UNAM. Le acompañan Emilio Álvarez Icaza y Raúl González.